El Mercosur puede resultar afectado por una polémica en Brasil sobre el arancel que debe servir de base a la futura Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
El secretario general de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Rubens Ricúpero, señaló que el gobierno brasileño, en un proceso para nada transparente, aceptó adoptar como punto de partida en las tratativas para crear el ALCA el arancel efectivamente cobrado, de 10 a 12 por ciento.
El funcionario entiende que se debió plantear el arancel de 35 por ciento, que es el máximo autorizado por la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Esa actitud de Brasilia significa renunciar, por docilidad y condescendencia sumisa, a una protección necesaria para sectores productivos nacionales y comenzar las negociaciones con menor margen de permuta, apuntó Ricúpero, quien fue embajador y ministro de Hacienda de Brasil.
El criterio adoptado es menos aceptable hoy, cuando Brasil necesita un mayor superávit comercial para defenderse de posibles turbulencias financieras internacionales y Estados Unidos aumenta su proteccionismo, acotó el experto, en un artículo publicado el 19 de este mes en el diario Folha de Sao Paulo.
Las negociaciones comerciales usualmente fijan como base inicial el arancel consolidado, agregó Ricúpero, quien exhortó al parlamento, al presidente Fernando Henrique Cardoso y a los candidatos a sucederlo a examinar con atención el asunto, en defensa de los intereses nacionales.
El gobierno respondió sólo cinco días después a través de una nota de la cancillería en la cual se reconoce que, de hecho, se adoptó como arancel base para la desgravación el porcentaje que efectivamente se aplique el 1 de enero de 2004. Sostuvo que esa es la alternativa mejor y más racional.
El canciller Celso Lafer arguyó que Brasil negocia en el ALCA como miembro del Mercosur (el Mercado Común del Sur conformado además por Argentina, Paraguay y Uruguay), cuyo arancel externo común promedio es de 14 por ciento en la actualidad, pero con listas dispares en cada país miembro para algunos sectores.
Más importante que el nivel arancelario inicial son los plazos más largos de desgravación para los productos más sensibles, que hoy tienen aranceles elevados y muy cercanos al nivel máximo autorizado por la OMC, agrega la nota.
Los productos con aranceles efectivamente cobrados muy inferiores al consolidado presentan esa gran diferencia, porque son los más competitivos y por tanto no necesitan una protección adicional, completó Lafer.
La polémica se instaló en medio de la disputa electoral, pues el plazo para decidir la cuestión es el 15 de abril de 2003 y, por tanto, quedará en manos del nuevo gobierno a instalarse el 1 de enero y que surgirá de la primera vuelta presidencial del 6 de octubre o de la segunda ronda prevista para 21 días después.
Ricúpero respondió a la cancillería observando que no tiene sentido someter en favor del Mercosur los intereses de Brasil, pues su peso económico supera y mucho el de los demás socios del bloque sumados.
También precisó las encontradas versiones de varios miembros del gobierno sobre la posición asumida por Brasilia, reflejando la falta de transparencia en un asunto de graves consecuencias para la industria y el desarrollo del país.
Entre otros pronunciamientos, se destacaron las discrepancias del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, en consonancia con los industriales, con el resto del gobierno.
La Coalición Empresarial Brasileña, en representación del conjunto de sectores productivos, defendió inicialmente el arancel máximo autorizado por la OMC de 35 por ciento, comentó Sandra Ríos, economista responsable del área de Integración Internacional en la Confederación Nacional de la Industria.
Pero los empresarios reconocían también en esa oportunidad las dificultades de sostener esa alternativa en las negociaciones en el ALCA, porque representaría la ausencia de cualquier preferencia arancelaria que concediera Brasil en los primeros años de integración continental.
Por eso, la Coalición Empresarial admitió como aceptable adoptar como base el arancel externo común del Mercosur, con eventuales correcciones hasta el inicio de entrada en vigor del ALCA, explicó Ríos, buscando así aclarar la posición de los industriales ante la polémica desatada.
La elección del arancel consolidado permitiría a la industria nacional ganar tiempo, manteniendo una alta protección en los años iniciales del ALCA, pero con reducción arancelaria acelerada después, mientras la otra opción ofrece una desgravación uniforme y más suave, explicó la economista.
Así, cualquier resultado de las elecciones de octubre podrá acentuar la polémica, ya que el principal candidato opositor y favorito en las encuestas, el izquierdista Luiz Inacio Lula da Silva, y el oficialista José Serra no son tan propensos a la apertura comercial como el actual gobierno de Cardoso.
La decisión brasileña, de cualquier forma, tendrá efectos en el Mercosur. Los demás países miembros, con mercados más abiertos, se oponen al elevado arancel máximo de 35 por ciento.
Sin embargo, la otra alternativa deberá provocar presiones brasileñas por cambios en el arancel externo común que proteja mejor su industria.
Pero esta polémica puede ser inútil, ya que el ALCA parece cada día más lejos, ante las medidas proteccionistas aprobadas en Estados Unidos, como el aumento de subsidios agrícolas, los sobrearanceles aplicados al ingreso de acero y las restricciones impuestas por el Congreso para negociar al presidente George W. Bush. (FIN/IPS/mo/dm/if/02
