La Corte Suprema del sudoccidental estado de California, en Estados Unidos, negó a la firma Nike el derecho a divulgar afirmaciones falsas sobre las condiciones de trabajo en Asia de quienes fabrican sus productos.
La compañía sostiene que ejerció su derecho a la libre expresión al realizar esas afirmaciones y se propone apelar ante la Corte Suprema federal el fallo, que puede sentar un precedente clave sobre la responsabilidad de corporaciones por su publicidad y por otros tipos de mensajes públicos acerca de sus operaciones.
El caso puede tener repercusiones mucho más allá de los límites de California, cuyos 35 millones de consumidores reciben ofertas de casi todas las grandes compañías del mundo.
Las leyes californianas de defensa del consumidor son las de alcance más amplio en el país y habilitan a cualquier ciudadano a presentar demandas, aunque no pueda probar que fue perjudicado en forma personal y directa por publicidad o declaraciones engañosas de alguna empresa.
Nike, productora de calzado e indumentaria para deportes, mantiene contratos con unos 700 proveedores de más de 50 países, muchos de los cuales explotan en forma extrema a sus trabajadores, según activistas por los derechos laborales y críticos de la globalización de la economía.
Ante esas acusaciones, la firma lanzó a mediados de los años 90 una agresiva campaña de relaciones públicas, en la cual aseguró que sus proveedores cumplían en forma escrupulosa las normas laborales de sus respectivos países sobre salario mínimo, pago de horas extra, así como las sanitarias y ambientales.
La campaña fue realizada mediante espacios contratados en medios de comunicación, cartas a directores de esos medios, comunicados de prensa y declaraciones, con la misma destreza publicitaria que contribuyó al rápido crecimiento de la compañía durante los años 80 y comienzos de los 90.
La firma también pagó auditorías de fábricas de algunos de sus proveedores a la consultora Goodworks International, propiedad de Andrew Young, quien fue embajador estadounidense ante la Organización de las Naciones Unidas durante el gobierno de Jimmy Carter (1977-1981).
Las conclusiones de Goodworks, favorables a los intereses de Nike, fueron divulgadas por la transnacional mediante espacios contratados de página completa en diarios.
Activistas sostuvieron que podían probar que la campaña divulgaba falsedades, incluyendo a las conclusiones de la consultora, y el ambientalista californiano Marc Kasky presentó sobre esa base una demanda contra Nike, a la cual acusó en 1998 de prácticas comerciales desleales.
Los defensores de la compañía, con sede en el noroccidental estado estadounidense de Oregon, alegaron que sus afirmaciones estaban amparadas por la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión.
Entre las organizaciones que apoyaron esa tesis estuvo la organización no gubernamental (ONG) Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
El fallo de la Corte Suprema californiana recibió elogios de activistas por los derechos laborales y la responsabilidad de las corporaciones, que lo consideraron crucial para frenar refinadas y engañosas campañas de relaciones públicas realizadas por empresas para defender sus prácticas.
La decisión judicial advirtió a las firmas que lo que dicen debe coincidir con lo que hacen, en vez de ocultar la realidad, comentó Josh Karliner, director de la ONG californiana CorpWatch, que vigila actividades de grandes firmas.
También abre la puerta para desafiar otras ficciones montadas por las corporaciones y sus vicarios, afirmó el activista por los derechos laborales Jeff Ballinger, de la Universidad de Harvard, uno de los primeros en revelar la explotación de trabajadores por parte de proveedores indonesios de Nike.
Ann Brick, activista de la ACLU, dijo en cambio al periódico The Legal Times que el fallo excluye a las compañías de la discusiones públicas sobre cualquier asunto que las afecte.
Eso es la total antítesis del principio básico de la Primera Enmienda: que corresponde a la gente, no al gobierno, decidir quién está en lo correcto y quién no cuando se producen tales discusiones, arguyó.
El alcance de la Primera Enmienda excluye el discurso comercial, y el centro de la discusión legal fue si la campaña de Nike debía considerarse comercial o no comercial.
El fallo en primera instancia dio la razón a Nike y afirmó que la demanda de Kasky no correspondía, por referirse a un discurso no comercial. Esa posición fue ratificada luego por el Tribunal de Apelación, con el argumento de que la firma se había expresado sobre un asunto de interés público.
Sin embargo, cuatro de los siete integrantes de la Corte Suprema de California decidieron revocar los dos fallos anteriores sobre el caso.
Una corporación debe decir la verdad cuando realiza afirmaciones sobre sus propios productos u operaciones, sostuvo la jueza Joyce Kennard, integrante de la mayoría que aceptó la demanda, en el fundamento escrito de su posición.
Los jueces deben verificar tres requisitos para decidir que un discurso es comercial, y en consecuencia no protegido por la Primera Enmienda: que el emisor esté involucrado en el comercio, que los receptores buscados sean actuales o potenciales clientes, y que el contenido del mensaje sea de carácter comercial, indicó.
El contenido de un discurso es de carácter comercial cuando es probable que ejerza influencia sobre las decisiones comerciales de consumidores, explicó.
Las condiciones laborales asociadas con la producción de un bien son importantes para las decisiones de un significativo segmento de los consumidores, afirmó en relación con el caso contra Nike.
Los tre alegaron que el discurso comercial debe ser tan protegido como el no comercial.
Dos de los tres integrantes de la Corte Suprema que quedaron en minoría sostuvieron por escrito que la firma y quienes la critican debían contar con garantías equivalentes.
Los críticos son amparados por la Primera Enmienda, pero Nike no recibe esa protección cuando trata de defenderse de ataques, y pueden ser condenada a brindar reintegros o desagravios, entre otras sanciones civiles, aseveraron. (FIN/IPS/tra-eng/jl/ml/mp/if hd/02
