Los casinos y las máquinas tragamonedas desaparecerán de Perú en 2005, según una decisión adoptada por ajustada votación en el parlamento, donde prevalecieron los argumentos de atención a la salud mental y de evasión tributaria.
La iniciativa fue tratada en el Congreso legislativo a partir del informe de una comisión investigadora, que advirtió los riesgos sociales de una actividad que fomenta la adicción patológica a los juegos de azar y confirmó una importante evasión de tributos y hasta presunción de estafa.
El Congreso legislativo aprobó por 35 votos a favor, 33 en contra y 16 abstenciones el cierre definitivo de los casinos y otro tipo de locales de juego de azar a partir del 1 de enero de 2005, así como el aumento inmediato del impuesto sobre las utilidades, hoy de 19 por ciento.
Se decidió igualmente que hasta 2005 se destine 10 por ciento de los impuestos pagados por ese sector al Instituto Peruano de Deportes.
En Lima, con siete millones de habitantes, existen 386 casinos y otros locales de juego y casi 22.000 máquinas tragamonedas, que según cálculos parlamentarios mueven más de 400 millones de dólares al año, aunque se tributa por menos de la mitad.
El presidente de la Comisión de Economía, Jesús Alvarado, informó que 58 por ciento de los locales de juego carecen de autorización y, por tanto, no pagan impuestos y que los casinos legalmente establecidos evaden al fisco.
Alvarado, del gobernante partido Perú Posible, añadió que la investigación reveló estafas en el pago de premios a los jugadores.
Los casinos no cumplen con la obligación legal de destinar 85 por ciento de lo recaudado en las mesas de juego al pago de premios y no existen mecanismos para controlar que las máquinas tragamonedas destinen 60 por ciento de sus ingresos a los premios como mandata la ordenanza respectiva, explicó el legislador.
Esos argumentos de carácter legal y tributario se sumaron a las objeciones morales de los parlamentarios que promovieron el debate, señalando que el juego legalizado es una amenaza contra la salud pública.
Los objetores se respaldaron en exhortaciones contra el juego legalizado emitidas por la Iglesia Católica y en recomendaciones de la Asociación de Psiquiatras de Perú y de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que califican el juego compulsivo como una patología socialmente peligrosa.
El XX Congreso Latinoamericano de Psiquiatría, celebrado en septiembre de 2000 en Lima, recordó a los gobiernos de la región que la OMS considera la adición al juego como una enfermedad mental y recomendó adoptar medidas de control contra su expansión.
El presidente de la Comisión de Industria del Congreso, Jorge Mufarech, en atención a esas recomendaciones, propuso el cierre de los casinos y la prohibición de las máquinas tragamonedas en el plazo más corto posible, porque promueven la ludopatía, es decir la adicción compulsiva al juego.
Los locales de juego de azar estuvieron prohibidos en Perú hasta 1997, cuando se aceptó el funcionamiento de casinos sólo en hoteles de categoría cinco estrellas, para favorecer a la industria turística.
Luego se habilitaron de manera progresiva salas de juego de azar en hoteles cuatro estrellas y en la modalidad de bingo, que son de libre acceso y dotadas de máquinas tragamonedas.
El siguiente paso fue la aparición de decenas de locales con máquinas tragamonedas, en su mayor parte adquiridas de segunda manos en países asiáticos, establecidos en barrios limeños de clase media y pobres.
El legislador Carlos Infantes exhibió en el parlamento un vídeo que mostró varios estos locales en los barrios más pobres de la capital peruana y cuya clientela en mayor parte es infantil.
La exhibición de ese documental fue un golpe de efecto decisivo en la discusión parlamentaria para volcar adhesiones a favor de la prohibición de las salas de juego de azar a partir de 2005.
Pero los empresarios afectados comenzaron una fuerte campaña de prensa y publicitaria contra la decisión parlamentaria.
Un lujoso folleto fue distribuido en víspera de la celebración del Día de la Madre, que en Perú se celebra el segundo domingo de mayo, para rendir homenaje a las mujeres mayores que constituyen 60 por ciento de los clientes habituales de las salas de bingo.
Además, la Sociedad Nacional de Juego de Azar (Sonaja), que agrupa a los propietarios de casinos, bingos y de locales con máquinas tragamonedas, sostuvo en un comunicado que la medidas adoptada cuasará el despido de 55.000 trabajadores y pérdidas por 180 millones de dólares invertidos hasta ahora en el sector.
Sonaja añade que la norma obligará a cerrar los casinos el primero de enero de 2005 desalentará las futuras inversiones extranjeras.
Los casinos fueron aprobados en 1997 para promover la industria turística, y empresarios nacionales y extranjeros han hecho inversiones importantes al amparo de la legislación que aprobó su funcionamiento, dijo el presidente de Sonja, Eddie Thornberry.
El empresario precisó que cuatro importantes empresas extranjeras operan en casinos en Perú, de dos ellas son estadounidenses, con 17 salas en conjunto, una es española, con 12, y la otra es austríaca, con 11 salas.
Sin duda, que esas empresas pedirán a los gobiernos de sus respectivos países que exhorten al presidente peruano Alejandro Toledo a demostrar que en Perú hay estabilidad jurídica y que se respetan los compromisos adquiridos con las inversiones, apuntó Thornberry. (FIN/IPS/al/dm/if/02
