Un nuevo organismo o experto internacional independiente debe examinar el impacto de las campañas antiterroristas en las libertades básicas, según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson.
Es esencial que los países (de la ONU) luchen contra el terrorismo respetando los principios internacionales de derechos humanos, dijo la máxima funcionaria del foro mundial en la materia, cuyo mandato concluirá en septiembre.
Robinson lamentó la falta de un experto u organismo internacional que determine qué medidas antiterroristas de los estados miembros contravienen derechos humanos que esos países aseguran respetar.
Mi oficina está inundada de llamados de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo que advierten sobre nuevas restricciones y medidas opresivas, dijo Robinson, ex presidenta de Irlanda (1991-1995).
Varios gobiernos han adoptado políticas represivas en nombre del combate al terrorismo, luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington, dijo Robinson, aunque eludió identificar a esos países.
El nuevo Comité contra el Terrorismo, creado el año pasado por el Consejo de Seguridad de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) no tiene facultades para actuar en esa materia, arguyó Robinson.
Ahora la gran preocupación es que si las democracias maduras desdibujan los límites o dan un mal ejemplo, los regímenes antidemocráticos creen tener luz verde para sus políticas represivas, seguros de que cualquier exceso será ignorado, agregó.
Varias naciones, en particular Alemania, Canadá, Estados Unidos y Gran Bretaña, así como Egipto, Rusia y Uzbekistán, introdujeron normas antiterroristas de largo alcance. Según analistas, activistas y funcionarios internacionales, muchas de estas medidas violan derechos fundamentales.
Por ejemplo la detención de ciudadanos extranjeros, la restricción de leyes migratorias, la vigilancia electrónica sin orden judicial, la deportación de extranjeros con visas vencidas, y el control de la correspondencia y comunicaciones entre detenidos y abogados defensores.
Según Robinson, este tipo de restricciones afectan el derecho a la privacidad y al debido proceso, así como la protección del asilo, la participación política y las libertades de expresión y de reunión pacífica.
El ambiente posterior al 11 de septiembre reforzó la mentalidad de fortaleza en Europa, a medida que aumentaron los controles, y las discusiones y el lenguaje se hacen más duros respecto de refugiados e inmigrantes, señaló Robinson.
La activista Joanna Weschler, de la organización Human Rights Watch, dijo a IPS que durante la sesión de abril de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, celebrada en Ginebra, hubo un intento de establecer algún tipo de control sobre las medidas antiterroristas.
Una propuesta de resolución, auspiciada por México y varias naciones europeas, fue retirada a último momento debido a modificaciones inaceptables, dijo Weschler.
Aunque la resolución no incluía el nombramiento de un experto u organismo independiente que supervisara las medidas antiterroristas, fue respaldada por activistas de derechos humanos y organizaciones no gubernamentales, como HRW, dijo Weschler.
Una de las razones del fracaso de la propuesta fue la oposición de Arabia Saudita, Argelia, Estados Unidos, India y Pakistán, según Weschler.
Si bien en la sesión de la Comisión se efectuaron firmes pronunciamientos, también hubo señales preocupantes, sostuvo Robinson.
La Comisión prefirió no tomar ninguna acción específica ni respaldar nuevas iniciativas para controlar el impacto de las medidas antiterroristas en los derechos humanos, agregó.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, advirtió en mayo a los 189 estados miembros que no puede transarse la protección de los derechos humanos por la lucha contra el terrorismo.
Las medidas adoptadas por algunos países no deben recortar indebidamente los derechos humanos o dar a otros el pretexto para hacerlo, dijo Annan, si bien no identificó los estados a los que se refería.
Desde el 11 de septiembre, Estados Unidos arrestó a más de 1.000 personas, la mayoría musulmanas o árabes, como parte de sus investigaciones sobre los ataques contra Nueva York y Washington.
Varias organizaciones de derechos humanos aseguran que la negativa del gobierno a revelar la identidad o los cargos de muchos de esos detenidos es una violación a derechos básicos.
La nueva política de Estados Unidos está inspirando ataques oportunistas a las libertades civiles en todo el mundo, advirtió en enero HRW.
Países como Egipto, Rusia y Uzbekistán utilizan el pretexto del combate al terrorismo para justificar campañas militares abusivas o represión contra la oposición política, sostuvo la organización de derechos humanos.
En Estados Unidos y Europa occidental, medidas concebidas para combatir a los terroristas amenazan principios de derechos humanos largamente abrazados, agregó.
Por su parte, la organización Amnistía Internacional (AI) criticó, en su informe anual divulgado en mayo, a Estados Unidos y Gran Bretaña, por socavar los derechos humanos.
AI mencionó varios errores significativos de Estados Unidos, como la autorización de tribunales militares para juzgar a presuntos terroristas, la aplicación selectiva de las garantías de la Convención de Ginebra para los detenidos de Talibán y Al Qaeda y el arresto indefinido de extranjeros sin cargos o sin una defensa legal. (FIN/IPS/tra-eng/td/aa/lp/dcl/hd/02
