El abogado Li Yunlong trabaja hace 18 años contra la pena de muerte en China, donde se llevan a cabo por lo menos cuatro de cada cinco ejecuciones en el mundo, según la organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI).
Li, de 51 años y profesor del Instituto Legal de la Academia de Ciencias Sociales de la central provincia de Jiangxi, actuó como abogado de 16 sentenciados a muerte que pidieron el indulto y tuvo éxito en 12 de casos.
Cuando hablé por primera vez en público contra la pena de muerte, pensaron que estaba loco. Veinte años después, las opiniones sobre el asunto han cambiado, y muchos medios de prensa publican artículos sobre mi trabajo, señaló.
Muchos sospechan que salvé esas vidas mediante sobornos, pero sólo me apoyé en la ley, aseguró durante una visita a Beijing.
Uno de los casos fue el de Xia Liangui, campesino de la aldea de Mugao, en Jiangxi, indultado en 1998 porque Li probó que se le había condenado a muerte por delitos cometidos cuando tenía menos de 18 años, contra la ley, debido a que el tribunal se basó en un documento estudiantil que le asignaba más de esa edad.
Xia fue sentenciado por la violación y asesinato de su novia.
El padre del muchacho viajó toda la noche para visitarme, y todo lo que podía ofrecer por mis servicios legales era una canasta de huevos frescos, que acepté como pago, contó Li.
Presenté su tarjeta de residencia, el único documento legal que cuenta en estos casos, explicó.
La pena de muerte de Xia fue conmutada por una sentencia a prisión perpetua, que había cumplido durante dos años cuando se le redujo a 18 años de cárcel.
El gobierno nunca ha divulgado datos sobre la cantidad de sentencias a muerte y ejecuciones en el país, pero es claro que los indultos logrados por Li son hechos muy inusuales.
Casi nunca he sabido de apelaciones exitosas, dijo a IPS la investigadora Arlette Laduguie, especialista en China que trabaja en la sede londinense de AI.
Esa organización recopila cada año datos sobre ejecuciones en China, que alberga casi un quinto de la población del mundo. En 2001 registró 2.469 ejecuciones, o sea, cerca de 81 por ciento del total mundial de 3.048 en ese año.
Noventa por ciento de las ejecuciones conocidas en 2001 se llevaron a cabo en cuatro países: AI registró información sobre 139 en Irán, 79 en Arabia Saudita y 66 en Estados Unidos.
Pensamos que las cifras en China son aun mayores. Algunos creen que hay unas 50.000 ejecuciones anuales, pero en mi opinión es probable que el promedio anual sea cerca de 10.000, con considerables variaciones según los años, indicó Laduguie.
Activistas señalan que las ejecuciones aumentan durante campañas llamadas Yan Da (Golpear Duro), lanzadas desde mediados de los años 90 por el presidente Jiang Zemin, con la intención declarada de combatir el crimen y la corrupción.
En el curso de esas campañas, el gobierno indica al sistema judicial que debe acelerar los procesos, para cumplir con metas de resolución de crímenes. En ese contexto, las ejecuciones ser llevan a cabo mediante disparos en la nuca de los condenados, a menudo ante multitudes en estadios y otros espacios públicos.
De abril a julio de 2001, durante una Yan Da, se aplicó la pena capital a por lo menos 1.781 personas, más del total de las ejecutadas en todo el mundo en los tres años previsos, según AI.
Li está afiliado al gobernante Partido Comunista desde hace 30 años, pero hace pública su discrepancia con esas campañas, y ha publicado cuatro libros contra la pena de muerte.
Las Yan Da son inaceptables desde el punto de vista jurídico. El objetivo del sistema legal no es acelerar en ciertas ocasiones la ejecución de severas sentencias, sino aplicar a tiempo los castigos adecuados a cada caso, comentó.
La pena de muerte no es una panacea contra el crimen y la corrupción, que aumentan en el país pese a la ejecución de muchas personas en esas campañas, indicó.
Li es considerado uno de los responsables de una reforma del código penal realizada en 1997, que redujo la gama de delitos castigables con sentencias a muerte.
La anterior versión de ese código, aprobada en 1979, tipificaba 430 delitos y permitía aplicar la pena de muerte en 73, de los cuales 28 eran de índole económica.
En los años 80, se ejecutó a personas por robar bienes cuyo valor era unos 3.600 dólares.
Una de esas personas fue un joven defendido sin éxito por Li, a quien se condenó por robar cajas de cigarrillos de una tienda.
Hasta el propietario de la tienda pidió por la vida de ese muchacho, pero todo fue inútil, señaló el abogado.
El reformado código penal no permite condenas a muerte a quienes hurtan bienes de valor inferior a unos 60.000 dólares, y desde su entrada en vigencia, rara vez se ha aplicado la pena capital en casos de robo que involucren sumas menores a unos 360.000 dólares.
Li es partidario de abolir la pena de muerte, pero piensa que falta mucho para que el gobierno y la población comprendan que aplicar ese castigo tiene efecto preventivo.
Se pretende quitar importancia a la muerte de unos pocos, con el argumento de el país tiene más de 1.200 millones de habitantes, pero la población de India es casi 1.000 millones, y ese país ejecuta sólo a cinco o seis personas por año, alegó. (FIN/IPS/tra- eng/ab/js/mp/hd ip/02
