El respeto internacional de los derechos sociales, económicos y culturales logró un gran avance con un fallo del máximo órgano judicial intergubernamental de Africa, que ordenó a Nigeria pagar compensaciones al pueblo ogoni, afirmaron expertos.
La Comisión Africana de Derechos Humanos de la Organización para la Unidad Africana (OUA) impuso al gobierno nigeriano un resarcimiento al pueblo ogoni por abusos cometidos por fuerzas de seguridad y empresas petroleras en perjuicio de su tierra, su ambiente, sus viviendas y su salud.
El fallo de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de la OUA fue aplaudido por organizaciones de derechos humanos, pues constituye un reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los ogoni extensible a otras comunidades y a personas de todo el mundo.
A pesar de que, según convenciones internacionales, los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, los de naturaleza social, cultural y económica son considerados por los países occidentales como de menor categoría que los políticos y civiles, según expertos.
Esta posición, advierten, prevaleció tradicionalmente, hasta hace pocos años, en organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
En la mayoría de los primeros 50 años de vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948, los derechos económicos, sociales y económicos fueron totalmente ignorados por gobiernos y por organizaciones no gubernamentales, sostuvo el experto de la estadounidense Fundación Ford Larry Cox.
El fallo de la Comisión Africana es la declaración más fuerte y articulada emitida por organismo intergubernamental alguno sobre la validez de los derechos económicos y sociales, dijo a IPS el director de la organización que presentó la demanda, el nigeriano Centro de Acciones para los Derechos Económicos y Sociales (SERAC), Félix Morka.
Se trata de la primera sentencia de la Comisión Africana que atiende específicamente violaciones de derechos económicos, sociales y culturales, dijo Morka.
El hecho de que se trate de un organismo designado por los gobiernos africanos significa que se integrará, sin duda, a la jurisprudencia internacional sobre derechos económicos y sociales, dijo el experto en asuntos nigerianos de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, Bronwen Manby.
Además de la compensación económica, la Comisión de nueve miembros ordenó al gobierno nigeriano implementar una completa limpieza de tierras y ríos dañados por operaciones petroleras y a asegurarse de que el impacto social y ambiental de futuros proyectos petroleros no perjudique a la población.
La demanda fue iniciada por SERAC en 1996, luego de la ejecución en noviembre de 1995 de nueve dirigentes del Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP), entre los que figuraba el célebre escritor Ken Saro-wiwa.
El MOSOP y Saro-wiwa lanzaron una campaña mundial para difundir la situación de los ogoni, una minoría radicada en el delta del río Níger, rico en petróleo. Las tierras ogoni fueron contaminadas durante años por operaciones de la compañía angloholandesa Shell y por la Compañía Nacional de Petróleo de Nigeria.
Las protestas de los ogoni fueron objeto de represión militar. Los soldados, por orden del gobierno, solían matar a familias enteras, saquear sus viviendas e incendiar sus propiedades.
Luego de las ejecuciones de 1995, Shell se convirtió en blanco de un boicot internacional, mientras varios países occidentales cortaron sus vínculos diplomáticos con Nigeria o disponían otras sanciones, la mayoría de las cuales sólo fueron levantadas cuando se restauró la democracia en 1999.
Al margen de una presentación que confirmó las principales acusaciones de SERAC, el gobierno democrático de Olasegun Obasanjo no participó en el caso.
El fallo de 14 páginas fue entregado al gobierno de Nigeria a comienzos de junio, pero no recibió gran publicidad. Por su parte, las autoridades no difundieron ninguna declaración oficial al respecto.
La sentencia afirma que el gobierno violó siete artículos de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, convenio del que Nigeria es parte.
Nigeria violó los derechos a disfrutar el mejor estado asequible de salud mental y física, a un ambiente general satisfactorio para el desarrollo de la población, a disponer libremente de la riqueza y de sus recursos naturales y a una compensación adecuada cuando son privados de esos recursos.
También figuran en la sentencia los derechos de propiedad, al techo y a la comida.
Los gobiernos deben proteger activamente esos derechos, incluso contra amenazas privadas. Contradiciendo sus obligaciones, el gobierno de Nigeria dio luz verde a actores privados, y en particular a compañías petroleras, para afectar devastadoramente el bienestar de los ogoni, indica el fallo.
La sentencia enfatiza en varios pasajes la responsabilidad del gobierno en la protección de los derechos de individuos y comunidades de abusos y apropiación indebida a manos de empresas extranjeras, lo cual, afirma, constituye un legado del colonialismo.
Las corporaciones multinacionales pueden ser una fuerza positiva para el desarrollo, si el Estado y las personas involucradas tienen en mente el bien común y los derechos sagrados de individuos y comunidades, indica el fallo.
El veredicto de la Comisión Africana es de particular importancia para aquellos países que sufren violaciones de derechos humanos como consecuencia directa de la acción de las multinacionales, dijo el director del Centro para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales radicado en Nueva york, Roger Normand.
Esto sirve como precedente no sólo para Africa, sino para llamar a los gobiernos de todo el mundo a asumir su responsabilidad por graves violaciones de derechos humanos vinculadas con prácticas corporativas abusivas, dijo Normand, cuya organización copatrocinó la demanda en Nigeria. (FIN/IPS/tra- eng/jl/mj/hd/02
