La Corte Suprema de Justicia de Chile decretó este lunes el cierre definitivo del proceso al general Augusto Pinochet en el caso de la caravana de la muerte, con el argumento de que su salud mental le impide al ex dictador ejercer su derecho a la defensa.
Pinochet sigue siendo el criminal que siempre dijimos que era, con la particularidad de que ahora es un criminal loco, comentó después del fallo el abogado Hugo Gutiérrez, uno de los acusadores del ex gobernante de facto de 86 años de edad.
La decisión de la segunda sala del máximo tribunal, tomada por cuatro votos contra uno, significa el sobreseimiento de Pinochet como encubridor del homicidio de 57 prisioneros políticos y del secuestro de 18 en octubre de 1973.
El ex dictador, que gobernó Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, fue acusado formalmente por el juez Juan Guzmán el 29 de enero de 2001, luego de que el 8 de agosto de 2000 la Corte Suprema lo despojara de su imnunidad penal como senador vitalicio.
El fallo de los cuatro jueces que estuvieron por el sobreseimiento (cierre) definitivo del proceso especificó que los problemas mentales de Pinochet no se refieren a su imputabilidad de los delitos de que se le acusa, sino a su incapacidad para defenderse en un debido proceso.
En otras palabras, el dictamen no declaró a Pinochet inocente de los crímenes cometidos por la caravana de la muerte, una misión especial del ejército que el entonces dictador y comandante de esa fuerza militar nombró para agilizar el juicio a presos políticos.
El 9 de julio de 2001, la Corte de Apelaciones de Santiago falló a favor del cierre temporal del encausamiento de Pinochet, con base en controvertidos informes médicos sobre una demencia vascular moderada del ex gobernante.
Ese dictamen anterior dejaba abierta la posibilidad de reabrir el juicio en la medida en que se certificara médicamente una recuperación del estado de salud mental del acusado, posición que mantuvo ahora solamente uno de los cinco jueces de la segunda sala de la Corte Suprema.
Esta sentencia es lamentable, porque esperábamos revertir el sobreseimiento dictado por la Corte de Apelaciones, dijo Viviana Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos.
Sabemos que toda esta supuesta demencia (de Pinochet) es una mentira. No es más que un invento del Hospital Militar y lamentablemente nuestro máximo tribunal ha avalado este invento, comentó el abogado Gutiérrez.
Su estado de salud físico y mental salvó también a comienzos del año 2000 a Pinochet de ser extraditado a España, luego de su arresto en Londres el 16 de octubre de 1998.
El entonces ministro del Interior de Gran Bretaña, Jack Straw, invocó razones humanitarias para liberar al ex dictador, quien pudo regresar a Chile en marzo de 2000, luego de 503 días de arresto domiciliario en clínicas y mansiones londinenses.
La extradición de Pinochet a España había sido solicitada por el juez Baltasar Garzón, quien inició en 1996 la instrucción de un proceso por los crímenes de la Operación Cóndor, que coordinó aparatos represivos del Cono Sur de América Latina en los años 70.
Una vez de regreso en Chile, el ex dictador se encontró con centenares de querellas en su contra investigadas por el juez Guzmán, quien dio prioridad a los crímenes de la caravana de la muerte.
La Corte Suprema puntualizó que el sobreseimiento resuelto no incide en los procesos que el magistrado instruye contra el general retirado Sergio Arellano, jefe delegado por Pinochet de la caravana, y contra otros cuatro oficiales del ejército.
Aún no están claros los efectos que la sentencia de este lunes tendrá sobre las otras querellas y acusaciones contra el ex dictador, aunque lo más probable es que la justicia chilena lo tome como precedente para excluirlo de otros probables procesos.
Sin lugar a dudas este fallo va a ser utilizado por la defensa de Pinochet en otras causas, para que no se siga persiguiendo su responsabilidad penal, indicó Gutiérrez.
Entre las causas pendientes sobre el ex dictador está el proceso que instruye en Argentina la jueza María Servini por el asesinato en septiembre de 1974 en Buenos Aires de un ex comandante en jefe del ejército de Chile, el general Carlos Prats, y de la esposa de éste, Sofía Cuthbert.
Servini estableció que el atentado contra Prats y su esposa fue ordenado por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), policía secreta de la dictadura chilena.
La jueza argentina pidió a la justicia chilena que disponga nuevamente la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Pinochet como senador vitalicio, para poder interrogarlo en relación con el asesinato del general que lo precedió en el mando del ejército.
Sin embargo, ahora queda también en cuestión la condición de parlamentario de Pinochet ya que, como declaró hace un año el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, una persona demente no puede desempeñarse como legislador.
Pinochet juró como senador vitalicio en marzo de 1998, pero en la práctica solo ejerció esa función hasta septiembre de ese mismo año, antes del viaje a Gran Bretaña que lo conduciría a la detención domiciliaria. (FIN/IPS/ggr/ff/hd/02
