La Red Europea contra el Racismo (ENAR) lanzó este viernes en la capital italiana una campaña por el reconocimiento del derecho de los inmigrantes de la UE a su naturalización en los países de residencia.
ENAR, que reúne más de 200 organizaciones no gubernamentales de los 15 países de la UE (Unión Europea), anunció que concentrará su presión sobre la Comisión Europea, máximo órgano ejecutivo del bloque, y sobre el Parlamento Europeo y el Consejo, en el que participan los jefes de gobierno.
Nosotros no queremos que la población europea se divida entre los residentes de primera, de segunda y de tercera clase, porque la ciudadanía no se debe basar en la nacionalidad sino en la residencia, manifestó la dirigente de ENAR Claire Rodier.
La historia demuestra que la obtención de la ciudadanía será objeto de luchas sociales, pronosticó Rodier.
ENAR, fundada en 1998 y con sede en Bruselas, postula una Europa multicultural, respetuosa de la diversidad, afirmó la activista.
La red alienta una política europea de inmigración sin discriminaciones, exige la equidad universal de derechos y deberes y se movilizará para que el derecho a la ciudadanía sea reconocido a todos los residentes de la UE.
El otro objetivo de la campaña es facilitar el reencuentro de las familias divididas por la emigración, a pesar que después de los atentados en Estados Unidos del 11 de septiembre se han cerrado las fronteras y acentuado la expulsión de inmigrantes, sostuvo Rodier.
Otra complicación es la diversidad de sistemas existentes en los países de la UE para otorgar la residencia definitiva a los extranjeros, paso previo a la obtención de la nacionalidad, indicó el dirigente de la no gubernamental Coordinación Europea por el Derecho de los Extranjeros a Vivir en Familia, Germano Garato.
Portugal exige 10 años de afincamiento para conceder la residencia definitiva, Alemania, Austria, Bélgica, España, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia y Luxemburgo, cinco, Gran Bretaña y Suecia, cuatro, Dinamarca y Francia, tres, y Finlandia dos, explicó Garato.
El activista señaló, por otra parte, que el derecho de los inmigrantes a vivir con su familia ha sido reconocido como fundamental por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1950 y por numerosas convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Después de la segunda guerra mundial (1939-1945), los países de Europa requerían de mano de obra para reconstruir su economía, por lo que dictaron normas que favorecían la inmigración.
Esta situación empezó a cambiar en la recesión de los años 60, durante la cual numerosos países europeos bloquearon la inmigración y endurecieron las reglas para el reencuentro de las familias de los trabajadores inmigrantes.
El Consejo de la UE aún no aprobó una propuesta emitida por la Comisión Europea el 1 de diciembre de 1999 para facilitar el reencuentro de las familias de los inmigrantes.
Para que los familiares puedan residir junto al inmigrante, se exige que éste haya obtenido el permiso de residencia permanente. Por otra parte, la definición legal del concepto de familia también varía entre los distintos países.
Las leyes de algunas naciones incluyen sólo a cónyuges e hijos del inmigrante, y las de otros también a familiares económicamente a su cargo.
También existen diferencias en las normas que rigen la concesión de ciudadanía.
Bélgica exige tres años desde la obtención de la residencia definitiva para comenzar a tramitarla, Austria, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Irlanda y Suecia, cinco, Alemania ocho, Dinamarca siete, Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal y España, 10, y Finlandia 18.
Unas 500.000 personas intentan ingresar cada año ilegalmente a países de la UE, según un estudio del bloque. Trece millones de inmigrantes no procedentes de alguno de los 15 países residen en el bloque legalmente. En Alemania son cerca de cinco millones, en Francia, cuatro, en Gran Bretaña, 1,8, y en Italia, 1,2 millones.
El país de la UE con mayor número de trabajadores extranjeros es Alemania, con 3,46 millones, 8,7 por ciento de su fuerza de trabajo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que reúne entre sus 30 miembros a todos los países industrializados y a los 15 del bloque europeo.
Le sigue Francia, con 1,6 millones, 6,1 por ciento de su población económicamente activa, Gran Bretaña, con 1,13 millones, 3,9 por ciento de su fuerza de trabajo, e Italia, con 748.000, equivalente a 3,6 por ciento. (FIN/IPS/jp/mj/pr/02
