El ex dictador Augusto Pinochet renunció este jueves a su cargo de senador vitalicio para acogerse al Estatuto de los Ex Presidentes, que le otorgará un fuero especial con inmunidad penal ante posibles acusaciones por crímenes represivos.
La posibilidad de que el ex gobernante de facto (1973-1990) renunciara a su sillón en el Senado se esperaba desde el lunes, luego que la Corte Suprema de Justicia lo exonerara de modo definitivo del proceso por cargos de encubridor del homicidio de 57 prisioneros políticos y del secuestro de otros 18 en octubre de 1973.
El máximo tribunal fundamentó su decisión en diagnósticos de demencia vascular moderada del ex dictador, que le impedirían ejercer su derecho a la defensa independientemente de su culpabilidad o inocencia en esos crímenes, cometidos por la llamada caravana de la muerte.
El mismo argumento de la Corte Suprema de Justicia para dictar el sobreseimiento (cierre) definitivo del proceso, se comenzó a plantear como una causal de inhabilidad para que Pinochet no recuperara la senaduría vitalicia, de la cual estaba suspendido desde agosto de 2000.
La carta de renuncia de Pinochet fue entregada este jueves por la tarde por el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz, al presidente del Senado, Andrés Zaldívar.
El veterano general de 86 años tomó la decisión en la noche del miércoles, en una reunión con sus familiares, colaboradores más cercanos y su equipo de abogados.
Sus asesores jurídicos le recomendaron acogerse al Estatuto de los ex Presidentes, creado por una ley aprobada en marzo de 2000 y que confiere a los ex mandatarios los mismos fueros que a los legisladores.
Según ese cuerpo legal, un ex presidente no puede ser procesado o privado de su libertad mientras un tribunal no autorice su desafuero o suspensión de inmunidad, en un fallo apelable ante la Corte Suprema de Justicia.
El estatuto otorga igualmente a los ex gobernantes una dieta o remuneración mensual equivalente a la de un ministro de Estado (de unos 2.320 dólares), más asignaciones especiales que correspondan a éstos.
Pinochet creó el cargo de senador vitalicio en la Constitución de 1980 para los ex mandatarios que hubieran ejercido el cargo por lo menos durante seis años, con lo cual discriminó a Patricio Aylwin, primer presidente tras el retorno a la democracia en 1990.
En virtud de un acuerdo político, el mandato de Aylwin se restringió a cuatro años y la creación del estatuto fue fundamentada como un instrumento para hacerle justicia.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos advirtieron que la derecha dio su aprobación a esa medida casi simultáneamente con el regreso de Pinochet de su prolongado arresto en Gran Bretaña, en marzo de 2000, con lo cual se creaba un blindaje adicional para el ex dictador.
Se espera que en los próximos días el ex gobernante formalice su adscripción al estatuto, con lo cual gozará de inmunidad penal ante probables nuevos intentos de enjuiciarlo por crímenes contra los derechos humanos.
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos reprobó el fallo del lunes de la Corte Suprema y anunció que recurrirá a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Justicia, con sede en San José, para conseguir que se procese a Pinochet.
El Colegio de Periodistas, que presentó en 1999 una querella criminal contra Pinochet por asesinatos y desapariciones forzadas de 28 profesionales de la prensa, también renovó sus demandas de enjuiciamiento del ex dictador.
Pinochet asumió como senador vitalicio el 11 de marzo de 1998, al día siguiente de entregar la comandancia en jefe del ejército, que ocupaba desde agosto de 1973.
El ex dictador actuó efectivamente como parlamentario sólo hasta septiembre de 1998, cuando inició una gira por Europa que se vio interrumpida abruptamente el 16 de octubre, con su arresto en Londres por pedido del juez español Baltasar Garzón.
El ministro de la Secretaría General de Gobierno y portavoz presidencial, Heraldo Muñoz, dijo que la renuncia de Pinochet al Senado es una decisión de sentido común, congruente, lógica y necesaria.
Si no hubiese sido así, francamente (continuar de senador) habría sido incongruente con la propia declaración de la Corte Suprema de declarar su sobreseimiento (procesal) sobre la base de problemas de salud mental, agregó Muñoz.
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, comentó que la dimisión de Pinochet interpretó la voluntad nacional y que el hecho no entristeció a nadie.
En cuanto al proceso a la caravana de la muerte, Insulza advirtió que hay otros inculpados que pueden y deben ser procesados.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos, Viviana Díaz, coincidió en que no era congruente con el fallo de la Corte Suprema de Justicia la presencia de Pinochet en el Senado, pero insistió en que debe asumir sus responsabilidades. Para nosotros, él no está loco, dijo.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Mario Garrido, confirmó el dictamen de ese tribunal este jueves por la tarde, poco después de la renuncia del ex dictador al Senado, al declarar inadmisible un recurso contra el fallo presentado por los abogados acusadores en el caso caravana de la muerte.
El senador Ricardo Núñez, presidente del cogobernante Partido Socialista, señaló que era deseable una sentencia de inhabilidad para que Pinochet abandonara el parlamento, pero admitió que su dimisión ha facilitado las cosas.
El almirante retirado Jorge Martínez Busch, senador de la derechista Unión Demócrata Independiente, señaló que la renuncia del ex dictador es un gesto para contribuir a lograr la reconciliación entre los chilenos.
El diputado Guido Girardi, presidente del oficialista Partido Por la Democracia, llamó a su vez a cerrar este episodio y a mirar hacia el futuro.
Debemos dejar atrás el tiempo de Pinochet, que no haya más Pinochet nuevos y construir una patria democrática, justa, tolerante, diversa y respetuosa de la diversidad, dijo Girardi. (FIN/IPS/ggr/dm/hd/02
