Una ambientalista estadounidense fue deportada este jueves de Ecuador, tras ser detenida el martes junto a siete ecuatorianos cuando protestaban contra la construcción de un oleoducto en la Amazonia.
La ecologista, Julia Butterfly (Mariposa) Hill, fue trasladada sin previo aviso desde el Centro de Detención Provisional, donde estaba arrestada, al aeropuerto de Quito. Dos horas después, se dispuso la libertad de los otros detenidos.
He pasado una larga y cansada jornada en la prisión ecuatoriana, y no me sorprendí al escuchar en la audiencia de deportación que el consorcio OCP Limited envió una carta a la policía para presionar por mi deportación, dijo Hill.
También afirmó que el procedimiento fue ilegal y no se tuvieron en cuenta los derechos de los detenidos. Pero su preocupación mayor es la violación de los derechos de las comunidades devastadas por la explotación petrolera, puntualizó.
El oleoducto de crudos pesados (OCP), contra el que se manifestaban los ambientalistas, tiene una extensión de 540 kilómetros y transportará petróleo desde la Amazonia hasta la costa del océano Pacífico.
Los activistas fueron detenidos por la policía cuando realizaban una concentración frente a las oficinas de la compañía Occidental Petroleum, integrante del consorcio OCP Limited, constructor del oleoducto.
Fuimos atacados a golpes por la policía de migración, y aunque algunos compañeros y compañeras lograron correr, otros fueron metidos a empujones en los autos, aseguró Ricardo Buitrón, de la organización ambientalista Acción Ecológica.
No se me dijo de qué se me acusa, no me fueron leídos ni una sola vez mis derechos. Sólo me mostraron un papel escrito en español, pero me negaron la asistencia del traductor, declaró Hill.
Soy deportada por llevar mi solidaridad a los bosques de Ecuador y a las comunidades que defienden sus tierras y sus derechos básicos, agregó.
Hill, reconocida por su defensa de los bosques, aseguró por teléfono desde Panamá, donde permaneció en tránsito durante el viaje de regreso a Estados Unidos, que su intención en Quito era hacer conocer a Occidental Petroleum su rechazo de una obra que no cumple normas ambientales.
Varios campesinos fueron detenidos este jueves en la nororiental provincia de Sucumbíos cuando exigían indemnización por el uso de sus propiedades en el trayecto del oleoducto.
Desde comienzo de este año, ambientalistas de distintos países se han movilizado para protestar contra el oleoducto.
Fuerzas especiales de la policía detuvieron en marzo a 17 integrantes de Greenpeace y de Acción Ecológica que, para impedir la obra, se habían encadenado a árboles del bosque Mindo-Nambillo, 50 kilómetros al noroeste de Quito, un área protegida.
También en mayor fueron detenidos algunos ambientalistas y propietarios de tierras del mismo bosque por obstruir el paso del OCP.
Los activistas mostraron a la prensa las escrituras de propiedad de un terreno de 840 hectáreas por donde estaba previsto el tendido del oleoducto, y exigieron que se retire la maquinaria del lugar.
Pero el consorcio OCP Limited adujo tener derecho de vía otorgado por el gobierno, para construir en terrenos de propiedad privada.
En junio, ecologistas, diputados y periodistas llegados de Italia ocuparon en Quito las oficinas de la petrolera italiana Agip Oil, en protesta por su participación en el oleoducto.
El presidente ecuatoriano Gustavo Noboa ha acusado a Acción Ecológica de obstruir un proyecto que, según el gobierno, aportará importantes beneficios económicos al país.
Noboa advirtió en mayo de 2001 que lucharía contra los ecologistas trinchera por trinchera si éstos seguían actuando contra la obra.
Antes sabíamos como se llamaban. Sabíamos que era (la) extrema izquierda, ahora se llaman verdes, ecologistas, dijo el presidente. En su opinión, la obra es resistida sólo por cuatro majaderos.
Mientras, Greenpeace se moviliza en Alemania para evitar que el Westdeutsche Landesbank (WestLB) libre un crédito de 900 millones de dólares para financiar el OCP en Ecuador.
El gobierno del occidental estado de Renania del Norte- Westfalia, propietario de 43 por ciento de las acciones del WestLB, postergó el financiamiento hasta comprobar los efectos ambientales de la construcción del oleoducto.
Representantes de OCP Limited, integrado por la transnacional canadiense Alberta Energy, la italiana Agip Oil, la española Repsol-YPF, las estadounidenses Kerr McGee y Occidental Petroleum y la empresa argentina Techint, aseguraron que el proyecto cumplía normas ambientales estipuladas por el Banco Mundial.
Sin embargo, el Banco Mundial contradijo esa versión. En un comunicado emitido en diciembre de 2001 afirmó que la obra no sigue sus reglas en materia ambiental. (FIN/IPS/kl/ff/en/02
