El Comité de Asignaciones del Senado de Estados Unidos decidió levantar las restricciones a la asistencia militar a Indonesia, pese a que el país no avanzó en el respeto a los derechos humanos.
El Comité se hizo eco de los argumentos del Pentágono (ministerio de Defensa) según los cuales la ayuda de los militares indonesios en la guerra contra el terrorismo lanzada por el presidente George W. Bush tiene prioridad sobre el tratamiento de Indonesia a los derechos humanos.
Podemos brindar la capacitación necesaria para que ellos eviten algunas de las cosas que nos sucedieron a nosotros, arguyó el jueves el senador del gobernante Partido Republicano, Ted Stevens.
Stevens encabezó junto a su par del opositor Partido Demócrata Daniel Inouye la campaña para eliminar las condiciones impuestas al entrenamiento militar al ejército de Indonesia del proyecto de ley sobre asistencia externa para el año próximo.
La votación del comité senaturial constituye un gran paso atrás, dijo Mike Jendrzejczyk, experto en Indonesia de la organización Human Rights Watch (HRW).
Las organizaciones de derechos humanos esperan que el Senado y la Cámara de Representantes mantengan al menos algunas de estas condiciones cuando traten el proyecto.
Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo, fue un aliado primordial de Estados Unidos durante la guerra fría.
Pero los vínculos militares se enfriaron a causa de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el ejército indonesio en Timor Oriental, territorio que Jakarta invadió en 1975 con el visto bueno de Washington.
El gobierno de Bill Clinton (1993-2001) cortó definitivamente la asistencia en 1999, cuando milicias organizadas y armadas por la dictadura de Jakarta devastaron la ex colonia portuguesa después que sus habitantes votaron por la independencia en un referendo respaldado por la Organización de las Naciones Unidas.
Timor Oriental se convirtió en nación independiente en mayo, luego de casi cinco siglos de sometimiento a distintos poderes extranjeros.
El Congreso legislativo de Estados Unidos sancionó leyes que pusieron varias condiciones a la reanudación de la ayuda militar y la venta de armas a Jakarta.
Estas son el enjuiciamiento de los responsables de las matanzas en Timor Oriental, la liberación de los presos políticos, el acceso de organizaciones internacionales a zonas de conflicto, como la noroccidental Aceh y Papúa Occidental, y el control civil sobre las actividades, empresas y presupuesto militares.
Pese a que el dictador Ali Suharto abandonó el poder en 1998, varios informes, entre otros del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, sostienen que Indonesia no avanzó en el cumplimiento de estas condiciones.
Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington, funcionarios estadounidenses, en especial el subsecretario de Defensa Paul Wolfowitz comenzaron a promover el alivio de esas condiciones, esgrimiendo evidencias de que la red Al Qaeda había recaudado dinero y reclutado militantes en Indonesia.
Militares estadounidenses reanudaron los encuentros de alto nivel con sus pares indonesios y retomaron la venta de armas no letales.
Es desafortunado que Estados Unidos no tenga vinculos militares con Indonesia, dijo en mayo el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld.
Sin embargo, el Congreso archivó el mes pasado una propuesta para financiar este año una nueva unidad indonesia de comando y control que actuaría como fuerza de paz en conflictos étnicos y religiosos en varias partes del país.
Pero el Pentágono continuó su ofensiva. Los senadores del Comité de Asignaciones recibieron el jueves cartas de Rumsfeld y del secretario de Estado, Colin Powell, respaldando el reingreso de Indonesia al programa de Capacitación y Educación Militar Internacional (IMET, por sus siglas en inglés).
El IMET destina 80 millones de dólares al año para el entrenamiento de militares de más de 100 países, e Indonesia posiblemente recibiría sólo medio millón de dólares. Se trata de un programa menor, pero que funciona como un sello de aprobación para los estados y efectivos participantes.
Durante el debate del jueves, Inouye y Stevens admitieron que el dinero y la capacitación del programa son limitados, pero reincorporar a Indonesia permitiría la buena disposición de sus Fuerzas Armadas a cooperar con Washington.
Inouye alertó sobre la amenaza del movimiento insurgente Abu Sayyaf en el sur de Filipinas, donde Washington ha desplegado varios cientos de efectivos de sus fuerzas de operaciones especiales para entrenar a soldados filipinos.
Pero activistas de los derechos humanos creen que la restauración de los vínculos con el ejército indonesio puede resultar contraproducente.
El comité (de Asignaciones) abandonó la justicia para Timor Oriental, los derechos humanos y las vidas de miles de indonesios, y una política que habría estimulado la reforma genuina y la democratización en Indonesia, dijo el activista John Miller, director de la Red de Acción de Timor Oriental, con sede en Nueva York.
En nombre de la guerra contra el terrorismo, (los senadores) parecen respaldar el terrorismo del ejército contra el pueblo indonesio, agregó Miller. (FIN/IPS/tra-en/jl/ml/lp/dcl/ip hd/02
