Algunas incógnitas que persisten sobre el futuro de las Fuerzas Armadas de Venezuela tras el frustrado golpe de Estado de abril comenzarán a dilucidarse el 5 de julio, día de independencia nacional, cuando tradicionalmente se anuncian los ascensos militares.
El presidente Hugo Chávez, un teniente coronel retirado que en 1992 protagonizó una fallida rebelión militar contra el gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez, se jugará con los ascensos de este año una carta fuerte para su régimen, que vivió una interrupción de dos días en abril.
Chávez estuvo alejado del poder el 12 y el 14 de abril, detenido en instalaciones militares. El alto mando castrense aseguró entonces que el mandatario había renunciado y anunció que respaldaba como presidente provisorio al empresario Pedro Carmona.
Pocas horas antes del golpe, Chávez había afirmado que las Fuerzas Armadas en pleno lo apoyaban. Después, debió suspender por investigaciones a 60 generales, vicealmirantes y contralmirantes, la quinta parte de los oficiales de ese grado.
En las últimas semanas, en tanto, una cadena de vídeos, panfletos y anuncios a la nación, hasta ahora anónimos, prevén un nuevo golpe de Estado para derrocar a Chávez.
El 24 de este mes, en la celebración del día del ejército, Chávez se refirió a aquellos que todavía pudieran estar pensando en que hay que alentar situaciones de violencia y buscar unos militares para arremeter contra las instituciones o contra la Constitución.
En ese mensaje, insistió en sus exhortaciones al diálogo y aseguró contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas.
Quien tome el camino violento conseguirá los rayos de la nube de pie, como están estos muchachos ahí al frente, con sus uniformes de gala, de parada y con sus fusiles al hombro, dispuestos a dar la batalla por Venezuela, recalcó.
Chávez efectuó cambios en su alto mando militar en abril, luego de recuperar el poder, pero se espera que para el 5 de julio, cuando varios de los generales leales a la constitución cumplan la edad de pasar a retiro, ascienda a nuevos oficiales para ocupar los rangos vacantes.
El presidente consideró el problema de la participación de los militares en la política el 21 de este mes con el director para América de la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) Juan Miguel Vivanco.
Ese mismo día, Vivanco dijo a la prensa que los militares, tanto los afectos al gobierno, como los afectos a la oposición, deben mantenerse apartados de la política (y) subordinados al control civil.
Chávez ha asignado a numerosos militares, activos y retirados, posiciones de gobierno tradicionalmente ocupados por civiles, incluso los planes sociales oficiales.
El que un militar sea el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (un enorme complejo de empresas básicas en manos del Estado) no significa que esté haciendo política: está actuando como un ciudadano capacitado para ejercer esa función, argumentó el presidente.
El general Francisco Rangel está al frente de esta corporación, mientras que el capitán retirado Diosdado Cabello es ministro del Interior y antes fue vicepresidente. Su antecesor en la cartera de seguridad interna fue otro capitán retirado, Ramón Rodríguez Chacín.
La dirección de la Comisión de Telecomunicaciones estuvo en manos de Cabello y ahora está a su frente el teniente Jesse Chacón. Mientras, el ministro de Infraestructura está a cargo del general Eliecer Hurtado.
Tanto oficialistas como opositores están colocando un gran peso en la salida militar, sea en una u otra dirección, como respuesta a la crisis política, cuyo fin no termina de vislumbrarse, advirtieron analistas.
El 11 de abril, en el marco de un clima agitado por protestas sindicales y políticas, el alto mando militar destituyó a Chávez — detenido el 12 de abril de madrugada— y apoyó a Carmona, quien pretendió disolver al resto de poderes públicos, incluidos cargos de elección popular como diputados y gobernadores regionales.
Esta acción originó protestas en las filas castrenses. Los denominados uniformados institucionalistas exigieron apego a la Constitución.
Esa presión militar, unida a protestas callejeras, terminaron por devolver a Chávez al poder en la madrugada del 14 de abril. Su regreso, sin embargo, ha estado lejos de poner punto final a la crisis política, coinciden observadores.
El 5 de julio parece una fecha clave para saber si Chávez, que se precia de conocer por dentro al mundo militar por haber sido efectivo durante dos décadas, logró sortear la situación. Para ese día debe estar lista la totalidad de los ascensos en las Fuerzas Armadas.
El golpe de Estado de abril dejó en evidencia una severa fractura dentro de las Fuerzas Armadas. Unos 60 generales y vicealmirantes están bajo investigación y temporalmente fuera de cargos de responsabilidad.
Chávez, quien admitió la fractura interna pero le resta importancia, podría aprovechar la coyuntura para ascender a oficiales que le demostraron lealtad, según analistas.
Mientrs, fuera de los cuarteles, la oposición impulsa un referendo constitucional para recortar el periodo de gobierno de Chávez, que debe concluir en enero de 2007, y convocar a elecciones a fines de este año. Al mismo tiempo, reclama la renuncia inmediata del mandatario, para facilitar la transición.
El protagonismo político de los uniformados en el gobierno de Chávez carece de precedentes desde 1958, cuando cayó la última dictadura militar, encabezada por el general Marcos Pérez Jiménez.
Al llegar al poder, en febrero de 1999, Chávez anunció una estrecha colaboración entre civiles y militares. (FIN/IPS/ac/mj/ip/02
