El gobierno de Chile pidió este lunes la comparecencia ante la justicia de una periodista que denunció una supuesta red de protección desde organismos oficiales para insurgentes prófugos, implicados en el asesinato en 1991 de un senador derechista.
El viceministro del Interior, Jorge Correa, pidió que el juez especial de investigación Hugo Dolmestch cite a declarar a la periodista Beatriz Undurraga, autora de la polémica información publicada el sábado por el diario El Mercurio.
Dolmestch instruye el proceso por el asesinato en abril de 1991 del senador Jaime Guzmán, fundador de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido más votado en las elecciones legislativas de diciembre de 2001.
Guzmán fue emboscado en su automóvil por un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), una organización marxista insurgente surgida en 1982, durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
Raúl Escobar, acusado de ser el autor material de los seis disparos que causaron la muerte de Guzmán, nunca fue capturado y hace una semana la justicia brasileña informó a Santiago que había sido visto en la localidad de Santana do Livramento, en la frontera con Uruguay.
Los primeros informes señalaban que Escobar estaba virtualmente cercado, pero demoras propias del procedimiento para que la justicia chilena solicitara el arresto por canales diplomáticos, le habrían permitido escapar.
La periodista Undurraga sugirió en su informe que Muñoz fue alertado de su inminente captura por una red de protección que opera desde Chile, vinculada a funcionarios de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (DISPI), dependiente del Ministerio del Interior.
Según oficiales de inteligencia policial, citados por Undurraga, representantes del gobierno de Ricardo Lagos han transado con insurgentes a través de informantes de la DISIP, con la finalidad de evitar que vengan a Chile a efectuar actos violentistas.
Escobar, conocido en la estructura del FPMR como comandante Emilio, estaría acompañado de Pablo Muñoz Hoffman, implicado también en el asesinato de Guzmán y protagonista en diciembre de 1996 de una espectacular fuga en helicóptero desde una cárcel de alta seguridad.
Fuentes judiciales indicaron que Escobar fue quien organizó el rescate de Muñoz Hoffman y de otros dos frentistas recluidos en la misma cárcel: Mauricio Hernández y Patricio Ortiz.
Hernández fue capturado el 2 de febrero por la policía de Brasil en Sao Paulo, luego de rescatar al publicista brasileño Washington Olivetto, quien estuvo secuestrado 53 días por un grupo integrado por chilenos y colombianos.
Se supone que Escobar fue también uno de los organizadores del secuestro de Olivetto y logró escapar junto a Muñoz Hoffman del operativo policial que culminó con la liberación del publicista y el arresto de los otros miembros del supuesto comando insurgente.
Informes procedentes de Brasil indican que los dos prófugos se encuentran todavía en la zona fronteriza, desplazándose presumiblemente entre Santana do Livramento y la ciudad uruguaya de Rivera, separadas solamente por una calle.
El diputado Pablo Longueira, presidente de la UDI, pidió la semana pasada al gobierno que protestara ante Brasil por la supuesta negligencia policial, que habría posibilitado la fuga de Escobar y de Muñoz Hoffman mientras se esperaba el pedido de arresto desde Chile.
Tras la publicación de El Mercurio sobre la red de protección a los frentistas vinculada a la DISPI, los dirigentes derechistas exigieron una investigación al gobierno, pese a que el ministro del Interior, José Miguel Insulza, rechazó la versión periodística.
El gobierno está convencido de que se trata de una calumnia, pero eso sólo pueden determinarlo los tribunales, dijo este lunes el viceministro Correa.
No pedimos que el diario El Mercurio dé a conocer sus fuentes, pero sí que dé a conocer los antecedentes que obran en su poder, conforme a los cuales agentes estatales habrían realizado tan graves delitos (de protección a los insurgentes), añadió Correa.
La ley de Prensa, expedida en junio de 2001, garantiza el derecho a la reserva de la fuente de los periodistas.
Undurraga, reportera policial de El Mercurio, ha sido acusada por organizaciones de derechos humanos de haber colaborado con los organismos represivos durante la dictadura de Pinochet.
La periodista fue emplazada públicamente hace tres años por la Comisión Funa, un grupo de jóvenes que realiza manifestaciones callejeras para denunciar a violadores de los derechos humanos que permanecen en la impunidad.
El FPMR, que en 1986 emboscó a Pinochet, dando muerte a seis de sus guardaespaldas, se escindió tras el restablecimiento de la democracia en 1990, entre partidarios de insertarse en la vida política y quienes querían continuar con las acciones armadas.
A estos últimos, conocidos como la fracción autónoma, pertenecieron Escobar, Hernández y Muñoz Hoffman.
El FPMR no tiene actualmente una presencia determinante en Chile y las acciones de sus antiguos comandantes en otros países son catalogadas indistintamente de actos delictivos comunes o de inspiración política. (FIN/IPS/ggr/dm/ip hd/02
