Sectores del FMI se resisten al parecer a ayudar a Argentina, pues siguen señalando exigencias, pese a que el gobierno ya cumplió con las condiciones esenciales, advirtió el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández.
Argentina ya cumplió con los requisitos del FMI (Fondo Monetario Internacional) y está en condiciones de comenzar a negociar, aseguró Fernández. Sin embargo, hay sectores ligados al organismo que, al parecer, no tienen voluntad de resolver los problemas, agregó.
El Congreso legislativo de Argentina aprobó en las últimas semanas una nueva ley de quiebras y derogó una norma que perseguía delitos financieros, y el gobierno convino con las provincias mayores una drástica reducción del déficit fiscal.
Todas estas acciones eran exigidas por el FMI para la entrega de 9.000 millones de dólares de ayuda financiera, correspondientes a créditos ya otorgados. Esos fondos serían utilizados por Argentina para cancelar este año deudas con organismos multilaterales.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, admitió que, en el mejor de los casos, el gobierno solo conseguirá un asiento contable y no dinero fresco.
Créditos para hacer frente a la dura situación social o para financiar exportaciones podrían ser concedidos por el Banco Mundial o por gobiernos extranjeros, pero sólo una vez que se llegue a un acuerdo con el FMI.
Fernández se negó este miércoles a identificar a los funcionarios del FMI que se resisten a ayudar a este país, pero, al afirmar que sectores del organismo multilateral tergiversan información sobre Argentina, pareció aludir al director de Operaciones Especiales del FMI, Anoop Singh.
El Ministerio de Economía ordenó al representante argentino en el FMI, Guillermo Zocali, la presentación de una protesta a raíz de la supuesta tergiversación por parte de Singh de un comunicado de la Asociación de Bancos Argentinos de respaldo a medidas del gobierno.
Por otra parte, Lavagna admitió que el FMI cuestiona la forma en que se derogó la ley de subversión económica, que castigaba los delitos financieros, pues algunos de los artículos de la norma anulada fueron trasladados al Código Penal.
El FMI quiere que el presidente Eduardo Duhalde vete esos artículos y sólo deje en pie el que deroga la ley. Pero Lavagna advirtió que por ahora la voluntad del presidente es la de dejar las cosas como están.
El director gerente del FMI, Horst Koehler, dijo que Argentina hizo progresos suficientes como para que se le envíe una misión de avanzada para preparar las negociaciones, una forma indirecta de indicar que, por el momento, no habrá una delegación con poder para negociar un acuerdo.
Koehler aseguró que se hará todo lo posible para que el acuerdo se registre en menos de 45 días, pero aclaró que eso no significaba fijar un plazo, pues, para el FMI, lo importante es la sustancia y la evaluación. Hay progresos y somos realistas, pero se necesita un marco creíble, remarcó.
Las declaraciones de Koehler dieron por tierra con el plazo del 30 de junio previsto por el ministro Lavagna para el acuerdo. El ministro había viajado en mayo a Washington y sostuvo entonces que esa era la fecha tope convenida para un acuerdo, siempre que se completaran los requisitos.
El ex presidente del Banco Central, Javier González Fraga, sostuvo que es un clásico del FMI agregar nuevas condiciones, y recomendó que Duhalde busque apoyo en la Unión Europea, cuyos gobiernos insistieron en que Argentina cumpliera con las exigencias del organismo. (FIN/IPS/mv/mj/if/02
