El Comité de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos aprobó este martes el principal tratado internacional sobre derechos de las mujeres, firmado hace 23 años y al que el gobierno de George W. Bush opone resistencia.
La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ya ratificada por 170 países, deberá ser apoyado por 67 de los 100 senadores, y su debate en los próximos meses tendrá inevitables consecuencias en el resultado de las elecciones legislativas de noviembre.
Organizaciones conservadoras católicas y de la denominada derecha cristiana, que figuran entre los principales bastiones del Partido Republicano, se oponen a la norma internacional, que, afirman, debilita la institución familiar y socava la soberanía estadounidense.
Pero dos legisladores del Partido Republicano, al que pertenece Bush, votaron en el Comité de Relaciones Internacionales del Senado a favor de la convención.
El tratado internacional fue elevado al plenario del Senado para su ratificación por 12 votos a siete. Una votación en la cámara alta antes de las elecciones legislativas de noviembre podría tener grandes consecuencias.
Bush logró mayor apoyo del electorado femenino luego de los atentados del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington, pero si la mayoría de los senadores republicanos votan contra la convención muchas mujeres podrían inclinarse el Partido Demócrata en las elecciones de noviembre.
Por eso, los republicanos pueden obstaculizar la votación del tratado en el Senado cuando se reanuden en septiembre las sesiones luego del receso veraniego, pronosticaron analistas.
El gobierno podría, simplemente, dejar que el reloj corra y esperar hasta despues de noviembre, dijo la directora del no gubernamental Comité de Abogados para los Derechos Humanos, Elisa Massimino, quien aplaudió la votación de este martes.
El presidente del Comité de Relaciones Internacionales del Senado, Joseph Biden, dijo este martes que los votos alcanzan no sólo para ratificar la convención sino para derrotar todos los obstáculos formales que los republicanos puedan interponer para retrasar la votación.
La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer fue aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1979 y firmada en 1980 por el entonces presidente estadounidense Jimmy Carter (1977-1981).
El tratado obliga a todos los países a asegurar la equidad entre hombres y mujeres en materia política, educativa, legal, laboral y en el matrimonio, la salud y el acceso al crédito.
La Convención también establece un Comité de 23 expertos elegidos por los países que la ratificaron con la finalidad de supervisar su implementación y efectuar recomendaciones a los estados y a la ONU.
Estados Unidos, Mónaco y San Marino son los únicos países de Occidente que no ratificaron el tratado. Casi todos los otros países en la misma situación tienen gobiernos islámicos conservadores, entre ellos Irán, Omán, Qatar, Siria, Sudán y Somalia.
Carter, del Partido Demócrata, envió la convención al Senado para su ratificación en noviembre de 1980, el mismo mes en que fue derrotado en las elecciones presidenciales por el republicano Ronald Reagan (1981-1989).
Tanto Reagan como su sucesor George Bush (1989-1993), padre del actual presidente, se negaron a insistir ante la cámara alta para que diera su aprobación final al tratado.
En junio de 1993, el entonces presidente Bill Clinton (1993- 2001) se comprometió a impulsar la ratificación. El tratado fue aprobado en septiembre de 1994 por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado por 13 a cinco votos.
Pero el Partido Republicano obtuvo ese mismo año una abrumadora mayoría en las elecciones legislativas e impidió la ratificación de la convención. Los demócratas recuperaron el control del Senado sólo en 2001, y el senador Biden volvió entonces a promover la convención.
Nueve Congresos legislativos estaduales y unas 166 organizaciones respaldan la convención, entre ellas la Asociación de Abogados Estadounidenses, el Comité Judío Estadounidense, la Asociación de Enfermeros, el Consejo Nacional de Iglesias de Cristo, la Organización Nacional para la Mujer y la Asociación Cristiana de Jóvenes.
Representantes de unas 90 organizaciones acudieron a la votación de este martes en el Comité de Relaciones Internacionales del Senado. Hoy celebramos una victoria para las mujeres, dijo la presidenta de la Fundación para la Mayoría Feminista, Eleanor Smeal.
Entre las organizaciones opuestas a la convención figuran algunas asociadas a republicanos de derecha, como el Foro Eagle y el Consejo de Investigación para la Familia, a la derecha cristiana, como Mujeres Interesadas en Estados Unidos.
También figuran organizaciones católicas, entre ellas los Caballeros de Colón y Mujeres por la Fe y la Familia.
Estas organizaciones afirman que, si el Senado ratifica el tratado, Estados Unidos fortalecerá al comité de expertos creado por la convención que, a su vez, presionará por cambios en la legislación estadounidense contra el aborto y la prostitución y promoverá la homosexualidad y la androginia.
Los opositores a la convención mencionan en ese sentido las recomendaciones del comité de expertos a China de despenalizar la prostitución y a Irlanda para legalizar el aborto. Sin embargo, el comité sólo puede hacer recomendaciones a los países.
La Convención constituiría una gran interferencia en las leyes estadounidenses y en nuestro equilibrio de poderes. Disminuiría los derechos y beneficios que disfrutan las mujeres estadounidenses y otorgaría a los entrometidos burócratas del mundo potestades extraordinarias sobre la legislación, sostuvo esta semana el Foro Eagle.
El gobierno de Bush manifestó a comienzos de año su intención de impulsar la ratificación del tratado, pero luego pareció cambiar de rumbo.
A mediados de julio, el secretario de Estado (canciller) Colin Powell envió una carta a Biden informándole que el gobierno había solicitado una revisión de la convención al Departamento (ministerio) de Justicia.
El fiscal general y secretario (ministro) de Justicia, John Ashcroft, está identificado con las organizaciones de derecha que se oponen a la convención.
En una declaración de esta semana, Ashcroft sostuvo que aún está revisando el tratado, y se hizo eco de las quejas de la derecha cristiana según las cuales el comité de expertos presentó posiciones contrarias a la legislación y a la sensibilidad estadounidense.
Biden destacó este martes que, si Estados Unidos ratifica la Convención, podrá influir en las recomendaciones y los puntos de vista del Comité. (FIN/IPS/tra-en/jl/lp/mj/ip hd/02
