Organizaciones no gubernamentales reclamaron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) un debate sobre propuestas para proteger los intereses de los agricultores más pobres del mundo.
La cuestión es urgente pues la agricultura cumple un papel esencial para asegurar el derecho humano a la alimentación y el derecho al desarrollo, subrayó Celine Charveriat, de Oxfam Internacional, una de las instituciones que firmaron la petición.
La conferencia ministerial de la OMC celebrada en noviembre en Qatar, prometió que las nuevas negociaciones sobre el acuerdo de agricultura otorgaría concesiones y compromisos a favor de los países en desarrollo.
Pero el permanente rechazo de la Unión Europea a eliminar sus subvenciones a las exportaciones y la ley agrícola sancionada en Estados Unidos para respaldar con abultados subsidios a su sector interno, sugieren que esas promesas corren el riesgo de quedar incumplidas, sostuvieron las 11 organizaciones firmantes.
Las propuestas reivindicadas por las organizaciones no gubernamentales forman parte de la Caja de Desarrollo, una iniciativa destinada a asegurar la supervivencia y el crecimiento económico de los pequeños agricultores.
A través de la Caja de Desarrollo se propone fortalecer el acuerdo de agricultura de la OMC con disposiciones especiales relacionadas con la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y la erradicación de la pobreza.
Cuba, El Salvador, Honduras, Kenia, Nicaragua, Pakistán, República Dominicana, Senegal, Sri Lanka y Zimbabwe impulsaron la idea de agregar una Caja de Desarrollo al acuerdo de agricultura.
Los sistemas de cajas, que se identifican por colores, como caja verde, caja ámbar o caja azul, son recursos adoptados por la OMC para incluir excepciones que otorgan tratamientos especiales, destinados casi siempre a favorecer a países industrializados.
Charveriat apuntó que los países industriales se reservaron el derecho de acordonar algunas áreas del acuerdo de agricultura mediante excepciones de la caja verde, immpuestas con el argumento de conservar y proteger el ambiente.
También apelaron a ampliar las bases establecidas para aplicar reducción de subvenciones y aranceles. Otro artificio fue la introducción de la cláusula de paz, que exime del riesgo de persecución judicial ante los tribunales de la OMC a los países industrializados que violen el acuerdo de agricultura.
La cláusula de paz rige desde la entrada en vigor del acuerdo, el 1 de enero de 1995, hasta el 31 de diciembre de 2003.
Pero a diferencia de la propuesta Caja de Desarrollo, esas disposiciones se utilizan principalmente para proteger los intereses de la agroindustria internacional, observaron las organizaciones no gubernamentales.
En lugar de reglas comerciales que favorecen a los países ricos y a las compañías agrícolas transnacionales, se necesita apoyar la creación de una producción con valor agregado en los países en desarrollo, subrayaron.
Las organizaciones piden que se promuevan opciones de apoyo a la agricultura de pequeña escala en cada uno de los tres pilares del acuerdo de agricultura.
La conferencia de Doha encomendó a la OMC que las negociaciones sobre agricultura tiendan a tres objetivos: mejoras sustanciales en el acceso a los mercados, reducciones de todas las formas de subvención a las exportaciones, con miras a su remoción progresiva, y reducciones sustanciales de subsidios internos causantes de la distorsión del comercio.
Las opciones de apoyo a los pequeños agricultores deben incluir una prohibición al comercio desleal (dumping), que permitiría a los países aplicar aranceles a las importaciones cuyo valor no supere los costos de producción en el país de origen.
La agricultura campesina suministra la mayoría de los empleos y gran parte del ingreso nacional en los países pobres, especialmente en los más pobres, arguyeron las 11 organizaciones.
Charveriat subrayó que las mujeres dominan la actividad agrícola en los países en desarrollo y tienen un interés vital en las normas que rigen el comercio internacional agropecuario.
Las mujeres son responsables de 60 por ciento del trabajo en la agricultura y en la producción de alimentos en Asia meridional y sudoriental. Pero en Africa, esa proporción se eleva a 80 por ciento.
Por estas razones, las organizaciones no gubernamentales demandan la apertura de un debate sobre la Caja de Desarrollo en las actuales deliberaciones del Comité de Agricultura de la OMC.
Las negociaciones agrícolas se ocuparon esta semana de asuntos relativos a la competencia de exportaciones, y en especial la cuestión de los subsidios de los países ricos.
El comité retomará el diálogo a comienzos de septiembre, sobre la cuestión del acceso a los mercados. El tercer pilar, la reducción de la asistencia interna, se negociará a fines de ese mes.
La declaración de respaldo a la Caja de Desarrollo lleva la firma de Sophia Murphy, del Instituto de Política Agrícola y Comercial de Minneapolis, Estados Unidos, de Jim Redden, del Consejo Australiano de Ayuda a Ultramar, y de Tobias Reichert, del Foro Alemán para Medio Ambiente y Desarrollo.
Otros firmantes son Biswajit Dhar, de Sistemas de Investigación e Información, de Nueva Delhi, India, Gauri Sreenivasan, del Consejo Canadiense de Cooperación Internacional, y Thomas Barasa, de RODI, una organización de Kenia.
La lista se completa con Jim Cornelius, del Banco Canadiense Foodgrains, Rainer Engels, de Germanwatch, Janice Foerde, de la Red Internacional de Género y Comercio-Europa, y de la Coalición Internacional para la Acción de Desarrollo, de Bruselas. (FIN/IPS/pc/dcl/dv/if/02
