DERECHOS HUMANOS-BRASIL: Juicio internacional por Carajás

Organizaciones defensoras de la reforma agraria de Brasil decidieron este jueves convocar a un juicio internacional por el asesinato de 19 campesinos el 17 de abril de 1996 a manos de policías militares en la septentrional localidad de Eldorado de Carajás.

Representantes de esas organizaciones reunidos en Brasilia resolvieron rechazar así la absolución judicial de 142 policías militares del estado de Pará acusados por la mayor matanza de campesinos de las últimas décadas en Brasil.

Solo fueron condenados los dos coroneles que comandaron el operativo de represión contra campesinos sin tierra que marchaban en una carretera, que causó la muerte de 19 manifestantes y 69 heridos.

Los dos coroneles fueron sentenciados a 228 y 158 años de prisión en las primeras sesiones del juicio, realizadas el mes pasado. Pero podrán permanecer en libertad mientras se sustancian las apelaciones, pues se trata de de sus primeras condenas judiciales, en un proceso que podría demorar 10 años más.

En la última de las cinco sesiones, iniciada el lunes y concluida el miércoles en Belém, capital de Pará, 124 soldados y cabos acusados de coautoría de la masacre fueron absueltos, pues el jurado entendieron que sólo ”tiraron (dispararon) para arriba” y no contra los campesinos.

El jurado ya había eximido antes de culpa también a un capitán y 15 tenientes y sargentos, con argumentos similares.

La condena a los jefes pero no a los ejecutores de la masacre es ”absurda”, según los fiscales Rui Barbosa y Marco Aurelio do Nascimento, que anunciaron su disposición a tomar medidas para lograr una sentencia contra los acusados.

”No reconocemos la decisión del tribunal”, dijo a IPS uno de los coordinadores nacionales del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Joao Paulo Rodrigues. Las víctimas de la masacre de Eldorado de Carajás eran militantes del MST.

El MST reclama, junto con otras organizaciones sociales, que masacres como ésta y otras violaciones de derechos humanos sean juzgados por tribunales federales y no, como en este caso, por los del fuero estadual.

Un juicio internacional, ”aunque con carácter simbólico”, demostrará que ”no es aceptable que 19 personas sean asesinadas y nadie sea condenado”, explicó Rodrigues. Los dos coroneles no cumplirán sus condenas por las posibilidades con que cuentan de dilatar el proceso, pronosticó el dirigente campesino.

La impunidad en reiterados asesinatos colectivos agrava la imagen negativa de Brasil, pues ya son objeto de investigación en comisiones de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, además de campañas de entidades no gubernamentales.

Este es uno de los temores del secretario nacional de Derechos Humanos, Paulo Sergio Pinheiro, veterano activista de esa área que ingresó en el gobierno el año pasado. Pinheiro también propone que estos casos sean investigados por la policía y la justicia federales.

Hoy, la seguridad pública es una función de los gobiernos estaduales, y casi todos los delitos, incluso el asesinato, son investigados por la policía y los tribunales de los estados, que sufren la influencia directa de hacendados, empresarios y líderes políticos locales.

Esta es una causa importante de la impunidad que estimula la violencia contra campesinos, sus líderes y defensores, especialmente en el estado de Pará, donde se ubica Eldorado de Carajás, según los activistas de derechos humanos.

La absolución de los participantes directos en la masacre de Eldorado de Carajás era previsible, dijo a IPS el coordinador del no gubernamental Centro de Justicia Global, James Cavallaro.

Para condenar a los ejecutores sería necesario ”indidividualizar” el papel de cada uno en el crimen, porque no se puede castigar del mismo modo a quienes tuvieron participación pasiva y a los que dispararon las balas fatales o practicaron ejecuciones, en algunos casos con indicios de crueldad, observó.

Pero no se adoptaron las medidas policiales necesarias para eso en las horas y días transcurridos luego de la masacre, como recoger las balas halladas en el lugar o en las víctimas, para identificar de qué armas salieron.

Tampoco se tuvo cuidado en identificar el arma que cada uno de los oficiales portaba en la ocasión, y los registros de posesión de armas de los batallones movilizados en la operación desaparecieron de forma sospechosa, señaló Cavallaro.

Además, no se hizo el examen de residuos de pólvora y sangre en las manos y ropa de los policías militares.

Sin poder identificar a quienes mataron a los campesinos, los fiscales acusaron de coautoría de homicidio a todos los policías militares que participaron en el operativo.

Pero todos ellos se negaron también a informar sobre la actitud de sus colegas y sobre quiénes dispararon sobre los manifestantes. (FIN/IPS/mo/mj/ip hd/02

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