La adhesión de Colombia a la Corte Penal Internacional y la inclusión de las FARC en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea (UE) pueden ser escollos externos para el intento de reactivar el proceso de paz en este país.
El gobierno de Andrés Pastrana aplaudió la decisión de la UE de incorporar este mes a las insurgentes FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en su lista de organizaciones terroristas y las señales de que también será incluido el guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN).
En tanto, la ratificación del Congreso colombiano del llamado Tratado de Roma, que creó la Corte Penal Internacional (CPI) para juzgar genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad, es considerada por analistas políticos como un freno a la impunidad de los actores en el conflicto armado interno.
Las fuertes presiones iniciadas en mayo por la cancillería colombiana ante la UE lograron que este bloque cambiara su decisión original respecto de las FARC, y las incorporaran oficialmente en su lista de organizaciones terroristas el 17 de este mes, junto con el Frente para la Liberación de Palestina.
Así, las organizaciones izquierdistas FARC y ELN, las paramilitares derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y cualquier otro grupo o persona que persista en obrar contra los colombianos queda notificado de esta nueva realidad internacional, apuntó Pastrana.
No habrá lugar para que se escondan los que asesinan gente indefensa en Colombia, añadió Pastrana, que dejará la presidencia el 7 de agosto en manos del derechista Alvaro Uribe.
Pastrana también promulgó el día 6 la ley de ratificación del Tratado de Roma, firmado en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrada en esa capital en 1998 y que entrará en vigor el 1 de julio.
La CPI creada por ese tratado de Roma sólo podrá entender en casos que los sistemas judiciales nacionales no puedan o no quieran juzgar.
El funcionamiento de la CPI de 18 jueces se demorará alrededor de un año, pues la asamblea de estados partes del tratado, que se reunirá por primera vez en Nueva York en los primeros días de septiembre, debe aprobar el presupuesto de los primeros 12 meses y el programa de establecimiento de ese tribunal.
Colombia necesita una jurisdicción (internacional) para que los grupos armados no lo atropellen como lo están haciendo, dijo a IPS el senador independiente Rafael Orduz.
Es muy bueno para el pueblo amenazado por la guerrilla y los paramilitares que se niegan a combatir entre sí y se dedican a agredir a la población civil. Es un campanazo en materia de ética de combate, agregó Orduz, que dejará su cargo el 20 de julio, cuando se instale la nueva legislatura.
Ahora la amnistía no es posible si no se dan tres elementos centrales, como son justicia, reparación y verdad, precisó Orduz.
Entre los delitos cometidos en el marco del conflicto interno de Colombia que, en caso de eludir la justicia colombiana, pueden ser juzgado por la CPI, se encuentran los ataques a la población civil, el exterminio étnico, secuestros, masacres, uso de armas no convencionales y las violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo, los analistas colombianos aparecen divididos sobre los efectos que pueden acarrear a un futuro proceso de paz el hecho de que esos delitos no prescriben ni son pasibles de indulto, según lo establecido en el Tratado de Roma.
El politólogo Eduardo Pizarro indicó que ese Tratado va a generar una de las condiciones básicas para poder adelantar un proceso de paz exitoso, como es el respeto del Derecho Internacional Humanitario por parte de todos los actores del conflicto, incluidas las Fuerzas Armadas.
Pizarro, exiliado en Estados Unidos desde hace dos años tras un atentado en el que resultó herido, comentó que otro efecto positivo será que acabará de un tajo con la cultura de la impunidad en el país.
Como el Tratado tendrá vigencia sólo para crímenes cometidos a partir de la confirmación definitiva, que se calcula será en el segundo semestre de este año, Pizarro cree que esto dará a las FARC, al ELN y a las AUC un tiempo suficiente para la reflexión y rectificación de sus formas de lucha.
También entiende que la CPI es el camino para terminar con la impunidad Anders Kompass, el ex delegado de la oficina colombiana de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que durante sus tres años de gestión no logró concretar un acuerdo global de derechos humanos en el país.
La ratificación del Tratado de Roma demuestra la voluntad (de Colombia) de no permitir que queden sin castigo conductas criminales como el genocidio, la desaparición forzada y la toma de rehenes, agregó.
La discusión que antecedió la adhesión de Colombia al Tratado de Roma fue condicionada por el diálogo de paz de tres años entre Pastrana y las FARC, interrumpido el 20 de febrero. El gobierno también canceló luego los contactos con el ELN.
En medio de la polémica en el Congreso legislativo visitó Colombia el juez español Baltazar Garzón, conocido por la causa contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990).
La ratificación de la CPI es una exigencia ética, una obligación política y una obligación política para cualquier democracia, dijo Garzón.
No se trata de entorpecer procesos de paz, porque los procesos de paz se pueden buscar por otros caminos y no necesariamente por los de la exención de responsabilidad por crímenes contra la humanidad, opinó el juez español.
Una de las objeciones básicas que desde el Gobierno se hizo a Tratado tiene que ver con disposiciones de la CPI que chocan con la Constitución nacional.
El Estatuto de Roma establece, por ejemplo, que puede juzgar a una persona que haya sido procesada por un tribunal interno cuando esta investigación obedezca a sustraer al acusado de su responsabilidad.
Según la Constitución colombiana, quien sea sindicado tiene derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
El abogado penalista Antonio Cancino, consultado por el semanario Cambio, aseguró que la CPI debe precisar la naturaleza de los delitos y acatar el otorgamiento de amnistías e indultos, lo cual, en el caso colombiano, es dejar abierta una compuerta a un pacto de paz. (FIN/IPS/HR/mig/dm/hd ip/02
