La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE), se apresta a crear una fuerza comunitaria para controlar las fronteras del bloque con el propósito de frenar la inmigración ilegal, el narcotráfico y el contrabando.
La iniciativa procurará equilibrar las demandas de controles fronterizos más efectivos y severos con el respeto de los derechos de los solicitantes de asilo, sostuvieron autoridades de la UE.
El control de las fronteras del bloque de 15 naciones europeas debe ajustarse, sobre todo con vistas a la incorporación de 10 países de Europa oriental, prevista para enero de 2004, aseveró un comunicado de la Comisión Europea.
El presidente del cuerpo, Romano Prodi, instó a que la vigilancia se lleve a cabo en forma compartida por los estados miembros, mediante la creación de una policía fronteriza común y especializada.
Los límites externos del bloque son el eslabón más débil de la cadena y el público reclama que se aumente el nivel de seguridad interna en la UE, dijo el comisario de Justicia e Interior, Antonio Vitorino.
Si mejoramos la vigilancia fronteriza, también haremos más claros y transparentes los procedimientos para todas las partes involucradas. Cuando ajustamos el cruce de la frontera entre Rusia y Finlandia fue un éxito para ambas partes, agregó Vitorino.
Organizaciones de derechos humanos reclaman a la UE que no retacee el derecho de asilo en nombre de la seguridad. La prioridad de patrullar las fronteras para combatir el terrorismo, el crimen organizado y la inmigración ilegal suele desplazar los derechos de los refugiados, arguyen.
El Consejo Europeo sobre Refugiados y Exiliados (ECRE), una coalición de 72 organizaciones civiles en 28 países, aseguró que existen evidencias de que las nuevas medidas inmigratorias y el combate al narcotráfico y el contrabando están minando el derecho de los refugiados.
No han dudas de que las personas perseguidas tienen cada vez más obstáculos para salir de sus países, lo cual viola al derecho de asilo, sostuvo la organización en un informe.
La policía comunitaria de fronteras se convirtió en una cuestión política importante para los países del bloque en los últimos años. Los sectores de extrema derecha que promueven políticas contrarias a la inmigración han logrado avances considerables en el electorado.
Los partidos de izquierda y centro-izquierda condenan las medidas de la llamada fortaleza Europa, destinadas a cerrar las puertas a refugiados, asilados e inmigrantes.
Sin aludir al vínculo entre la propuesta de la Comisión Europea y el crecimiento de la extrema derecha en las elecciones presidenciales de Francia este mes, Prodi aseguró que la forma de combatir los extremismos es contar con una política clara y un mecanismo claro para llevarla adelante.
Saludamos las referencias a la necesidad de respetar el derecho de asilo en el combate a la inmigración indocumentada y el tráfico de seres humanos, pero dudamos que una nueva política fronteriza alcance ese respeto en la práctica, dijo la integrante del ECRE, Irene Donadio.
No se debería exigir visa a los ciudadanos procedentes de países donde se libran guerras civiles, la violencia es generalizada o se perpetra una masiva violación de derechos humanos, sostuvo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Ruud Lubbers.
Pero la lista de países a los que la UE exige visas incluye a Afganistán, Iraq y Sri Lanka, naciones que viven algunas de esas situaciones extremas.
Los controles migratorios suelen provocar que los refugiados queden en un limbo, dijo el portavoz del Acnur, Diederik Dramers.
Dos inmigrantes indocumentados que llegaron a España este mes en un barco procedente de Chipre, fueron expulsados por ese país, y viajaron entonces a Irlanda, donde funcionarios de inmigración irlandeses y británicos les impidieron el ingreso. Finalmente se les permitió solicitar asilo en Suecia.
La Comisión de Iglesias para los Inmigrantes en Europa (CCME) no se opone a los controles fronterizos siempre que se mantengan abiertos los canales para ingresar a la UE, dijo la secretaria general de la organización, Doris Peschke.
Existen pruebas de que Italia y Grecia no están respetando las leyes internacionales sobre refugiados. Las solicitudes de asilo de ciudadanos que llegaron en los últimos meses a Italia en embarcaciones precarias desde Afganistán, Iraq y Turquía no fueron consideradas individualmente, según el CCME.
La organización manifestó su preocupación por arrestos injustificados, maltrato en los procedimientos de deportación e inadecuado tratamiento de las solicitudes de asilo. (FIN/IPS/tra- eng/gh/ss/dcl/ip/pr/hd/02
