El colapso financiero de Argentina dejó millones de víctimas atrapadas en el corralito bancario, como pequeños ahorristas, trabajadores desocupados y pensionados, que se consideran estafados en su buena fe.
Las restricciones impuestas el 2 de diciembre al retiro de todas las modalidades de depósitos, también llamado corralito bancario, afectó en especial a los ahorristas menores, ya que muchos de los grandes operadores habían transferidos sus fondos al exterior o a cajas de seguridad antes de adoptarse la medida.
La fuga de capitales argentinos a Uruguay, Estados Unidos, Europa y a los llamados paraísos fiscales fue una constante el año pasado, al igual que el aumento de la demanda de cajas fuertes de particulares y los cofres de seguridad bancarios.
Se calcula que en los bancos argentinos sólo quedan 10.000 millones de dólares de los 80.000 millones que habían depositados a comienzos de 2001. En la plaza financiera argentina existen alrededor de nueve millones de cuentas de personas físicas o jurídicas en más de un centenar de entidades públicas y privadas.
Ese remanente de 10.000 millones de dólares pertenece en su mayor parte a pequeños ahorristas, como jubilados, pequeños empresarios y comerciantes, trabajadores, profesionales y empleados despedidos que vivían de la renta de sus indemnizaciones.
Unos 200.000 damnificados presentaron recursos de amparo judiciales para obtener la inmediata restitución de su dinero, apelando al derecho de propiedad violado, pero hasta el momento apenas 20 por ciento consiguió su objetivo y a muchos de ellos no les fue entregado el monto completo del depósito.
Hacía 20 años que confiábamos en el (estatal) Banco Nación, porque creíamos que un banco público no nos podía defraudar, sin embargo nos estafaron, dijo Beatriz Arriaga, una jubilada de 72 años que trabajó 31 años en la empresa transnacional General Electric y ahora cobra un retiro de 85 dólares por mes.
La mujer habló con IPS tomada de la mano de su esposo, Jorge Arriaga, de 74 años, también un jubilado que recibe el equivalente a 150 dólares por mes. Habíamos vendido una casa y un auto y no quisimos irnos de viaje porque la jubilación cada vez nos alcanza menos y preferíamos tener un respaldo, narró.
Pero ahora los depósitos en dólares del matrimonio quedaron atrapados en el corralito y fueron transformados compulsivamente en moneda local, que se deprecia a ritmo acelerado desde la derogación en enero de la ley de convertibilidad que por casi 11 años impuso una paridad cambiaria de un peso-un dólar.
La última solución ofrecida a los ahorristas por el gobierno de Eduardo Duhalde, que asumió el 1 de enero, es el canje voluntario de los depósitos en dólares por bonos del Tesoro argentino a cobrar dentro de 10 años. Los interesados tienen plazo hasta el 16 de julio para decidirse.
Desgraciadamente, no tenemos edad para esperar tranquilamente hasta 2012, explicó Beatriz Arriaga.
Arriaga y su esposo tampoco tienen edad para reclamar por un plazo menor de devolución de su dinero. Las excepciones, como el bono en dólares a tres años de plazo, son para los mayores de 75 años, para enfermos graves o para quienes acrediten que el dinero corresponde a indemnización por cesantía laboral.
Para los que estén dispuestos a aceptar pesos, las variantes no son más atractivas. Los bonos del Estado en pesos se podrán cobrar dentro de cinco años, caso contrario se debe esperar la reprogramación dispuesta por los bancos, que se comprometieron a devolver el dinero en cuotas a partir de 2003.
En tanto, la desconfianza frente a los bancos es cada vez mayor y el crédito ha desaparecido. La devaluación de la moneda local frente al dólar, que debía beneficiar a la producción nacional, tiene hoy un efecto casi neutro debido a la falta de financiamiento para poner en marcha las fábricas.
Por eso miles de personas miles de pequeños ahorristas se suman cada vez más a las manifestaciones en rechazo de la propuesta del gobierno de entregar bonos a cinco y 10 años de plazo a cambio de las colocaciones bancarias a plazo fijo a 30 o 60 días, por ejemplo.
Indignados ahorristas exigieron el 19 de este mes en una marcha callejera que sean los bancos, y no el Estado, los que respondan ante sus clientes.
Insistieron en que la justicia haga valer el derecho de propiedad que está contemplado en la Constitución y advirtieron que demandarán judicialmente contra los bancos extranjeros para que las casas matrices hagan frente a las obligaciones de los clientes de sus filiales argentinas.
Al respecto, una jueza de España ya aceptó una querella de ahorristas del Banco Río, propiedad de la entidad española Santander Central Hispano, para que esa casa central devuelva los depósitos de los argentinos.
El Ministerio de Economía de Argentina había confiado que su iniciativa de que el Estado respondiera por los bancos sería ampliamente aceptada por los afectados. Sin embargo, los más activos en la tarea de recuperar sus depósitos rechazaron de plano el cambio de las condiciones pactadas con los bancos.
Yo tenía mi dinero en el Río y quiero que ese banco, y no el Estado, discuta conmigo de qué forma me lo devolverá. No pretendo que el banco me lo devuelva de una vez, pero quiero discutirlo directamente con ellos, dijo a IPS Vicente Mastropiero, de 52 años.
Mastropiero, quien también fue a la manifestación de ahorristas del día 19 desde el parlamento hasta la principal sede del Poder Judicial, trabajó 31 años en la empresa de telecomunicaciones privatizada a comienzos de la década del 90, pero en octubre fue despedido.
En ese momento, pensó que era mejor esperar a que la situación económica mejorara para cumplir su sueño de abrir una ferretería industrial, para lo cual utilizaría el dinero del despido. Pero en apenas dos meses su sueño se transformó en pesadilla y ahora su indemnización y ahorros quedaron atrapados en el Banco Río.
Junto a los ahorristas también protestan trabajadores bancarios que temen perder sus empleos por la crisis financiera. En este sentido, el bono del estado fue pensado para descomprimir una presión que amenazaba con el cierre de numerosas entidades.
Mabel Gutiérrez, de 60 años, trabaja en una empresa textil a la que le va pésimo, como a todas. Por eso quería jubilarse pronto y completar lo que sería una pensión escasa con los ahorros de toda su vida. Pero su dinero quedó congelado en el Bankboston.
Yo fui de las que creyó en la publicidad, que decía que ellos garantizaban los depósitos 'con el respaldo y la solidez de un banco extranjero', narró a IPS.
Pero esto no va a quedar así. Esta vez voy a pelear hasta el último día, así sea lo último que haga en mi vida, advirtió con énfasis Gutiérrez, amargada por tener que reclamar lo suyo junto a una multitud.
Como casi todos los participantes en la protesta, Gutiérrez presentó un recurso de amparo judicial, que aún no ha prosperado pese a que es de resolución inmediata. Estoy empezando a dudar de mis abogados, porque veo que sólo salen los amparos por depósitos de muchos ceros (grandes sumas de dinero), comentó.
José Gelbard, de 51 años, fue otro de los afectados que se sumó a la protesta portando un pequeño cartel hecho a mano que rezaba No a los bonos. Trabajó 24 años en la empresa Celulosa Argentina y desde que fuera despedido hace tres años sólo consigue trabajos temporarios que apenas le permiten sobrevivir.
Sin embargo, tenía la seguridad, al menos hasta que cesara la recesión económica, de contar con el dinero de su indemnización laboral depositado en el Banco Provincia, que depende del gobierno de la central provincia de Buenos Aires.
Imaginese, tengo una esposa, dos hijos, soy sostén de hogar y ahora esto (…). Presenté un recurso de amparo y no tengo novedades, contó a IPS con preocupación. (FIN/IPS/mv/dm/if/02
