Los separatistas Tigres para la Liberación de la Patria Tamil (LTTE) deberán respetar los derechos humanos si quieren que su causa avance en futuras negociaciones de paz con el gobierno de Sri Lanka, advirtieron expertos y activistas.
Organizaciones no gubernamentales aseguran que civiles tamiles sufren extorsión, secuestro, reclutamiento forzoso de niños y represión a manos de integrantes del LTTE en el noreste de Sri Lanka, donde los insurgentes se proponen encabezar un futuro gobierno interino con apoyo internacional.
Las negociaciones que debían realizarse este mes en Tailandia se postergaron para julio, a iniciativa del gobierno de Sri Lanka. Ambas partes se acusaron mutuamente en las últimas semanas de no respetar el cese del fuego acordado en febrero con la mediación de Noruega.
El LTTE lucha desde 1983 por un Estado independiente para la minoritaria etnia tamil en el noreste de Sri Lanka, en una guerra que cobró más de 64.000 vidas y desplazó a 1,6 millones de personas. En algunas zonas, los insurgentes ejercen un estricto control sobre la población.
El país tiene casi 19 millones de habitantes, y los tamiles son cerca de nueve por ciento del total.
Los secuestros y la extorsión han aumentado y las principales víctimas son jóvenes, afirmó en mayo la organización Profesores Universitarios por los Derechos Humanos, de Jaffna, en territorio tamil.
En la oriental ciudad de Batticaloa, el LTTE exigió a funcionarios bancarios información confidencial sobre cuentas de sus clientes, que éstos, atemorizados, entregaron sin protestar, indicó.
El acuerdo de febrero otorga al LTTE la posibilidad de aplicar sus programas políticos en el noreste, habitado mayoritariamente por la etnia tamil.
Los civiles tamiles aún temen los métodos del LTTE y los donantes quieren que los insurgentes asuman un fuerte compromiso con los derechos humanos en el acuerdo que abra paso a la constitución de un consejo de gobierno interino, dijo un alto funcionario de Sri Lanka.
El actual cese al fuego y las inminentes conversaciones de paz ofrecen a ambas partes una oportunidad real de colocar a los derechos humanos en la agenda, sostuvo, por su parte, la jefa de la misión que la organización Amnistía Internacional envió este mes a Sri Lanka, Ingrid Massage.
Integrantes de otras organizaciones separatistas, parlamentarios srilankeses y activistas de derechos humanos han sido asesinados en la zona del noreste dominada por el LTTE.
La lucha separatista ha llegado a un punto en que no hay ideales ni visión. La población no puede hacer oír su voz. Todo se ha convertido en una lucha por la seguridad del líder (del LTTE Velupillai Prabhakaran) y sus allegados, dijo el dirigente de Profesores Universitarios por los Derechos Humanos Rajan Hoole.
Mientras, un funcionario de una agencia internacional de asistencia en Sri Lanka sostuvo que si quiere jugar un papel clave en la administración del noreste, el LTTE deberá estar dispuestos a discutir un cambio, dejando el enfoque totalitario por uno democrático y basado sobre los derechos humanos.
Por su parte, el gobierno de Sri Lanka debe hacerse cargo de sus propias fallas, como la impunidad de militares que participan en la lucha contrainsurgente y que han sido acusados de violaciones de derechos humanos, entre ellas desaparición de personas.
La ley de prevención del terrorismo, vigente desde comienzo de los años 80, otorga al Estado poderes ilimiatados para efectuar arrestos arbitrarios.
La política represiva del gobierno durante esa década, en numerosos civiles sufrieron torturas, fue una de las causas del apoyo que el LTTE obtuvo de la población tamil en el noreste. (FIN/IPS/tra-en/mmm/ral/lp/mj/hd ip/02
