La polarizada sociedad de Venezuela no ha encontrado aún la salida a la grave crisis política, un mes después de la ola de violencia que derivó en el derrocamiento por dos días del presidente Hugo Chávez.
El regreso de Chávez al gobierno en la madrugada del 14 de abril no aplacó los ánimos ni todavía se han atacado las causas que dieron origen a la inestabilidad institucional, advirtieron analistas.
Ha bajado la intensidad, pero la crisis política sigue siendo aguda, con un distanciamiento total entre los actores políticos con posiciones enfrentadas sobre quién debe gobernar al país, dijo a IPS el director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela, Luis Salamanca.
Por su parte, el analista político Manuel Felipe Sierra, del diario El Nacional, comentó a IPS que el cuadro de crisis no ha variado sustancialmente y que, por el contrario, los hechos de abril añadieron la fractura interna de las Fuerzas Armadas.
Chávez fue detenido en la madrugada del 12 de abril por el alto mando militar, que le pidió la renuncia y apoyó la designación como presidente de facto del empresario Pedro Carmona, que hasta entonces encabezaba Fedecámaras, la principal cámara empresarial del país.
Pero el golpe de Estado se frustró ante la oposición de oficiales con mando de tropa, que se negaron a reconocer a Carmona, y la presencia en las calles de Caracas y otras ciudades el 13 de abril de miles de simpatizantes de Chávez exigiendo su restitución.
Sin embargo, las calles no habían sido hasta ese momento un escenario exclusivo de los chavistas. El 11 de abril, una nutrida manifestación recorrió las principales avenidas de Caracas tras la consigna Chávez vete ya, en lo que fue la antesala del golpe de Estado que se venía gestando meses antes.
Esa marcha de protesta, en el marco de una huelga general organizada por empresarios y sindicatos, fue desviada en algún momento hacia el Palacio de Miraflores (la sede del gobierno), donde se encontraban partidarios de Chávez junto a la custodia presidencial.
En ese marco, francotiradores y manifestantes abrieron fuego, dejando un saldo de 17 personas muertas por impactos de balas y un centenar resultaron heridas.
En los tres días posteriores y mientras reinaba la confusión institucional fueron asesinadas otras 40 personas en saqueos y en la represión de manifestaciones en favor de Chávez.
Sierra señaló que un hecho significativo de la persistencia de la crisis es que un mes después de esas muertes aún no se haya podido integrar la llamada Comisión de la Verdad, que debe investigar de manera independiente los hechos de violencia política de esos días.
La Comisión de la Verdad fue aprobada en la Asamblea Nacional (parlamento) por unanimidad el 25 de abril, cuando también se dispuso que estuviera conformada por seis integrantes de organizaciones no gubernamentales, dos de universidades con centros de derechos humanos y uno religioso.
En esa oportunidad también se nombró otra comisión de legisladores, con la misión de realizar un análisis político de los hechos de violencia, y se designó un equipo de enlace entre las dos comisiones de tres parlamentarios.
Para el analista, la conformación de la Comisión de la Verdad comisión constituye un reto para darle confianza a la sociedad con un esclarecimiento convincente de esos hechos.
Las organizaciones humanitarias más reconocidas de Venezuela no presentaron aún sus candidatos para integrar la comisión por entender que se debe contar con una ley que le brinde apoyo jurídico, para evitar así que el debate político se traslade a ese ámbito de investigación.
Parlamentarios de la oposición consultados por IPS aseguraron que el gobernante Movimiento V República, que tiene mayoría legislativa, ha obstaculizado la aprobación de esa ley requerida por los grupos humanitarios.
Por otra parte, el gobierno de Chávez también instaló una mesa de diálogo, donde ha logrado sentar en su entorno a obispos católicos, algunos gobernadores y alcaldes, periodistas y representantes de organizaciones sociales, pero no a los principales adversarios de Chávez.
La exhortación oficial al diálogo se ha quedado sólo en eso, en exhortación, pues es una instancia con poca posibilidad de viabilizar acuerdos debido a que fueron excluidos dos sectores importantes, la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV, la central sindical mayoritaria) y Fedecámaras, indicó Sierra.
Sectores de oposición también criticaron que ese diálogo no sea pluralista y de que no exista una agenda previa para ello.
El diálogo no puede convertirse en una terapia colectiva. No se instala una mesa de diálogo sólo para dialogar, estas instancias deben verse como mecanismos para llegar a acuerdos y propuestas concretas, precisó el universitario Luis Salamanca.
Para este académico, el gobierno y la oposición son dos actores absolutamente distanciados, aún más después de la crisis de abril, porque tienen distintas posiciones sobre quién debe gobernar el país.
La oposición volvió a proponer un referéndum para que los venezolanos se pronuncien sobre la permanencia en el gobierno de Chávez, una vez que éste retomó el cargo.
Mientras, una encuesta realizada en todo el país por la empresa Datanálisis luego de la crisis de abril reveló que 48 por ciento de los venezolanos consultados cree que Chávez es capaz de resolver los problemas que afronta el país, pero otro porcentaje similar entiende lo contrario.
El director de Datanálisis, Luis Vicente León, señaló que esa marcada polarización en blanco y negro, que deja pocos márgenes de grises en las percepciones sobre el presidente, es el mayor reto de Chávez para lograr la gobernabilidad a largo plazo.
Vivimos un momento muy difícil. El presidente nos decía que tenía el apoyo de todas las Fuerzas Armadas y los hechos demostraron lo contrario. Chávez intentó que sus adversarios desaparecieran políticamente y es ahora con ellos los que debe dialogar, recalcó Salamanca.
A su juicio, la salida a la crisis pasa por alcanzar un pacto político como posibilidad de la diferencia convenida, pues fuera de eso lo único que queda es la confrontación pura, y eso nos puede llevar a una guerra entre venezolanos.
En similar posición se manifestó José Vicente Rangel, vicepresidente del país y principal operador político del gobierno, quien aseveró que en Venezuela la única alternativa es dialogar, porque el resto es la guerra civil, debido a la evidente polarización actual.
A pesar de los llamados al diálogo, que han proliferado en las últimas semanas, la crisis política venezolana sigue agudizándose. (FIN/IPS/ac/dm/ip/02
