Los afectados por el VIH y el sida de Argentina están alerta ante la posibilidad de que el suministro de medicamentos se corte en julio, a causa de la grave crisis económica y social que sufre este país.
En el pasado ya hubo interrupciones, y ahora la causa sería la interrupción hasta el mes próximo de la entrega de 60 millones de dólares prometidos por el Banco Mundial para asistir a los pacientes a lo largo de este año.
La crisis económica, el desempleo, la falta de recursos del Estado para garantizar la continuidad del tratamiento y la demora en un acuerdo con los organismos multilaterales de crédito crean un cóctel letal para quienes viven con el VIH (virus de inmunodeficiencia humana, causante del sida).
El tratamiento antirretroviral, que incluye varios medicamentos, ha demostrado eficacia en retardar el desarrollo del sida en los portadores de VIH, pero debe ser administrado de manera continua pues las interrupciones suelen fortalecer al virus.
Lo más grave sigue siendo la falta de acceso a los medicamentos, pero ahora también debemos atender el problema de infectados que no tienen dinero para comer ni para viajar hasta el centro de Buenos Aires a protestar, dijo a IPS la dirigente de la Red de Personas Viviendo con VIH-Sida Marcela Alsina.
Hay mujeres con hijos pequeños y no pueden darles de mamar por el riesgo de contagio, pero tampoco tienen dinero para comprar leche maternizada. Una de ellas, por ejemplo, está enferma, sola, sin empleo y con niños también enfermos. Y para peor, el esposo está preso, ejemplificó Alsina.
En Argentina se estima que 130.000 personas viven con el virus y que más de 20.000 ya han desarrollado el sida. La proporción es de tres hombres enfermos por cada mujer, cuando hace 12 años eran 12 por cada una.
La Red en que participa Alsina, integrada únicamente por portadores y enfermos, está organizada en casi todas las provincias. Alsina es delegada de la filial más grande, pues abarca toda la central provincia de Buenos Aires y la periferia de la capital.
Las organizaciones no gubernamentales que trabajan con los pacientes han reclamado sin pausa en los últimos dos años la continuidad en la entrega de medicamentos para impedir el riesgo de interrupción del tratamiento.
El tono de los reclamos pasó a la desesperación en diciembre, con el agravamiento de la crisis económica y social.
En los últimos meses de 2001, la Fundación Desida presentaba ante la justicia entre cinco y 15 recursos de amparo por mes de personas que no lograban la entrega de las drogas. Los recursos se multiplicaron enormemente desde entonces, dijo a IPS la psicóloga de la organización Noemí Perelman.
La Fundación Desida está preparada para realizar un reclamo excepcional ante la justicia para que garantice la entrega inmediata de medicamentos para todos los pacientes en caso de que en julio no se concrete la ayuda prometida por el Banco Mundial, agregó Perelman.
El desembolso de los 60 millones de dólares prometidos por el Banco Mundial está suspendido hasta julio, y muchos lo atribuyen a que el organismo espera que el gobierno suscriba antes un acuerdo de ayuda financiera con el Fondo Monetario Internacional.
El gobierno solucionó temporariamente en abril los problemas sufridos en los primeros meses del año, dijo a IPS el director ejecutivo de la Fundación Huésped, Kurt Frieder.
Pero Frieder, cuya organización se encarga de difundir información sobre el sida, advirtió que la carencia puede ser total en julio si la ayuda externa no se reanuda.
El Ministerio de Salud pudo garantizar parte de los tratamientos, pero las dosis eran mínimas y algunos pacientes preferían no movilizarse sólo para recibir los medicamentos para una semana, explicó.
Esto es gravísimo para alguien que inició ya el tratamiento, porque el virus se vuelve más resistente si se abandona la terapia, explicó.
El problema se agravó al mismo ritmo que la crisis. Numerosas empresas de salud, tanto del sector privado como pertenecientes a los sindicatos, se quedaron sin medicamentos suficientes, lo que obligó a una gran cantidad de pacientes a acudir a hospitales públicos.
De igual modo, el desempleo deja sin cobertura médica particular a miles de personas.
Cuando los hospitales piden 3.000 dosis, las autoridades les envían 1.000, dijo Alsina. Eso significa que tendremos drogas para cuatro o cinco días, y cuando se terminan, otra vez (se emprende) la procesión al Ministerio (de Salud) para que te den algo fraccionado, relató.
La situación empeoró enormemente respecto del año pasado, cuando nos quejábamos y conseguíamos que nos entregaran drogas para uno o dos meses, comparó Alsina.
En 2001, cuando la crisis no había alcanzado el punto de colapso al que llegó en diciembre, los pacientes realizaban protestas muy ruidosas en el centro de la ciudad.
Tuvimos que suspender las protestas que hacíamos frente al Minsterio de Salud porque ya nadie tenía dinero para viajar, explicó Alsina. Si los pacientes llegan a la consulta con el infectólogo en bicicleta, ¿cómo vamos a decirles que vengan a una manifestación o que presenten un recurso de amparo?.
Un paciente que es coordinador de la Red, Fabián Salguero, dijo a IPS que su seguro de salud no ha entregado los medicamentos a pesar de que está obligado por ley a hacerlo.
Salguero presentó un recurso de amparo, y entonces le entregaron medicinas, pero delante de él tacharon el nombre de otro paciente que no las recibirá.
El problema es que la ley obliga al Estado a garantizar la medicación pero no el transporte para ir a buscarla, ni el alimento para la familia, ni el vestido, sostuvo Friedler.
Los delegados de la Red de la provincia de Buenos Aires se reunirán este mes para organizar los reclamos en caso de que la ayuda del Banco Mundial no llegue en julio.
Para diseñar una estrategia, deberán evitar que se exijan mayores esfuerzos a personas cuya salud ya está deteriorada y que carecen de empleo y de recursos económicos incluso para alimentos, en muchos casos.
La Fundación Huésped propuso la entrega de un pase libre para el transporte público a personas con VIH, pero las autoridades no tomaron aún ninguna decisión al respecto.
Nosotros hacemos las reuniones los mismos días en que atiende el infectólogo en el hospital, porque sabemos que la gente no se puede movilizar mucho. Allí nos encontramos con madres infectadas que no tienen dinero para comprar la leche maternizada, aseguró Alsina.
La coordinadora de la Red, que tiene 36 años y trabaja en un estudio jurídico, contrajo el virus hace 15. Desde entonces siguió diversos tratamientos que le permitieron en los últimos años mantener el VIH bajo control. Pero en los últimos meses vivió una verdadera pesadilla.
Tuve que interrumpir el tratamiento 15 días porque no había nada. Me entregaban las pastillas sueltas, por puñaditos, cada vez que las pedía, y no había reactivos para medir la carga viral, la prueba que necesita el infectólogo para controlar la reacción del organismo ante los medicamentos, dijo. (FIN/IPS/mv/mj/he/02
