En los últimos seis años se cometieron en Guatemala 421 linchamientos que resultaron en la muerte de 215 pesonas, según un informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se divulgará en julio.
Entre 1996 y 2002, 817 personas fueron víctimas de linchamiento, según el informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua), a cuyos datos preliminares tuvo acceso IPS.
Sólo en 2001 hubo en Guatemala 75 linchamientos con 169 víctimas, 37 de las cuales fallecieron, según el estudio de Minugua.
Son cifras bastante graves, pero podemos decir con certeza que son inferiores a las reales, porque hay otros casos que no se registran. Notamos que el fenómeno no disminuye y se ha convertido casi en un hecho cotidiano, dijo a IPS la portavoz de Minugua, Seda Pumpianskaya.
El aumento de los linchamientos es uno de los signos más claros del deterioro de los derechos humanos en Guatemala, sostuvo Pumpianskaya.
El fenómeno surgió después de 1996, año en que, paradójicamente, se firmaron los acuerdos de paz que pusieron fin a 36 años de guerra civil, y es atribuido por expertos a la cultura de violencia que legó el conflicto y a la falta de efectividad de las instituciones democráticas.
En Guatemala, los linchamientos son cometidos en localidades alejadas de la capital, principalmente en pueblos campesinos e indígenas. Las víctimas suelen ser jóvenes a los que se acusa de algún delito, como violación, sin que haya pruebas contundentes de culpabilidad.
Las autoridades de la ONU consideran que las autoridades de Guatemala carecen de voluntad política para frenar el fenómeno. Los pocos procedimientos realizados contra autores de linchamiento respondieron a presiones de la comunidad internacional.
La situación refleja una exacerbación de ánimos luego del conflicto armado, dijo a IPS el director de la no gubernamental Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala (Conadegua), Orlando Blanco, .
La guerra civil en que se enfrentaron el ejército, guerrilleros de izquierda y paramilitares de derecha entre 1960 y 1996 dejó como saldo 150.000 muertos.
Blanco sostuvo que, tras la firma de los acuerdos de paz, la policía y los jueces aún no se han radicado en regiones rurales alejadas, lo que origina un vacío de poder e impide que la justicia actúa de forma rápida y adecuada.
Las autoridades gubernamentales suelen también ser víctimas de linchamientos debido a la escasa credibilidad de las instituciones que representan.
Los linchadores no suelen ser delincuentes habituales ni integran bandas criminales, si bien el estudio de Minugua informa sobre casos de linchamiento premeditado. Los incitadores tratan de que la multitud hiera a la víctima, la ataque a golpes y la rocíen con gasolina para prenderle fuego.
Los campesinos indígenas Alfredo Can, Sergio Aparicio y Esteban Queb son acusados de haber participado el 13 de marzo de 2001 en un linchamiento en que murió el juez rural Alvaro Hugo Martínez, de 51 años, en el pueblo de Senahú, a 125 kilómetros de San José.
Según las denuncias, Can, Aparicio y Queb fueron parte de la multitud descontrolada que trató de cobrar justicia por su cuenta contra el indígena Pedro Cacao, a quien acusaban de haber lanzado desde un vehículo en marcha a una niña de ocho años.
Como los linchadores no encontraron a Cacao, fueron en busca de Martínez, quien había librado de la prisión al supuesto agresor de la niña.
El juez rural, que se defendió durante 13 horas, disparó contra la multitud e hirió a tres personas. Las balas agravaron la furia de la turba, que arremetió contra Martínez con piedras y machetes.
El comienzo del juicio está previsto para el 2 de julio. Los acusados podrían ser condenados a entre 30 y 50 años de cárcel.
Esa no es la solución, los verdaderos culpables son los autores intelectuales, es decir, los agitadores, y a esos nunca los apresan, declaró a IPS Mario Polanco, director del no gubernamental Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).
Polanco, quien es uno de los principales activistas de los derechos humanos en Guatemala, sostiene que los agitadores generalmente actúan para responder a diversos intereses políticos.
Lo que hay que hacer es atacar las verdaderas causas, es decir, la ausencia del Estado en las regiones alejadas del país, agregó.
Este especialista dijo que el gobierno debería iniciar programas profundos de educación para generar confianza en la población sobre la función de la administración pública. (FIN/IPS/nms/02)
