La selección de los primeros integrantes de la Corte Penal Internacional (CPI), cuya existencia formal comenzó este lunes, no debe convertirse en objeto de intercambio de favores políticos, alertó este lunes una alianza de más de 1.000 organizaciones de derechos humanos.
Un inadecuado proceso de selección podría poner en riesgo la credibilidad, la autoridad moral y el éxito del tribunal, única instancia internacional permanente para juzgar crímenes de guerra y casos de genocidio, sostuvo el integrante de la Coalición para la Corte Penal Internacional (CICC) William Pace.
Todos los procesos de selección de candidatos a juez han sido bastante escandalosos en el pasado, afirmó Pace. En la mayoría de los casos, las decisiones fueron tomadas a puertas cerradas, ya sea por jefes de Estado o por ministros de Justicia.
Otros tribunales de alcance planetario, la mayoría de cuyos integrantes son de designación política, son la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda, y los que procesan crímenes de guerra y casos de genocidio cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda.
La CICC teme que la tendencia histórica se repita en la selección de los jueces de la CPI.
La Comisión Preparatoria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la CPI, integrada por representantes de los 189 países miembros del foro mundial, comenzó este lunes una reunión de dos semanas para aprobar los candidatos y los procedimientos de elección.
Pero la Asamblea de las Partes del Estatuto de Roma, convención internacional por la cual se creó la CPI, será la encargada de dar la aprobación final a las decisiones de la Comisión Preparatoria en septiembre. En una segunda reunión en enero se elegirá al fiscal y a los 18 jueces.
El estatuto de la CPI, aprobado en Roma en julio de 1998, ha sido firmado por 139 países y ratificado por 75. Entre los países parte de la convención que no la han ratificado figuran China, Estados Unidos e India.
Pace dijo que los futuros integrantes de la CPI, único tribunal mundial permanente que juzgará crímenes de guerra y casos de genocidio, deberían ser elegidos entre expertos que no sólo se caractericen por su integridad moral sino también por sus conocimientos de derecho penal e internacional.
Para la designación de los jueces también se deberá tener cuidado en la representación regional, de género y de la gran variedad de sistemas jurídicos existente hoy en el mundo, agregó el activista.
En las anteriores designaciones, los países solían comprometer sus votos a cambio de cargos en otros organismos internacionales, lo que derivó en cuestionamientos a la competencia de los jueces, sostuvo Pace.
Todo el procedimiento debe seguir los principios de capacidad, imparcialidad y transparencia, ineludibles en cualquier selección basada sobre el mérito, dijo, por su parte, el relator especial de la ONU sobre Independencia de Jueces y Abogados, Param Cumaraswami.
El Estatuto de Roma crea un comité asesor sobre candidaturas, lo cual constituye un medio para lograr ese objetivo, agregó Cumaraswami.
Como ocurre en muchos sistemas legales nacionales, el comité podría recibir las candidaturas y entrevistar, en persona o a través de cuestionarios escritos, a los aspirantes, agregó.
La importancia dada por la comunidad internacional a la creación de la CPI y la confianza que tiene en su capacidad de contribuir al orden y la justicia internacionales subrayan la legitimidad del tribunal y la integridad de su composición, agregó Cumaraswamy.
La selección y designación de los jueces de la CPI debe satisfacer las altas expectativas de la comunidad internacional, agregó.
La activista de CICC Caroline Baudot dijo que su coalición respalda la propuesta suiza de presentar en un sitio en la red informática mundial Internet los currículum vitae de los todos los candidatos, con el fin de asegurar la transparencia.
El número de mujeres escogidas para ocupar puestos a nivel internacional ha sido históricamente bajo y desigual, señaló la una declaración de la Asamblea de Mujeres por la Justicia de Género, integrante de la coalición.
No quedan fuera de esta tendencia los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda, donde el número de juezas ha sido muy escaso.
Estos tribunales han sentado jurisprudencia que reconoce la violación y otros tipos de violencia sexual como formas de genocidio y de tortura.
Parte del mandato de la CPI es la justa representación de las mujeres y de hombres en todos los niveles, afirmó la organización.
No obstante, agrega la declaración, se corre el riesgo de una inadecuada representación de género en el tribunal si la sociedad civil no juega un papel activo en la supervisión del proceso.
Resulta desalentador que no se haya hecho un gran esfuerzo en la designación del fiscal del CPI, la persona más importante del tribunal, dijo Pace.
Según el Estatuto de Roma, el fiscal será elegido independientemente de los 18 jueces. (FIN/IPS/tra- en/td/ml/lp/mj/hd ip/02
