La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a Trinidad y Tobago pagar 50.000 dólares a la familia de Joey Ramiah, un hombre procesado por homicidio múltiple que fue ejecutado mientras apelaba su sentencia de muerte.
El tribunal, que oyó los casos de 32 condenados a muerte en este país del Caribe, determinó que las autoridades nacionales cometieron varias violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluso al derecho a la vida y a un juicio justo y sin demora.
Así mismo, determinó que el Estado violó el derecho del condenado al acceso a los tribunales, a condiciones de prisión humanas, y a solicitar el perdón o la conmutación de su sentencia.
La decisión sólo fue difundida en Trinidad y Tobago esta semana, aunque la Corte la tomó el 21 de junio. El gobierno de Patrick Manning no realizó comentarios al respecto.
A raíz de las infracciones cometidas en Trinidad, la CIDH recomendó que las autoridades se abstengan de ejecutar a los restantes condenados, todos los cuales perdieron su apelación.
Además, ordenó al gobierno pagar a la viuda de Ramiah el mantenimiento y la educación de su hijo, y compensar con 10.000 dólares a la madre de Ramiah, por haber ejecutado a su hijo mientras tenía una petición pendiente ante un tribunal.
Ramiah fue uno de nueve personas ejecutadas en 1999 por el asesinato de cuatro miembros de una familia de una aldea rural. Al momento de su ejecución, tenía pendientes apelaciones por otros dos asesinatos, según la Corte.
Desde entonces, no se realizaron más ejecuciones en Trinidad y Tobago, y los reos que se encuentran en el corredor de la muerte presentaron solicitudes a la CIDH y otros organismos internacionales para demorar su ejecución.
La Corte también ordenó al Estado pagar 13.000 dólares a cada uno de los representantes legales de los 32 peticionantes por su trabajo de presentar los casos ante el tribunal.
En 1999, la administración de Basdeo Panday había retirado a este país de la CIDH, un organismo de la Organización de Estados Americanos, tras acusarla de ignorar el interés público y los derechos de las víctimas de los crímenes, pero ese retiro unilateral no tuvo valor para el tribunal.
Panday también retiró a Trinidad y Tobago de otros organismos internacionales de derechos humanos alegando que consideraban casos ya decididos por el Consejo Privado, el tribunal de apelaciones para algunos países miembros de la Commonwealth (Comunidad Británica de Naciones).
Esos organismos no tienen competencia para derogar decisiones de la Corte de Apelaciones y del Consejo Privado, arguyó entonces el fiscal general Ramesh Lawrence Maharaj.
Los grupos de derechos humanos que promueven solicitudes de los condenados sólo se preocupan por salvar la vida de éstos, sin tener el cuenta los derechos de las víctimas ni el interés público, dijo Maharaj al parlamento.
Por su parte, la CIDH criticó las leyes sobre pena capital en Trinidad y Tobago y las condiciones carcelarias, y recomendó la modificación de la Ley de Delitos contra las Personas para que incluya distintas categorías de homicidios.
Al menos dos abogados trinitarios testificaron ante la Corte. Uno de ellos fue Gregory Delzin, quien declaró el lunes a la prensa que la decisión del tribunal demuestra que el Estado no ha adaptado las leyes a los cambios internacionales.
En el año 2002 juzgamos crímenes según una ley de 1925, mientras Inglaterra y varios miembros de la Commonwealth actualizaron sus leyes, observó Delzin.
El gobierno deberá informar a la CIDH en seis meses sobre las medidas adoptadas para aplicar la decisión judicial.
La Corte de cinco miembros anunció que considerará el asunto cerrado una vez que el gobierno haya cumplido con todos los términos de la sentencia. (FIN/IPS/tra-en/pir/ml/mlm/hd/02
