Muchos alcaldes amenazados de muerte por las rebeldes FARC han optado por ejercer sus funciones desde otras localidades, ante el dilema de renunciar o correr el riesgo de mantenerse en sus municipios y convertirse en mártires.
Unos 100 alcaldes abandonaron sus despachos en zonas aisladas para refugiarse en centros urbanos desde mayo, cuando las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) conminaron a renunciar a las autoridades municipales de las sudorientales Huila y Caquetá, amenaza que luego extendieron a 1.092 gobernantes locales del país.
El alcalde de la occidental ciudad de Cali, la tercera más importante del país, Jhon Rodríguez, viajó el miércoles al exterior para poner a salvo a su familia, pero aseguró que no renunciará y sólo se ausentará de su cargo por unos días.
Rodríguez, junto a sus pares de Bogotá, Antanas Mockus, de Medellín (capital de Antioquia), Luis Pérez, y de la septentrional ciudad de Barranquilla, Humberto Caiaffa, lanzaron una campaña de resistencia civil contra los violentos.
Seis funcionarios locales del central departamento de Caldas, expulsados por los guerrilleros de sus localidades, comenzaron el 17 de este mes a ejercer sus funciones en modernas oficinas instaladas en la sede de la gobernación de Manizales, la capital departamental.
Muy distinta es la situación del Hermógenes Obando, de Sotará, en el meridional departamento de Cauca, quien debió abandonar su cómoda oficina para gobernar desde un banco en el parque público de la ciudad de Popayán.
Obando, uno de los 26 funcionarios amenazados en Cauca, comparte su espacio con lustrabotas, vendedores callejeros y fotógrafos y aseguró que seguirá atendiendo a los campesinos de su localidad que hacen el sacrificio de llegar hasta acá en busca de soluciones a sus problemas, mientras su custodia la ejercen policías de turismo.
Otros tres alcaldes del meridional departamento de Nariño — Jairo Rojas, de El Tambo, José Villada, del Peñol, y Cecilia Bravo, de La Cruz— instalaron sus despachos en cafeterías, restaurantes y los bancos del parque de la capital departamental.
En cambio, los 13 alcaldes del septentrional departamento de La Guajira anunciaron el día 15 que estudian la posibilidad de renunciar en masa si el gobierno no les da más garantías de seguridad.
En junio renunciaron 23 funcionarios locales del noroccidental departamento de Antioquia, donde el gobernador Guillermo Gaviria y el consejero de paz Gilberto Echeverry fueron secuestrados por las FARC a principios de este año.
El día 17 la policía desactivó una bomba hallada en el edificio La Alpujarra, sede de la alcaldía de Medellín y de la gobernación de Antioquia.
Entre aquellos que decidieron mantenerse en el cargo y en su despacho se encuentra el alcalde Néstor Ramírez, de San Vicente del Caguán, sede del fallido diálogo entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana.
Ramírez dijo a IPS que su decisión no obedece a la voluntad de llevarle la contraria a la guerrilla de las FARC, sino a que cree que debe cumplir con el mandato popular que lo eligió.
Ramírez, quien visitó Bogotá a mediados de este mes en busca de apoyo gubernamental, sostuvo que es poco lo que puede hacer en su municipio, donde la campaña intimidatoria de las FARC provocó un desbande de funcionarios.
No hay concejales con los que discutir decisiones administrativas ni funcionarios de su despacho, pues abandonaron la localidad por temor a las amenazas.
El vicepresidente y ministro de Defensa, Gustavo Bell, pidió a los alcaldes que se mantengan en sus puestos y llamó a la población a llevar a cabo acciones de resistencia a la guerrilla.
Bell reiteró el compromiso del gobierno de de dar la protección requerida, y sostuvo que renunciar sería hacerle el juego a las FARC, que no deja de ser una minoría violenta.
La ofensiva del principal grupo armado de Colombia sobre los gobiernos municipales está vinculada al traspaso del gobierno de Pastrana al presidente electo Alvaro Uribe, el 7 de agosto, opinó Marco Romero, analista de la estatal Universidad Nacional.
Los alcaldes afrontan la misma situación que sufren los campesinos que desde hace años, están atrapados en una dinámica de guerra civil que los obliga a sumarse a la guerra o irse a la marginalidad en las ciudades, a riesgo de ser asesinados, secuestrados, desaparecidos, dijo Romero a IPS.
En opinión del analista y activista del independiente Paz Colombia, con la presión sobre los alcaldes las FARC pretenden hacer una demostración de fuerza que les dé mayor legitimidad ante el nuevo gobierno.
Aunque esta ofensiva no demuestra que los grupos armados controlen los territorios, pero es evidente que han mostrado capacidad de desestabilización, estimó Romero.
Muchos alcaldes están atemorizados, pues en 180 de los 1.097 municipios no hay fuerza pública que los proteja.
Si rechazan la amenaza rebelde podrían correr la misma suerte del gobernante de Solita, departamento de Caquetá, quien a inicios de junio se convirtió en el octavo alcalde asesinado este año. (FIN/IPS/yf/dcl/ip/02
