El gobierno de Haití y la opositora Convergencia Democrática se encaminan a reanudar el diálogo el 7 de julio, en medio de una tensa calma, pese al asesinato de un dirigente del gobernante Partido Lavalas.
El gobierno de Jean-Bertrand Aristide dispuso una investigación para hallar a los desconocidos que asesinaron a un líder de Lavalas y a cuatro miembros de su familia el 24 de este mes, pero el hecho parece no haber desatado una nueva ola de represalias violentas.
Las conversaciones entre gobierno y oposición se suspendieron el 17 de diciembre, cuando Aristide denunció un intento de golpe de Estado y sus seguidores se lanzaron a saquear sedes de los partidos opositores. Varias personas murieron en los incidentes.
Analistas y observadores creen que habrá avances en las negociaciones, propiciadas por la Coalición de Obispos Católicos haitianos y la Organización de Estados Americanos (OEA).
El secretario general adjunto de la OEA, Luigi Einaudi, llegará a Haití el 7 de julio. Se espera además que el secretario general del foro continental, César Gaviria, asista a la firma de un posible acuerdo que ponga fin a la crisis política de los últimos dos años.
Convergencia Democrática exige como condición al diálogo que el gobierno acate la Resolución 806, aprobada en enero por el Consejo Permanente de la OEA.
Esa resolución prevé la instalación de un misión especial que investigue los hechos del 17 de diciembre, y asista al gobierno y el pueblo haitianos en el fortalecimiento del sistema democrático.
La oposición demanda además indemnizaciones por los daños causados por los seguidores de Lavalas, el desarme de milicias y el juicio a los responsables de crímenes políticos, como el asesinato de los periodistas Jean Dominique, en abril de 2000, y Brignol Lindor, en diciembre de 2001.
Durante las conversaciones preparatorias en las que participó Aristide, el opositor Micha Gaillard reconoció una actitud conciliatoria del gobierno, por primera vez desde el comienzo de la crisis, hace dos años.
La oposición denunció el fraude cometido en las elecciones presidenciales de mayo de 2000, que aseguraron un segundo mandato a Aristide.
Convergencia Democrática reclamó la anulación de los resulados de las elecciones de 2000.
Los observadores de la OEA dieron cuenta de irregularidades por parte del Consejo Electoral, que falló en el conteo de votos, por lo cual varios candidatos al Senado proclamados como vencedores debieron participar en una segunda vuelta electoral.
Mantuvimos un diálogo de tres horas con representantes de Lavalas y finalmente alcanzamos cierta confianza. Las negociaciones se reanudarán si hay más avances. Lavalas comprende la necesidad de alcanzar un acuerdo político que sea apropiado para todas las partes, dijo Gaillard.
Einaudi también reconoció el clima de respeto de las conversaciones.
En su informe al Consejo Permanente de la ONU, Einaudi estimó que debe cumplirse la Resolución 806 y que la oposición debe jugar un papel en el restablecimiento de la ley.
Pese al optimismo de los negociadores, el Ministerio de Cultura y la Organización del Pueblo en Lucha (OPL), uno de los partidos de Convergencia Democrática, están enfrascados en una nueva disputa.
La cartera demandó por difamación a la OPL, por sus denuncias de crímenes contra la humanidad y enormes pérdidas materiales durante los disturbios del 17 de diciembre. El gobierno exige el pago de más de dos millones de dólares.
En mayo la OPL inició su propio litigio contra el gobierno, reclamando 1,5 millones de dólares por daños. (FIN/IPS/tra- en/imc/ml/lp/dcl/ip hd/02
