DERECHOS HUMANOS-EGIPTO: Críticos del gobierno a la cárcel

La condena a prisión a un activista de los derechos civiles en Egipto confirmó que el gobierno de Hosni Mubarak no está dispuesto a tolerar críticas, señalaron organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Saad Eddin Ibrahim, un profesor de sociología egipcio- estadounidense, era director del independiente Centro de Estudios de Desarrollo Ibn Jaldun hasta que éste fue cerrado tras una redada policial en junio de 2000.

Las autoridades acusaron a Ibrahim y a sus colegas de recibir dinero del extranjero sin permiso del gobierno, malversación de fondos y daño a la imagen nacional mediante la publicación de informes sobre discriminación contra grupos cristianos.

Un tribunal de El Cairo halló culpables este lunes a Ibrahim y a otros 18 activistas de todos los cargos que se le imputaban, y condenó a Ibrahim a siete años de prisión y a los otros a penas más leves.

El veredicto confirmó otro emitido en mayo de 2001 por un tribunal de seguridad estatal que fue anulado luego de que una corte de apelaciones descubriera irregularidades en el proceso.

Ibrahim cumplió ocho meses de esa condena y fue liberado en febrero de este año, tras la anulación de la sentencia.

El nuevo juicio se realizó en el Tribunal de Faltas del Sur de El Cairo, y cualquier apelación deberá presentarse nuevamente ante la Corte de Casación.

”El veredicto me sorprendió mucho. No esperaba una sentencia tan dura”, declaró a IPS Hafez Abu Sa'da, secretario general de la Organización Egipcia para los Derechos Humanos.

El cargo de recibir fondos extranjeros sin permiso oficial se basa en un decreto militar de 1992 aprobado para detener la financiación de grupos extremistas islámicos, explicó Sa'da, pero afirmó que ese decreto es inconstitucional y con frecuencia se emplea para silenciar a los activistas.

”Esto no sólo amenaza a Ibrahim, sino a todo el trabajo por los derechos humanos en Egipto”, dijo Sa'da, y agregó que 25 organizaciones están en riesgo.

Ibrahim, de 63 años, planeaba utilizar una donación de 250.000 dólares de la Unión Europea (UE) para supervisar las elecciones parlamentarias de 2000 y aumentar la conciencia de los votantes.

Sus abogados sostienen que el gobierno cerró el Centro Ibn Jaldun y su filial, la Asociación Hoda, que promueve el derecho al voto para la mujer, para impedir que realizaran ese trabajo, y por lo tanto los cargos contra Ibrahim tienen motivaciones políticas.

Ibrahim también fue hallado culpable de defraudar a la UE mediante la presentación de documentos falsos, aunque funcionarios del bloque europeo insistieron en que sus auditorías no revelaron ninguna irregularidad y que estaban satisfechos con el trabajo de Ibrahim.

”Estoy consternado por estas sentencias, y reitero que la Comisión Europea no tiene evidencias de la supuesta falsificación de documentos, que parece haber sido esencial para la fiscalía”, declaró Chris Patten, comisario europeo de Relaciones Exteriores.

Sa'da está especialmente preocupado por el cargo de que Ibrahim propagó ”información falsa” que difamó a Egipto, dado que que ese cargo puede utilizarse contra cualquiera que critique las actividades del gobierno, señaló.

El Centro Ibn Jaldun planeaba producir un filme documental sugiriendo que las elecciones parlamentarias suelen ser arregladas en Egipto.

El guionista, Alí Salem, testificó que la intención de la película era estimular la participación política y que él era el único responsable por su contenido.

”Sólo era un guión y yo soy el único responsable por él, legal, política y artísticamente”, declaró al tribunal. Salem fue detenido por poco tiempo, pero no recibió una acusación formal.

Ibrahim puede apelar la decisión del tribunal, pero sus probabilidad de absolución son mínimas, según sus abogados.

Por ahora, deberá cumplir su pena en la prisión de El-Tora, donde ya pasó ocho meses tras el veredicto de su primer juicio.

”Podría ser una sentencia de muerte”, dado que Ibrahim padece una enfermedad neurológica degenerativa, comentó un estudiante universitario que sigue el caso.

”Así es como se castiga a la gente que critica al gobierno”, concluyó. (FIN/IPS/tra-en/cm/ss/mlm/hd/02

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