El gobierno de Colombia mantiene la postura de privatizar la firma de telecomunicaciones Telecom, advirtieron portavoces sindicales de los 7.000 trabajadores que retornaron a sus tareas este lunes, tras 28 días de huelga.
La amenaza forma parte del juego político del gobierno por los grandes intereses que existen sobre el sector más rentable del mundo, dijo a IPS el tesorero del Sindicato Nacional de Trabajadores de Telecom (Sintratelecom), Guillermo Vallejo.
Hay una tendencia (oficial) a que sectores privados se apropien de Telecom, la empresa estatal que absorbe 70 por ciento de las telecomunicaciones de larga distancia local y la mitad de las conexiones internacionales, añadió.
Telecom también es la segunda prestadora del servicio de transmisión de datos en las conexiones bancarias y de servicio de Internet, detrás de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá.
Además, a su cargo está la red de telefonía social que cubre todo el país, incluso zonas que no son rentables para las empresas extranjeras que a comienzos de la década del 90 suscribieron contratos de riesgo compartido.
Sintratelecom y la empresa estatal suscribieron el domingo por la madrugada un acuerdo laboral hasta 2004, que contempla, entre otros puntos, un incremento de salarios retroactivo a enero y sólo para este año de 5,4 por ciento, el límite aceptado por el gobierno de Andrés Pastrana para todos los funcionarios públicos.
El sindicato, que dejó de lado el pedido inicial de un reajuste salarial de 15 por ciento, también logró una retribución extra para cada trabajador de 200.000 pesos (unos 87 dólares), una bonificación por única vez por haber suscrito el acuerdo.
Cálculos gubernamentales indican que el acuerdo con el sindicato le costará a Telecom unos 13 millones de dólares.
El convenio también establece la incorporación de dos delegados sindicales en la dirección de la empresa —con voz y sin voto— y la participación en el Comité de Evaluación de los contratos de riesgo compartido (joint venture), considerados la principal fuente de pérdidas de la empresa estatal.
El Consejo de Estado, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, emitió un fallo la semana pasada, en medio de la protesta sindical, que obliga a Telecom a pagar 73 millones de dólares a la firma canadiense Nortel Networks, en compensación de una liquidación parcial de un joint venture suscrito en 1993.
El experto en temas de telecomunicaciones Isaías Poveda apuntó que ese dictamen abre las puertas a las restantes reclamaciones de las empresas multinacionales, cuyas aspiraciones ascienden a 1.800 millones de dólares.
Por su parte, los ministros Juan Santos, de Hacienda, y Angela Holguín, de Comunicaciones, señalaron que la empresa estatal Telecom no es viable y está abocada a su inminente liquidación.
También la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la entidad reguladora del sector, se reunirá este martes para examinar la eventual venta de Telecom.
El sindicalista Vallejo opinó que no todo es negativo en las declaraciones gubernamentales sobre la inviabilidad de la empresa y su inminente liquidación, pues permitirá abrir un debate sobre los malos manejos y la corrupción en la administración de Telecom.
En tanto, Poveda indicó en un artículo publicado por el diario El Tiempo este lunes que extrañamente el sindicato no denunció esos contratos hasta ahora, pese a que se suscribieron en la primera mitad de la década del 90 y se renegociaron en la segunda.
El experto planteó la necesidad de que los ministros consideren otras alternativas a la liquidación de Telecom y que la dirección y el sindicato acepten la realidad de un negocio marcado por la competencia privada.
Vallejo comentó a IPS que, en última instancia, a nosotros sí nos gustaría que se debata ampliamente el futuro de la empresa, porque va a permitir sacar a la luz muchos malos manejos y corrupción.
En su momento se demostró que Telecom era rentable, pero los contratos de riesgo compartido son leoninos y se suscribieron sobre cálculos falsos o sin estudios de la parte colombiana, precisó el dirigente de Sintratelecom.
Por ejemplo, Capitel, la prestadora de telefonía local en Bogotá, hizo cálculos de inversión sobre una proyección de 117 millones de dólares para 2001, pero en 2000 sólo se habían instalado equipos por 60 millones de dólares, explicó Vallejo.
A su juicio, es falso que la mayor sangría de la empresa corresponda a la carga laboral, como se indica.
Puntualizó que la prueba de ello es que, un día antes de lograr el acuerdo con la empresa, el sindicato propuso cero incremento en salarios si aceptaban el resto de las peticiones, incluido el voto en la junta directiva, pero no aceptaron. Les cayó como un balde de agua fría, agregó.
Vallejo agregó que el sindicato está dispuesto a mirar la reingeniería de la empresa, siempre y cuando la gerencia acepte discutir la nómina paralela, que según los trabajadores es de 4.700 contratistas.
Durante la huelga de 28 días, el sindicato denunció las altas comisiones que cobran las compañías intermediarias en los contratos de personal a servicios, no en plantilla estable.
Para el caso de una operadora del servicio internacional, la compañía intermediaria cobra el equivalente en pesos a unos 652 dólares, de los cuales a la trabajadora sólo le llegan 196 dólares.
Telecom le está dando de comer a muchos sinvergüenzas, mientras trabajadores como yo, que llevo 15 años de servicio, no llego a recibir ni 8.000 dólares al año, incluyendo las conquistas laborales y los pagos de ley, puntualizó (FIN/IPS/mig/dm/if lb/02
