El Banco Mundial está dando marcha atrás en sus promesas de proteger a los pueblos indígenas de efectos indeseables de los proyectos que financia, advirtieron organizaciones no gubernamentales.
El Banco Mundial asegura que sus funcionarios estudian un conjunto de normas que otorgarán a las comunidades indígenas protección sin precedentes ante efectos indeseables de los proyectos financiados por la institución financiera internacional.
La revisión y reforma de las disposiciones, vigentes desde 1991, es imprescindible para adaptarlas a muchas leyes nacionales e internacionales que han cambiado desde entonces, sostuvo el Banco.
Pero las políticas que rigen desde hace 11 años son más efectivas para salvaguardar los derechos indígenas que las nuevas propuestas, aseveraron el Centro de Información sobre la Banca (BIC) y la Amazon Alliance, con sede en Washington, entre otras organizaciones.
El Banco está debilitando sus criterios, que ya distaban de ser perfectos. Pero la versión anterior utiliza un lenguaje más estricto sobre proyectos relativos a los pueblos indígenas, dijo el codirector de Amazon Alliance, David Rotshchild.
La propuesta está por debajo de los principios internacionales de derechos humanos, según la activista del BIC, Melina Selverston- Scher. Por ejemplo, no impide el reasentamiento de comunidades, cuando la reubicación crea una población permanente de refugiados, sostuvo.
Sin embargo, el Banco Mundial aseguró que está ajustando sus disposiciones y que exigirá a los beneficiarios de sus préstamos que opten por proyectos alternativos cuando se trate de desplazar a pueblos indígenas.
Según el funcionario encargado de revisar las normas del Banco, Navin Rai, el reasentamiento involuntario de un pueblo indígena no será nada fácil para el beneficiario del préstamo.
No obstante, el funcionario estimó que la reubicación puede ser beneficiosa para algunas comunidades indígenas, muchas de las cuales no objetan el traslado si ésste les permite acceder a agua potable o caminos y carreteras nuevas.
Si adoptamos una política que no permita ningún tipo de reasentamiento, tendrá un efecto negativo en los indígenas, dijo Rai.
Además, las nuevas disposiciones pueden alcanzar derechos nunca antes considerados, referidos a las condiciones de la explotación comercial de recursos naturales, la protección del conocimiento y la medicina tradicional, y la preservación del arte y la música nativas.
Los derechos de los pueblos indígenas forman parte de la discusión de la comunidad internacional desde 1972, cuando comenzaron a ser debatidos por la Organización de las Naciones Unidas. Pero juristas y activistas coinciden en que no hubo grandes avances desde entonces.
Más de 250 millones de indígenas de 5.000 grupos viven en más de 70 países. Muchas comunidades están amenazadas por la explotación de petróleo, gas u oro en sus tierras, o por la enseñanza obligatoria de las lenguas nacionales, que sofoca los idiomas locales.
En Belice, las concesiones a compañías extranjeras para la explotación maderera han dañado a las poblaciones mayas que dependen de la selva para su subsistencia.
En Irian Jaya (Papúa occidental), el gobienro de Indonesia fomentó el desplazamiento y la emigración de los indígenas, mientras en Filipinas los aborígenes son considerados intrusos en sus propias tierras.
El Banco Mundial participa en 260 proyectos que involucran a comunidades nativas, y pronto serán aprobados otros 10.
El BIC, supervisor independiente de la institución financiera, cree que la revisión en curso puede tener consecuencias de gran alcance, dada la influencia del Banco sobre otras agencias multilaterales de desarrollo.
Esperamos que los prestatarios respeten las normas del derecho internacional. Pero en el caso de aquellos derechos que no están establecidos en la ley, tendrempos que reconocer los derechos soberanos del Estado, puntualizó Rai.
El Programa de Pueblos Selváticos (FPP), con sede en Gran Bretaña, Amazon Alliance y el BIC acusan al Banco Mundial de no hacer lo suficiente para consultar a las comunidades involucradas respecto de la revisión de sus políticas.
Además, afirman, la institución busca apurar la revisión para que sea aprobada este mes por el Consejo Directivo, en lugar de aguardar el resultado de un proceso interno y paralelo de consulta, que debe concluir en abril de 2003.
Rai negó que intente apresurar la aprobación de las nuevas políticas y aseguró que el personal a su cargo tiene plazo hasta octubre para presentar las reformas propuestas a los directores ejecutivos.
Hay costos involucrados cuando los proyectos del Banco son demorados. Cuanto más tiempo permanezca en vigor la política existente porque la propuesta no es aprobada, más tiempo llevará reformar los proyectos de acuerdo a las nuevas disposiciones, concluyó Rai. (FIN/IPS/tra-en/em/aa/lp dcl/pr/hd/02
