Los protagonistas de la crisis institucional de abril en Venezuela se someten a maratónicas interpelaciones en el parlamento, mientras la oposición aumenta la presión por la salida del presidente Hugo Chávez.
El 11 de abril se produjo un golpe de Estado o un vacío de poder, según las dos versiones en debate, luego de que centenares de miles de personas se manifestaron en Caracas para pedir la renuncia de Chávez y la demostración terminó con tiroteos que dejaron 17 muertos y decenas de heridos.
Grupos de generales y almirantes desconocieron la autoridad del presidente y del alto mando, y en la madrugada del 12 de abril, Chávez quedó prisionero o bajo custodia —de acuerdo con las tesis confrontadas— de los militares que se le oponían.
Ese día, a propuesta del comandante del ejército, general Efraín Vásquez, el presidente de Fedecámaras, la principal organización de los empresarios, Pedro Carmona, se proclamó nuevo mandatario, disolvió los restantes poderes públicos y anunció elecciones para un año más tarde.
El 13 de abril, generales y unidades clave del ejército, la armada y la aviación, desconocieron a Carmona y a su régimen, mientras miles de civiles leales a Chávez tomaban las calles de Caracas, rodeaban cuarteles y bases aéreas, y estallaban desórdenes y saqueos en distintos barrios.
El 14 de abril de madrugada, Chávez regresó triunfante al Palacio de Miraflores, sede del gobierno, y Carmona y los oficiales que le apoyaron fueron destituidos y se le inició juicio, en libertad vigilada.
Los cuatro días de protestas, desórdenes, saqueos y represión dejaron un saldo de 85 muertos, todos civiles.
En abril chocaron dos trenes en Venezuela, según el director de la televisora de noticias Globovisión, Alberto Ravell. Pero no hubo un vencedor neto, por lo que ambos polos políticos, que han asfixiado el centro, simplemente trasladaron su enfrentamiento a otros escenarios.
Gobierno y oposición discrepan en casi todo, empezando por el reparto de culpas y la salida posible para la crisis. Entre sus escasas coincidencias se cuenta la exigencia de conocer la verdad y castigar a los culpables de las muertes de los cuatro fatídicos días.
Hubo consenso en conformar una Comisión de la Verdad, lo que aprobó el parlamento sin mayores dificultades, pero su integración se dificulta por las exigencias de partidos y organizaciones no gubernamentales acerca de su carácter, funciones, financiamiento y una ley que garantice su independencia.
El parlamento creó además una comisión para discutir los hechos de la segunda semana de abril que se ha dedicado a interpelar a los protagonistas, a veces por 10 horas.
Sin diputados ni fuerza política ni interpelados ajenos a la polarización en torno de Chávez, estas sesiones son un torneo verbal de acusación y defensa que más que la verdad sobre hechos argumenta posiciones tomadas.
La verdad de abril se ha convertido así en un arma arrojadiza entre políticos oficialistas y de oposición, y de militares que se insubordinaron contra Chávez y los que se mantuvieron leales. Por añadidura, Globovisión y la televisora del Estado transmiten en vivo y en directo las interpelaciones.
Las radioemisoras y los periódicos, la mayoría de los cuales sostiene una líneas editorial de abierta oposición, extraen de cada interpelación lo que les parece más atractivo y le dedican espacios muy destacados. Los interrogatorios parlamentarios se han convertido en una suerte de catarsis nacional.
Acostumbrados al uso intenso de los micrófonos por parte de políticos, periodistas y analistas de oficio, los venezolanos observan, a veces atónitos, a los generales, almirantes y coroneles que exponen sus argumentos y que opacan a los interpelados civiles.
Así, en el fondo, las interpelaciones marchan a contravía de lo pedido por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el colombiano César Gaviria, quien abogó poque en Venezuela cese la deliberación de los militares en asuntos de política.
Varios de los generales y almirantes interpelados claramente dijeron, mirando a las cámaras, que saben que en esos mismos momentos se les está escuchando atentamente en bases y cuarteles.
El primer interpelado, el 2 de este mes, fue Carmona, quien habló mucho y no dijo nada, según resumió el diario iltimas Noticias. Carmona se negó a informar nombres, fechas, reuniones o acompañantes, y tras él todos los opositores han sostenido la tesis de vacío de poder.
Del lado chavista o constitucionalista desfilaron el vicepresidente José Vicente Rangel, el alcalde del oeste de Caracas, Freddy Bernal, el ex ministro del Interior, Ramón Rodríguez, su sucesor, Diosdado Cabello, y el gobernador del sudoccidental estado de Táchira, Ronald Blanco.
También afirmaron que hubo un golpe de Estado el ministro de Defensa, general Lucas Rincón, el comandante del ejército, general Julio García, el ex jefe de la policía política, general Carlos Aguilera, el jefe de la Casa Militar, general José Vietri, y los también generales Francisco Belisario y Eugenio Gutiérrez, de la Guardia Nacional.
Del lado opositor acudieron los alcaldes del este de Caracas Leopoldo López y Henrique Caprile, la periodista Patricia Poleo, el ex presidente del monopolio petrolero estatal Guaicaipuro Lameda, y el jefe de la policía metropolitana Henry Vivas.
Entre los militares que desobedecieron a Chávez o se sublevaron se han presentado el general Vásquez, ex comandante del ejército, el jefe de las escuelas del ejército, general Néstor González, el ex viceministro del Interor, general Luis Camacho y el ex jefe de operaciones de la aviación, general Pedro Pereira, y el general Manuel Rosendo.
También asistieron el ex inspector de la armada, almirante Héctor Ramírez , y el ex jefe de operaciones de esa fuerza, almirante Daniel Comisso.
Los oponentes a Chávez, civiles y militares, han sostenido que como el presidente renunció se produjo un vacío de poder respecto del cual intervinieron mandos castrenses.
El nudo gordiano está en supuestas órdenes de Chávez para activar planes represivos y los disparos contra manifestantes — tanto opositores como de los miles de seguidores del presidente que el 11 de abril rodeaban su palacio—, que llevan al reparto de culpas por el derramamiento de sangre.
Hasta ahora no hay términos medios. El gobierno acusa a los insurrectos de preparar una conspiración o de plegarse a ella, y de utilizar una marcha opositora —en el tercer día de una huelga general— como pretexto para activar un golpe de derecha con fuerte respaldo de los medios de comunicación.
La oposición acusa al gobierno de cerrarse al diálogo y de encender el odio en la población, amén de dictar órdenes de movilización militar con fines represivos y de emboscar a los manifestantes pacíficos con sus pistoleros.
Como soporte, unos y otros presentan cada vez más documentos, testimonios y sobre todo, vídeos y grabaciones de audio. El catártico espectáculo que reemplaza, por ahora, a una búsqueda rigurosa de la verdad criminal, deberá concluir dentro de una semana.
Para entonces, se habrán destapado nuevas cartas en la puja por el poder político en este país petrolero. La oposición insiste en recortar el mandato y se buscan fórmulas para una consulta electoral que evite un nuevo y, según se teme, mucho más sangriento choque de trenes. (FIN/IPS/jz/mj/ip/02
