La justicia de Estados Unidos ordenó a dos generales retirados y ex ministros de Defensa de El Salvador a pagar 54,6 millones de dólares a tres salvadoreños torturados por militares en los años 80.
Los generales José Guillermo García y Carlos Eugenio Vides Casanova, ambos radicados desde 1989 en el sudoriental estado de Florida, Estados Unidos, fueron hallados responsables por un jurado federal de la tortura sufrida por sus tres compatriotas, también afincados en este país pero por huir de la represión.
El dictamen recoge la teoría legal de la responsabilidad de comando, principio derivado de los juicios contra los jefes civiles y militares del nazismo alemán y de Japón luego de la segunda guerra mundial (1939-1945), celebrados en la ciudad alemana de Nuremberg.
Este caso deja sentado un importante precedente según el cual el comandante puede ser hallado responsable cuando debería saber que sus subordinados están torturando y matando civiles, dijo el activista Joshua Sondheimer, del Centro para la Justicia y la Responsabilidad (CJA), organización que inició la querella.
También se entiende que, en estos casos, los comandantes dan luz verde para que continúen esos abusos al no hacer nada para detenerlos, agregó.
Es una gran victoria, dijo una de las víctimas, Carlos Mauricio, profesor de la Universidad de El Salvador cuando fue detenido en junio de 1983 y torturado durante casi dos semanas en los cuarteles de la Policía Nacional.
Para impedir la tortura, debemos luchar contra la impunidad, y espero que esto permita la introducción de otras acusaciones contra los responsables de torturas, agregó.
La querella fue presentada al amparo de dos leyes federales, entre ellas la Ley de Reclamos por Daños en el Extranjero, sancionada en 1789, que permite a las víctimas de torturas y de otros abusos en el exterior querellar a los responsables en tribunales federales.
Altos militares de Argentina, Etiopía, Guatemala e Indonesia fueron querellados por decenas de millones de dólares por estas leyes, pero en casi todos los casos huyeron de Estados Unidos antes del juicio.
Este fue uno de los muy pocos casos en que los acusados se presentaron ante el tribunal, dijo el integrante del Comité de Abogados por los Derechos Humanos (LCHR), Ken Hurwitz, quien ayudó a preparar el caso.
LCHR había perdido en octubre de 2000 un caso contra los mismos acusados, esta vez en representación de familiares de cuatro monjas católicas estadounidenses violadas y asesinadas por soldados de la Guardia Nacional en diciembre de 1980, cuando García era ministro y Vides Casanova comandaba la Guardia.
Los acusados declararon que no conocían los incidentes en el tiempo en que ocurrieron y que se esforzaron en controlar y detener los abusos. En aparente rechazo de la responsabilidad de comando esgrimida por los querellantes, el jurado consideró absolvió entonces a los acusados.
El veredicto se sostuvo en esa ocasión en la corte de apelaciones.
El director ejecutivo de LCHR, Michael Posner, dijo luego del veredicto de culpabilidad dictado este martes que encontraba en la declaración judicial cierta justicia poética.
Organizaciones de derechos humanos salvadoreñas e internacionales, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, sostuvieron durante largo tiempo que los escuadrones de la muerte salvadoreños fueron integrados por altos comandantes de las fuerzas armadas.
A esos escuadrones se les atribuyen 800 asesinatos mensuales a fines de los años 70 y comienzos de los 80.
Sucesivos gobiernos salvadoreños y el de Ronald Reagan en Estados Unidos (1980-1988) afirmaron que los escuadrones actuaron con independencia de los militares, y que comandantes como García y Vides Casanova hacían todo lo posible para asegurar que las fuerzas armadas no participaran en esas actividades.
Esta interpretación de los hechos fue repetida en el juicio por los acusados y su por principal abogado, y también por el diplomático retirado estadounidense Edwin Corr, quien consideró a Vides como la persona más responsable de ayudar a mejorar la situación de los derechos humanos en El Salvador luego del fallecido presidente José Napoleón Duarte (1984-1989).
Vides sucedió a García como ministro de Defensa en 1983 y mantuvo el cargo hasta 1986.
Los tres demandantes fueron secuestrados y torturados entre 1979 y 1983.
Neris González era catequista en la central ciudad de San Vicente cuando fue detenida en 1979 y torturada durante dos semanas en un puesto de la Guardia Nacional. Aunque estaba embarazada de ocho meses, fue sometida a choques eléctricos, quemaduras de cigarrillo, inmersiones en agua fría y violaciones múltiples.
Además, se la obligó a presenciar la tortura y el asesinato de otras personas, entre ellas un menor. Su hijo nació con múltiples lesiones y murió dos meses después.
El tercer querellante, Juan Romagoza Arce, era médico en 1980 cuando fue detenido y torturado 22 días en cuarteles de la Guardia Nacional. Sus sesiones de tortura incluyeron choques eléctricos y colgamiento de los dedos.
En una sesión, recibió un disparo en la mano izquierda que lo inhabilitó luego como cirujano. En su testimonio, dijo estar 90 por ciento seguro de que Vides Casanova estuvo presente en dos ocasiones mientras era torturado, pues oyó su voz.
Los tres demandantes llegaron a Estados Unidos en la primera mitad de la década del 80. Mauricio aún está discapacitado a causa de la tortura, y González, que aún padece síndrome de estrés postraumático, es codirectora del proyecto ambientalista Ecovida en un barrio hispano de la septentrional ciudad de Chicago.
Ramagoza es director ejecutivo de La Clínica del Pueblo, que brinda atención médica gratuita y educación a residentes del barrio centroamericano en Washington.
El abogado defensor de los acusados Kurt Klaus dijo a los periodistas que posiblemente apelará el fallo, pues sus clientes carecen del dinero suficiente para pagar lo establecido en la sentencia. (FIN/IPS/tra-en/jl/lp/mj/hd/02
