Es mejor comprar un arma que gastar dinero en salud o educación, sugieren los conflictos agrarios a muchos habitantes de la paupérrima zona del sur de México en que el viernes fueron asesinados 26 campesinos.
Grupos humanitarios señalan que el odio prevalece en Santiago Xochiltepec, una pequeña localidad de 800 habitantes del estado de Oaxaca de donde eran oriundos los campesinos asesinados y que parece abandonada por las autoridades.
La masacre del viernes está relacionada con una cadena de enfrentamientos periódicos por tierras, dijo a IPS Eduardo Brito, del no gubernamental Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, que ha realizado investigaciones en el lugar.
Esta fue una tragedia anunciada y puede haber más en el futuro, advirtió Brito.
Santiago Xochiltepec, situado en la sierra del estado de Oaxaca, es un pequeño pueblo de agricultores y leñadores que mantiene disputas por tierras con localidades vecinas, entre las que se cuentan San Mateo Yucutindoo, Santa María Zaniza, Santiago Textitlán y Santa María Zenzontepec.
Los 26 campesinos asesinados se desplazaban en un camión por una vía secundaria cuando fueron emboscados por pistoleros que dispararon a matar sin mediar palabra, aseguró uno de los dos sobrevivientes del ataque.
Las víctimas, en su mayoría indígenas, volvían de su trabajo en un aserradero.
La Procuraduría de Oaxaca detuvo a 16 campesinos de una localidad cercana a Santiago Xochiltepec como presuntos responsables del asesinato y les decomisó 23 armas, más de 600 cartuchos y tres radios de comunicación.
Informes del grupo humanitario Bartolomé Carrasco indican que en los últimos 50 años fueron asesinadas en la zona al menos 500 personas en hechos vinculados con los problemas agrarios.
Según Brito, para muchos campesinos de la sierra de Oaxaca es más importante comprar una arma de alto poder para defender sus tierras que gastar en educación o salud.
Quienes mataron el viernes a los campesinos usaron fusiles R-15 y AK-47, cuyo precio en el mercado negro supera los 3.000 dólares por arma.
El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática indica que en el municipio de Santiago Textitlán, donde se encuentra Santiago Xochiltepec, prevalece la pobreza extrema.
A las disputas por tierras en las sierras de Oaxaca se suma la presencia en la región de narcotraficantes, traficantes de armas y guerrilleros del poco activo Ejército Popular Revolucionario.
En estos bosques (de Textitlán) hay problemas por la madera, problemas de narcotráfico, el problema agrario y el más grande es la marginación y la pobreza, dijo el procurador del estado de Oaxaca, Sergio Santibáñez.
La hipótesis más difundida supone que la matanza del viernes fue una venganza agraria por una disputa relativa a 4.000 hectáreas de tierras.
Familiares de los sospechosos detenidos aseguraron que éstos fueron acusados injustamente por policías y militares y que no se respetaron sus derechos. Al respecto, grupos humanitarios de Oaxaca y de otros estados anunciaron que enviarán delegados a la zona para controlar la actuación de las fuerzas de seguridad.
El gobernador del estado, José Murat, reconoció que en varios puntos de Oaxaca aún se resuelven los conflictos mediante la venganza.
Más de 15.000 hectáreas están en juego en los conflictos por tierras entre vecinos del municipio de Santiago Textitlán.
Veinte campesinos murieron en 1996 en un enfrentamiento entre habitantes del mismo municipio, y en 1995 hubo 29 asesinatos. En enero, una escuela de Santiago Xochiltepec fue atacada a tiros, aunque no hubo víctimas.
Para el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco, el culpable de la masacre de 26 campesinos es en última instancia el Estado, que no ha sido capaz de llevar la ley y la justicia a varias localidades de Oaxaca y de otros estados del sur como Chiapas y Guerrero.
Otras masacres han sido perpetradas en el sur de México desde 1995. El caso más resonante se tuvo en diciembre de 1997, cuando paramilitares asesinaron a 44 indígenas (21 mujeres, 14 niños y nueve hombres) en el municipio de Acteal, del estado de Chiapas.
En junio de 1995, policías del estado de Guerrero emboscaron en un camino rural y mataron a 17 campesinos que integraban un grupo opositor al Partido Revolucionario Institucional, que gobernaba entonces el país.
También en Guerrero, el ejército dio muerte en junio de 1998 a 11 campesinos cuando asaltó una escuela rural en que, según la versión oficial, estaban reunidos guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario.
Los militares aseguraron que las víctimas cayeron en un enfrentamiento, pero testigos y detenidos que negaron pertenecer al grupo insurgente replicaron que fue una matanza. (FIN/IPS/dc/ff/ip/02
