El comando conjunto de la Fuerza Armada de Perú condecoró a 12 oficiales del ejército sobre los que pesa una orden de detención por la muerte de ocho insurgentes, que al parecer fueron capturados con vida.
La condecoración efectuada el miércoles abarcó a todos los oficiales y suboficiales que participaron el 22 de abril de 1997 en el rescate de los rehenes secuestrados desde diciembre de 1996, por el rebelde Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, en la sede de la embajada de Japón.
Doce de dichos oficiales, entre ellos tres generales, fueron acusados por la justicia por la presunta ejecución de secuestradores que se habían rendido.
Los cuerpos de elite que ingresaron a la sede diplomática en el operativo dieron muerte a todos los insurgentes, aunque según el testimonio de un rehén, varios estaban vivos al momento de la rendición.
A la ceremonia, realizada en la sede del comando conjunto de la Fuerza Armada, asistió el ministro de Defensa Aurelio Loret de Mola, así como varios rehenes rescatados en el cuestionado operativo, como el canciller del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), Francisco Tudela, y otros ex funcionarios del régimen.
Loret de Mola sostuvo que no considera la condecoración como un enfrentamiento con el Poder Judicial sino como un adecuado homenaje de la Fuerza Armada a sus héroes.
El 11 de mayo, el fiscal Richard Saavedra solicitó la detención preventiva de los 12 oficiales a los que acusa de homicidio calificado, pedido que fue acogido por la jueza Cecilia Polak.
Pero los militares se mantienen acuartelados, según sus abogados, en espera a que se dirima la contienda entablada por la justicia castrense, que se declaró competente para juzgar los hechos ocurridos, en su opinión, en una acción militar.
La condecoración no fue únicamente un desagravio a oficiales encausados ante el Poder Judicial, fue también un acto político institucional, opinó el sociólogo Raúl González, experto en asuntos militares e insurgencia de la Universidad Católica.
A su juicio, se trata del primer acto público con connotación política efectuado por los altos mandos militares desde junio de 2000, cuando se adelantaron al Jurado Nacional de Elecciones para reconocer el supuesto triunfo del ex presidente Fujimori, destituido en noviembre de ese año.
Desde entonces los militares mantuvieron silencio pese a que más de 400 jefes y oficiales pasaron a retiro en una discreta reforma de las Fuerzas Armadas.
Esas purgas formaron parte del desmantelamiento de la estructura de poder de Fujimori, iniciado durante el gobierno provisional de Agustín Paniagua y continuado por el ahora presidente Alejandro Toledo.
Además, añadió González, unos 80 jefes militares fueron acusados de corrupción y están en prisión, bajo arresto domiciliario o sin destino.
El testimonio en que se apoya el resistido proceso es del diplomático japonés Hidetaro Ogura, uno de los rehenes de 1997, quien aseveró haber visto con vida a varios de los secuestradores, cuyos cadáveres fueron exhibidos por los militares como muertos en combate.
Luego de la ceremonia del miércoles, el presidente del comando conjunto de la Fuerza Armada consideró un despropósito el juicio y se mostró confiado en que la justicia militar anule la acusación de unas cuantas personas que con calculador comportamiento pretender echar lodo a la exitosa operación.
Por otra parte, la justicia militar abrió esta semana otra contienda de competencia reclamando a un tribunal penal de Lima que se inhiba de juzgar a tres acusados cometer un atentado, el pasado 20 de marzo, frente a la embajada de Estados Unidos.
Según el juez militar Livio Campos los actos terroristas constituyen delitos de traición a la patria, según leyes promulgadas durante el gobierno de Fujimori y aún vigentes, y por tanto deben ser tratados por la justicia castrense. (FIN/IPS/al/dcl/ip/02
