El gobierno de Nepal se niega a confirmar o desmentir la muerte de un periodista y activista maoísta que había sido detenido, mientras grupos de defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos protestan por las restricciones a las libertades civiles en este reino del Himalaya.
Varios medios de prensa publicaron informes detallados sobre la supuesta muerte de Krishna Sen bajo custodia de las fuerzas de seguridad luego de su arresto el 20 de junio, lo que provocó recriminaciones al gobierno de Sher Bahadur Deuba.
Deuba prometió explicar la situación en pocos días, pero todavía no lo ha hecho.
Esto es totalmente inaceptable, expresó Taranath Dahal, presidente de la Federación de Periodistas Nepaleses.
La negativa del gobierno a proveer información clara sobre el destino de Sen indica que no le preocupa el deterioro de la situación de los derechos humanos en este país, manifestó Shanker Shrestha, secretario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La controversia por el destino de Sen comenzó hace poco más de una semana, cuando un periódico de izquierda publicó un informe sobre su supuesta muerte mientras se encontraba detenido por fuerzas de seguridad.
Sen, editor de publicaciones maoístas y líder de ese movimiento guerrillero, fue detenido en mayo de este año en virtud de las leyes de emergencia vigentes en Nepal.
Los maoístas luchan contra el gobierno desde hace seis años con el objetivo de derrocar a la monarquía y establecer un estado republicano. La administración de Deuba los declaró grupo terrorista.
Las leyes de emergencia impuestas el pasado noviembre tienen por finalidad aplastar la rebelión, pero también suspendieron derechos básicos de todos los ciudadanos.
La muerte de Sen no hubiera llamado demasiado la atención pública de no ser porque el gobierno manejó con torpeza el asunto.
Acosado por la prensa, el Ministerio del Interior pasó la cuestión al Ministerio de Defensa, que luego se la devolvió. Ambos organismos sostienen que Sen no era su responsabilidad y que no saben nada de su paradero.
Este silencio es peligroso, dijo al semanario Nepali Times el secretario general de la Federación de Periodistas Nepaleses, Bishnu Nisthuri. La Federación ha intentado sin éxito reunirse con el Ministerio del Interior.
Es claro que el gobierno esconde algo, opinó Yuvaraj Ghimire, jefe de redacción del diario Kantipur.
Si Sen fue asesinado, ya de por sí es una grave violación a los derechos humanos, pero si hubo connivencia política, es motivo de mayor preocupación aún, declaró.
Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos se basan en el caso de Sen para atacar la actuación del gobierno en los ocho meses de vigencia de las normas de emergencia.
Según estimaciones no oficiales, casi 2.500 personas murieron desde la entrada en vigor de esas leyes, y centenas están desaparecidas.
Además, más de 100 periodistas fueron detenidos en el mismo período y más de 30 están bajo custodia policial, de acuerdo con informes locales.
La situación de los derechos humanos en Nepal se deteriora día a día. Tanto las fuerzas de seguridad como los grupos maoístas cometen graves abusos, afirmó Sudip Pathak, presidente de la Organización de Derechos Humanos de Nepal.
Tales abusos fueron documentados por organizaciones como Amnistía Internacional, que publicó un informe sobre Nepal en su último informe anual, publicado en junio.
Los grupos de activistas están especialmente preocupados por los encuentros, término empleado para referirse a las capturas y ejecuciones extrajudiciales de rebeldes maoístas.
Paradójicamente, la sospecha fue alentada por los comunicados de prensa diarios del Ministerio de Defensa, que hablan de muerte de rebeldes en encuentros, sin dar más detalles.
Mientras, los habitantes de distritos occidentales, donde el ejército y los rebeldes están trabados en lucha, tienen temor de ambas partes.
Los civiles están atrapados en el medio, observó Dipak Thapa, un analista de seguridad que recientemente visitó los distritos occidentales de Rolpa y Rukum.
Los maoístas los acusan de informantes, y las fuerzas de seguridad los acusan de ser simpatizantes de los maoístas, por lo tanto tienen que huir a otros distritos para salvar su vida, explicó.
Entre tanto, el gobierno rechaza todos los cargos de violaciones a los derechos humanos.
El primer ministro Deuba declaró a IPS este año que había ordenado a las fuerzas de seguridad tener extremo cuidado en sus operaciones antimaoístas.
Si algún civil sale herido, castigaremos al responsable luego de realizar las investigaciones correspondientes, advirtió.
Sin embargo, hasta ahora ningún miembro de las fuerzas de seguridad fue sometido a investigación, pese a las numerosas denuncias presentadas por familiares de víctimas y grupos de derechos humanos.
Muchos de esos grupos temen que en el caso de Sen, el gobierno tampoco tome ninguna medida para sacar la verdad a luz.
Las fuerzas de seguridad deben tratar a los sospechosos de acuerdo con la ley, exhortó un grupo de unos 250 ciudadanos en una petición al gobierno publicada el miércoles.
La muerte de un sospechoso bajo custodia, cualquiera sea el motivo, sólo crea más desconfianza hacia el gobierno, señaló el grupo. (FIN/IPS/tra-en/sp/js/mlm/hd/02
