La ciudadanía del noroccidental valle peruano de Tambogrande se pronunció en las urnas contra la apertura de una mina a cielo abierto a cargo de la firma transnacional canadiense Manhattan, pero el gobierno de Alejandro Toledo aún apoya el proyecto.
Noventa y ocho por ciento de los votantes rechazaron el domingo ese proyecto, como proponían los agricultores apoyados por los concejos municipales y organizaciones ambientalistas. La consulta no fue controlada por las autoridades electorales.
Los opositores al proyecto temen que la apertura de la mina en Tambogrande, 1.050 kilómetros al noroeste de Lima, cause una contaminación irreversible y que obligue a 8.000 de los 25.000 habitantes del poblado a desocuparlo para dar paso a las excavadoras.
Tambogrande, en el departamento de Piura, tiene una agricultura especializada en árboles frutales, con un alto grado de eficiencia técnica y rentabilidad. De allí procede 80 por ciento de los limones que abastecen el mercado interno y mangos que se exportan a Estados Unidos.
El primer ministro Roberto Dañino anunció el lunes que el gobierno desconocerá el resultado de la consulta popular en Tambogrande, la cual no contó con el control de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que desistió de participar aduciendo falta de recursos económicos.
Sin embargo, participaron en la consulta 59 por ciento de los 36.000 votantes habilitados de Tambogrande y sus alrededores, a pesar de los intentos de la empresa Manhattan de desalentar el acto electoral, según sus organizadores.
El proyecto minero no se paralizará porque es importante para la economía del país, cualquiera haya sido el resultado de la consulta popular, dijo Dañino.
El gobernante también cuestionó el referéndum porque se ha efectuado sin esperar los resultados del estudio de impacto ambiental. Estamos seguros de que (el estudio) comprobará que la explotación minera no afectará la agricultura de la zona, sostuvo.
Manhattan había prometido en febrero la entrega del estudio de impacto ambiental, pero ahora aduce que aún no ha concluido la tarea, que se está haciendo según la legislación peruana y según los más exigentes estándares internacionales, dijo el presidente de la firma en Perú, Roberto Obradovich.
La empresa con sede en Vancouver gastó alrededor de 55 millones de dólares en los estudios previos y la inversión total demandará no menos de 300 millones de dólares, dijo Obradovich.
El subsuelo de Tambogrande alberga importantes yacimientos de oro, cobre y zinc, entre otros minerales, que atrajeron el interés de varias transnacionales.
Manhattan obtuvo en 1999 permiso para explotar los minerales en 89.000 hectáreas alrededor de Tambogrande. La autorización fue expedida por el gobierno, entonces presidido por Alberto Fujimori, destituido por el Congreso en 2000 y hoy refugiado en Japón.
Los cultivos del valle que circunda Tambogrande ocupan 42.000 hectáreas, explotadas por 8.000 agricultores que temen, además de la contaminación del suelo y el aire, una gran competencia con la mina por el uso del agua.
En la campaña electoral de 2001, Toledo se comprometió en Piura, departamento de 1,4 millones de habitantes, a cerrar el paso al proyecto, si bien ahora parece dispuesto a imponerlo.
Mediante una intensa campaña radial en la zona y visitas domiciliarias, Manhattan trató sin éxito de convencer a la ciudadanía de Tambogrande de que la minería no perjudicaría la agricultura del valle.
Al mismo tiempo, la transnacional realizó en Lima una campaña en diversos sectores de la opinión política, esgrimiendo las supuestas ventajas económicas y fiscales de su iniciativa.
Un comunicado de la empresa indica que la construcción de la mina creará 1.500 empleos y que, al cabo de las obras, se consolidarán 350 puestos de trabajo permanentes. Además, aseguraron, la explotación minera en Tambogrande facturará 200 millones de dólares anuales en exportaciones.
La tecnología de avanzada que se aplicaría en las obras y en la explotación de la mina ya fue probada en Chile y en Nueva Zelanda, donde se logró una buena convivencia entre la gran minería y la agricultura, afirmó Manhattan.
Pero las autoridades municipales de Tambogrande y organizaciones ambientalistas sostuvieron que, cualquiera sea la tecnología que se utilice, la explotación a cielo abierto causará una contaminación masiva y violenta, que arruinará la agricultura de la zona.
En Perú hay innumerables ejemplos de lo que ocurre en una zona agrícola cuando se instala la explotación minera. Que den testimonio los campesinos de Ilo y Marcona, en la costa sur, de Cerro de Pasco, en la sierra central, y de Cajamarca, en la sierra norte, comentó el ambientalista Ulises García.
El resultado de la consulta popular en el valle de Tambogrande es un duro traspié para Manhattan y para el presidente Toledo.
El alcalde de Tambogrande, Alfredo Rengifo, atribuyó la falta de asistencia de la ONPE en el referéndum a presiones del gobierno, el cual se dio cuenta de que la población estaba contra el proyecto minero.
Entonces, la ONPE se rehusó a supervisar la consulta, pero de todas maneras la llevamos adelante, con observadores internacionales pertenecientes a organizaciones no gubernamentales de Alemania, Canadá, Holanda e Italia, dijo Rengifo.
También supervisaron el acto electoral representantes de organizaciones ambientalistas peruanas, de universidades y de la Iglesia Católica, así como algunos parlamentarios opositores.
Cuatrocientos policías procedentes de localidades vecinas se desplegaron en Tambogrande para impedir que se repitieran los violentos disturbios del 27 de febrero de 2001, cuando vecinos enardecidos asaltaron e incendiaron las oficinas de Manhattan y expulsaron a los representantes de la empresa.
Pero la consulta, que se realizó en escuelas públicas, transcurrió en un clima de tranquilidad. La nota discordante fue que, según residentes del distrito de Sinchi Roca, representantes de Manhattan recorrieron el lugar ofreciendo el equivalente a 29 dólares a quienes se abstuvieran de acudir a las urnas.
Rengifo anunció que esgrimirá los resultados del referéndum ante el Congreso legislativo para que el órgano haga respetar la voluntad popular. (FIN/IPS/al/mj/en dv/02
