Australia anunció un aumento sustancial en el presupuesto de los próximos cinco años para repeler a solicitantes de asilo y aplicar nuevas medidas antiterroristas, invocando los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos.
Cuando el gobierno se sentó a elaborar el nuevo presupuesto, consideró que la prioridad sería una Australia más segura, con fronteras, defensa y economía más fuertes, declaró el secretario del Tesoro, Peter Costello, al anunciar la medida el martes de noche.
Para aumentar la seguridad de las fronteras, dijo Costello, el gobierno planifica gastar en los próximos cinco años 1.500 millones de dólares, poco menos que todo el presupuesto anual de ayuda para el desarrollo, con el fin de impedir que solicitantes de asilo lleguen a las orillas de Australia.
Los fondos incluyen 660 millones de dólares para la llamada solución del Pacífico, por la cual los solicitantes de asilo que llegan a aguas australianas son trasladados a centros de detención de las islas de Naurú y Manus, en Papúa-Nueva Guinea.
Para justificar el alto costo de esa solución, Costello arguyó que el número de ingresos ilegales de extranjeros se redujo sustancialmente.
No hubo ingresos no autorizadas por mar en Australia desde diciembre de 2001, aseguró el funcionario.
La magnitud del nuevo presupuesto indigna a las organizaciones de apoyo a los refugiados.
Las medidas de protección de las fronteras responden a intereses propios (del gobierno) y contrarían todo sentido de humanidad. Son vendidas a un público australiano crédulo vinculadas con el antiterrorismo, dijo la directora ejecutiva del Consejo de Refugiados de Australia, Margaret Piper.
El gobierno asignó también 40,7 millones de dólares para financiar programas destinados a impedir que solicitantes de asilo pasen por Malasia e Indonesia antes de embarcarse rumbo a Australia.
Otros cinco millones serán destinados a la repatriación voluntaria de solicitantes de asilo de Afganistán, Irán e Iraq.
El Consejo Australiano para la Ayuda de Ultramar advirtió que la solución del Pacífico insumirá fondos que de otra forma serían destinados a programas de alivio de la pobreza.
El Consejo cree firmemente que los fondos de ayuda al desarrollo no deben desviarse hacia la solución del Pacífico, declaró la organización.
Los críticos creen que el discurso antiterrorista del gobierno es una pantalla de humo para la aprobación de leyes que habilitarán a ministros a proscribir organizaciones políticas y comunitarias, si son aprobadas por el Senado esta semana.
Los proyectos de ley, que este miércoles fueron excluidos del debate parlamentario previsto, afrontan creciente resistencia de miembros del gobierno, organizaciones comunitarios y analistas de la prensa.
La proscripción de organizaciones, ya sea hecha por un ministro, por un juez o por el parlamento, es un ataque a la democracia, afirmó el activista Damien Lawson, de la Federación de Centros Jurídicos Comunitarios.
El parlamento también considerará una propuesta para permitir que las agencias de seguridad detengan a personas por tiempo indefinido sin acceso a abogado, si se sospecha que tienen información sobre terrorismo.
Organizaciones de la sociedad civil confían en que la oposición a esos proyectos crecerá.
Tenemos posibilidades reales de derrotarlos. Cada día, nuestra campaña gana fuerza, manifestó Lawson. (FIN/IPS/tra- en/bb/mlm/pr hd/02
