Un proyecto de ley contra el extremismo que va camino de ser aprobado en Rusia puede ser empleado por el gobierno contra disidencias legítimas y pacíficas, según los críticos.
Ese temor se debe a que la iniciativa aumenta en gran medida las facultades del Poder Ejecutivo para combatir una amenaza identificada sólo vagamente.
El proyecto, presentado por el ministro de Justicia, Yuri Chjaika, recibió apoyo mayoritario en la Duma (Cámara de Diputados) la semana pasada, cuando se realizó la primera de una serie de votaciones requeridas para que entre en vigencia, con 271 votos a favor y 141 en contra.
En los últimos tiempos, las autoridades han expresado creciente preocupación sobre cuestiones de seguridad pública, y el presidente Vladimir Putin afirmó en su mensaje anual de abril sobre el estado de la nación que la policía carece de medios adecuados para combatir contra el crimen organizado.
La definición del extremismo en el texto que se discute abarca actos ilegales para tomar el poder en forma violenta, terrorismo e incitación al odio étnico o religioso, pero también obstrucción de la actividad legítima de las autoridades, e incluso podría aplicarse a disturbios de quienes asisten a partidos de fútbol
Los tribunales podrían disolver cualquier organización que consideren extremista, y agencias del Estado tendrían derecho a suspender las actividades de un grupo hasta que el Poder Judicial decida en la materia, si el proyecto es aprobado.
El Poder Ejecutivo contaría con nuevos poderes para clausurar medios de comunicación que considere difusores de ideas extremistas, incluyendo a sitios en Internet, la red mundial de computadoras, y también para confiscar propiedades de organizaciones que clasifique como extremistas.
Entre los grupos ilegalizables están filiales en el país de instituciones internacionales, incluyendo a organizaciones no gubernamentales (ONG), si se decide que tienen vínculos con actividades extremistas, en el marco de reformas de los códigos Civil y Penal, y de las leyes sobre religiones y organizaciones sociales.
También se crearía una comisión federal antiextremista, encargada de mantener al día una base de datos sobre organizaciones sospechosas de extremismo.
Chaika afirmó que el país necesita cubrir huecos en la actual legislación que son aprovechados por los extremistas.
Los críticos destacan que entre las nuevas postestades del Estado estaría la de disolver cualquier ONG que lleve a cabo una protesta no autorizada en forma expresa por las autoridades.
Pero la defensa de legítimos derechos y libertades no implicaría extremismo, si se realiza mediante campañas y protestas que no violen la ley, según los autores del proyecto.
El proyecto no se adecua a criterios internacionales aceptados sobre la cuestión del terrorismo, y su contenido es significativamente distinto del de leyes antiterroristas aprobadas en otros países, señaló el director del Instituto de Derechos Humanos de Moscú, Valentin Gefter.
Los críticos aseguran que la legislación vigente bastaría para combatir en forma eficaz al extremismo, si se cumpliera en forma adecuada, y alegan que cualquier grupo de huelguistas o ambientalistas que lleven a cabo protestas podrían ser ilegalizados.
No creo que este proyecto se haya presentado con la intención de combatir al extremismo, afirmó el diputado Valentin Romanovm, del opositor Partido Comunista, quien atribuyó al gobierno malas intenciones de impopner total control sobre la sociedad.
El diputado independiente Sergei Yushenkov sostuvo que el verdadero propósito del Poder Ejecutivo es combatir a la oposición. (FIN/IPS/tra-eng/sb/ss/mp/ip/02
