Compañías multinacionales señaladas por prácticas de corrupción en Estados Unidos pueden estar cometiendo operaciones similares, y a mayor escala, en países en desarrollo.
Inversores, accionistas, el gobierno de Estados Unidos y economistas de todo el mundo aún no se han sobrepuesto de los fraudes cometidos por altos ejecutivos de las transnacionales Enron, de energía, y WorldCom, de telecomunicaciones.
Las acusaciones de mal manejo llegaron, incluso, al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, relativas a sus años como director de una empresa petrolera.
Washington y sus aliados del Norte industrial se concentraron en el impacto de los escándalos en la confianza de los inversores del mundo rico, pero el movimiento antiglobalización advirtió que las consecuencias de la corrupción puede ser mucho peor en la economía de los países en desarrollo.
Muchas compañías transnacionales operan con gran libertad en las naciones pobres, protegidas por condiciones impuestas a los gobiernos por instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, así como por la presión de países del Norte.
Los escándalos de Enron y WorldCom son apenas síntomas del modo en que las compañías hacen negocios sin que se las llame a responsabilidad, dijo la investigadora Nadia Martínez, del Instituto de Estudios Políticos, organización académica con sede en Washington.
Esto es aun peor en el mundo en desarrollo, agregó. Cuando esos casos se conocen en Estados Unidos, todos se escandalizan, pero en realidad esto ha sucedido en el mundo en desarrollo por décadas, en muchos casos con apoyo de gobiernos del Norte y con respaldo del dinero de los contribuyentes, sostuvo Martínez.
La organización no gubernamental internacional Corpwatch, que vigila las actividades de las empresas, afirmó que las transnacionales violan en muchas ocasiones leyes internacionales, entre ellas sociales y ambientales, haciendo uso de una flagrante corrupción.
La corrupción es uno de los niveles en que estas compañías se introducen, con mucha arrogancia, en un país y actúan como si lo poseyeran. Hacen con él lo que quieren. Pueden sobornar a políticos, contratar fuerzas privadas de seguridad o sobornar a policías, sostuvo la editora del sitio en Internet Corpwatch.org, Julie Light.
A comienzos de mes, el diario The Wall Street Journal informó sobre el soborno cometido por la empresa de energía estadounidense AES a un funcionario de Uganda para asegurarse la aprobación de la represa de Bujagali, en el río Nilo, un proyecto de 550 millones de dólares.
Martínez dijo que Enron, una firma hoy en bancarrota que fraguó sus balances, continúa operando en todo el mundo y aún procura financiamiento público para sus proyectos internacionales.
Enron posee 25 por ciento de la compañía Transredes, que gestiona un préstamo de 125 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para expandir un gasoducto en Bolivia. Se prevé que el BID tome una decisión sobre el crédito en septiembre.
Martínez dijo que los bienes de Enron en América Latina incluyen participación en un oleoducto en Colombia, compañías de gas y de electricidad en Brasil y en Venezuela y otras operaciones en Guatemala, Panamá y Puerto Rico.
Instituciones públicas como el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones suministraron unos 7.000 millones de dólares en financiamiento a Enron.
WorldCom, acusada de fraguar sus libros contables para figurar con beneficios por 3.800 millones de dólares, también tiene presencia en el mundo en desarrollo. La firma tiene intereses en telefonía tradicional a redes avanzadas en América Latina, Asia- Pacífico, Europa y Africa.
Los países pobres tienen cada vez menos controles sobre esas operaciones, en parte por los reiterados llamados del FMI a desregular en las últimas dos décadas.
El FMI, la Organización Mundial de Comercio y el Banco Mundial le han dicho al Tercer Mundo 'confíen en el mercado, desregulen, saquen al gobierno del camino, saquen los dientes de las agencias regulatorias, dejen a las corporaciones administrar las agencias del gobierno, privaticemos', dijo Kevin Danaher, de la organización no gubernamental Global Exchange.
Fue un paquete completo, explicó. Los países pobres carecen de defensa ante las grandes corporaciones, algunas de las cuales tienen presupuestos mayores que muchas naciones pobres combinadas, agregó Danaher.
Si estas corporaciones pueden destruir la economía estadounidense, dominar el gobierno y quebrarlo en su propio interés, ¿qué harán en Bolivia, Chad o Níger?, se preguntó Danaher.
Los activistas atribuyen responsabilidad a la relación entre política y negocios. Varios altos funcionarios del gobierno de Bush fueron ejecutivos de las compañías cuestionadas, entre ellos el propio presidente y el vicepresidente Dick Cheney. (FIN/IPS/tra- eng/em/mj/if ip/02
