Abogados sudafricanos reúnen a víctimas de racismo para entablar un juicio colectivo contra los bancos de Suiza y Estados Unidos que violaron las sanciones financieras internacionales contra el régimen del apartheid en Sudáfrica.
Los abogados establecieron una línea telefónica gratuita para que aquellos que se consideran víctimas del apartheid, el régimen de segregación racial que gobernó este país durante la mayor parte del siglo XX, puedan transformarse en demandantes.
Uno de los principales asesores de la parte demandante será Dumisa Ntsebeza, ex integrante de la Comisión Sudafricana de la Verdad y la Reconciliación.
Ed Fagan, un abogado estadounidense que consiguió compensaciones para sobrevivientes del holocausto judío, formará parte del equipo legal. El grupo incluye a juristas, académicos, historiadores, economistas, políticos y religiosos.
Las demandadas serán instituciones privadas multinacionales con sede en Estados Unidos y Europa que se beneficiaron de sus negocios con Sudáfrica entre 1948 y 1993, declaró el grupo esta semana.
Las demandas se presentarán en tribunales de Estados Unidos, en virtud de leyes que permiten a ciudadanos extranjeros entablar allí acciones judiciales por violaciones a los derechos humanos contra compañías que tienen sede en ese país.
Las primeras acciones serán contra los bancos suizos Credit Suisse y UBS y el estadounidense Citicorp.
Este es el punto más alto de una larga batalla que comenzamos hace más de tres años y medio, con el reclamo de cancelación de la deuda ilegítima contraída por el régimen del apartheid ante esos bancos, manifestó Neville Gabriel, portavoz de los demandantes.
Por otra parte, UBS y Credit Suisse consideraron que no existen bases jurídicas para las reclamaciones, porque Suiza, que se integrará a la Organización de las Naciones Unidas el próximo septiembre, no participó de las sanciones económicas impuestas al régimen segregacionista de Sudáfrica.
Mientras, el gobierno sudafricano adoptó una postura neutral en el caso.
Un portavoz gubernamental declaró que Pretoria no forma parte del proceso, pero tampoco se interpondrá en el camino de aquellos que deseen ejercer su derecho a una acción legal.
Las autoridades temen que un respaldo público a la demanda judicial desaliente a inversionistas extranjeros, según observadores.
Al final del apartheid, el proceso de reconciliación sudafricano previó amnistías para los autores de violaciones a los derechos humanos. A cambio de no iniciar acciones contra ellos, las víctimas obtendrían compensaciones económicas.
Sin embargo, el proceso de compensaciones está estancado miembras el gobierno espera el informe final de la Comisión de la Verdad y se resiste a pagar la cuenta, estimada en miles de millones de rands, la moneda nacional.
Aunque la Comisión recomendó las compensaciones, la demanda judicial no tiene que ver con ellas, destacó Ntsebeza.
Creemos que la reconciliación también debe producirse entre los benefactores del apartheid y las víctimas de ese orden maligno, entre los ricos y los pobres, manifestó. (FIN/IPS/tra-en/as/mn/mlm/hd/02
