Hay evidencia de responsabilidad indirecta de autoridades federales y estaduales de México en el asesinato de 26 campesinos en una zona pobre del sur, pero ningún funcionario está dispuesto a admitirlo.
Organizaciones humanitarias y religiosos alertaron en varias ocasiones al gobierno federal y al del meridional estado de Oaxaca, donde se perpetró la masacre, sobre el peligro de que se multiplicaran los enfrentamientos y las muertes por las disputas entre campesinos por la propiedad de tierras.
Sin embargo, a fines del año pasado, la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente autorizó a una de las comunidades en conflicto a talar madera en tierras cuya propiedad está en discusión, según surge de documentos oficiales que fueron dados a conocer este miércoles por diputados de Oaxaca.
Al hecho, que desacreditó afirmaciones previas de la Secretaría de Medio Ambiente, se sumó una acusación pública por negligencia contra el gobernador de Oaxaca, José Murat, formulada por el sacerdote católico Martín Octavio, quien trabaja en la zona donde ocurrió la matanza el 31 de mayo.
Octavio aseguró haber alertado personalmente a Murat, del opositor Partido Revolucionario Institucional, sobre la gravedad que estaba alcanzando el conflicto entre campesinos. Pero el gobiernador no hizo nada al respecto, y luego de la matanza responsabilizó al gobierno del presidente Vicente Fox.
No es posible que el gobernador le eche la culpa al gobierno federal, cuando él sabía de los conflictos y es, además, el responsable de la seguridad policial en la zona, apuntó el sacerdote.
Los 26 muertos, que dejaron 89 huérfanos, eran campesinos de Santiago Xochiltepec, una pequeña localidad de las sierras de Oaxaca que mantiene con otras comunidades vecinas ancestrales disputas por la propiedad de las tierras.
Los campesinos fueron asesinados con armas de alto poder tras ser emboscada la camioneta en que viajaban de regreso a sus hogares luego de trabajar en un aserradero. Varios de los muertos presentaron tiros de gracia en la cabeza y también heridas en los genitales.
Por el crimen están detenidos 16 campesinos de la comunidad de Santo Domingo Teojomulco, vecina de Xochiltepec, a quienes la Procuraduría de Oaxaca decomisó armas y casquillos que se corresponden con los empleados para la matanza.
Los supuestos asesinos se declararon inocentes y denunciaron hostigamiento policial, pero las pruebas contra ellos son contundentes, afirmó la Procuraduría estatal.
En la zona donde se registró la matanza, el distrito Sola de Vega, hay 17 conflictos de tierra que abarcan una extensión de cerca de 44.000 hectáreas, según la Secretaría de Reforma Agraria.
En Sola de Vega está ubicado Santiago Textitlán, municipio habitado por alrededor de 4.000 indígenas calificado por el gobierno entre los de pobreza extrema. Allí, los conflictos de tierras tienen hasta un siglo de antigüedad.
El no gubernamental Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco indicó que al menos 500 personas murieron por esos conflictos en los últimos 50 años.
Portavoces de la Secretaría de Medio Ambiente y de la gobernación de Oaxaca se acusaron mutuamente de responsabilidad en la matanza de mayo, que se suma a otras registradas en los estados del sur de México en los últimos años.
La secretaria (ministra) de Desarrollo Social, Josefina Vázquez, pidió a la Secretaría de Medio Ambiente y al gobernador Murat que pusieran fin las acusaciones y que trabajaran en conjunto para aclarar el crimen y evitar que se repita otro similar.
Trasladar las culpas y ponerle nombre y apellido a las responsabilidades, eludiendo probablemente las de cada uno, no da ninguna respuesta a las viudas. Nadie puede lavarse las manos porque al final la sangre de estos campesinos, como la de otros, termina por salpicarnos a todos, dijo Vázquez.
Hubo tantas matanzas en México en los últimos años que corremos el riegos de habituarnos a ellas, sostuvo el periodista Sergio Sarmiento, columnista del diario Reforma.
Diecisiete campesinos fueron masacrados en 1995 por policías también en el estado de Guerrero. En 1997, 44 campesinos del estado de Chiapas fueron asesinados por paramilitares, y en 1998 fueron 11 los acribillados, también en Guerrero, a manos de militares.
Chiapas, Guerrero y Oaxaca son estados del sur de México donde prevalece la pobreza entre los campesinos. En la región hay problemas de tierras, narcotráfico, tráfico de armas y presencia de pequeñas y poco activas organizaciones insurgentes.
La última masacre de Oaxaca está vinculada con los conflictos de tierra, pero el motivo final es la pobreza y el abandono total en que viven millones de campesinos de México, sostuvo el sacerdote Octavio.
En México viven unos 10 millones de indígenas y la gran mayoría de ellos viven en la pobreza extrema. (FIN/IPS/dc/mj/ip hd/02
