Indonesia puede lograr ingresos de 2.000 millones de dólares por la venta a China de gas natural de la oriental provincia de Papúa Occidental, pero la población local teme recibir escasa parte de las ganancias.
Papúa Occidental es rica en recursos naturales pero tiene graves problemas de pobreza, debido a la escasa parte que le corresponde en la distribución del presupuesto de unos 3.000 millones de dólares asignado por el gobierno central a las provincias.
Eso ocurre pese a que varias empresas trasnacionales han invertido en proyectos que se llevan a cabo en la provincia, que ocupa la mitad occidental de la isla de Nueva Guinea.
Yakarta presentó en abril su oferta final a Beijing para la licitación del suministro de gas natural licuado, que la petrolera estatal Pertamina extraería de la bahía de Bintuni en sociedad con la firma británica BP PLC, la tercera del mundo.
Las tareas de prospección realizadas para el proyecto, denominado Tangguh LNG, indican que las reservas de gas en la zona permitirían la extracción de unos tres millones de toneladas anuales durante 10 o 15 años, una vez que la petrolera británica termine en 2006 las obras de infraestructura necesarias.
Altos funcionarios del país, incluyendo a la presidenta Megawati Sukarnoputri, han visitado China para enfatizar el interés del gobierno en la licitación.
Las inversiones en Papúa no benefician a los papuanos. Esos dólares van a los bolsillos de gente del gobierno central, no a los nuestros. Lo único que recibimos es violencia, dijo a IPS un estudiante de Papúa Occidental residente en Yakarta, en alusión a la represión del movimiento separatista de su provincia.
Por otra parte, numerosos activistas han expresado temor de que Tangguh LNG implique problemas ambientales y de seguridad para la provincia, donde está una de las mayores selvas húmedas tropicales del mundo, como ha ocurrido con otros proyectos transnacionales.
Las selvas de Papúa Occidental son 24 por ciento del área forestada del país, y la provincia posee grandes reservas subterráneas y submarinas de petróleo, gas natural y cobre.
Hay alto riesgo de que el proyecto de BP cree problemas similares a los de la explotación de cobre que realiza (la firma estadounidense) Freeport McMoRan desde los años 60, dijo a IPS la activista Nur Hidaryati, de la organización no gubernamental (ONG) Foro Indonesio por el Ambiente, con sede en Yakarta.
BP ha hecho muchas promesas. Freeport también las hizo, pero nunca las cumplió, agregó.
Activistas por los derechos humanos alegan que esa firma, la mayor pagadora de impuestos del país, es responsable moral de secuestros y asesinatos cometidos por militares que custodian sus instalaciones.
Freeport McMoRan asegura que las acusaciones no tienen base. BP anunció su voluntad de involucrar en la seguridad del proyecto a los residentes en el área donde se llevará a cabo, para evitar problemas similares a los relacionados con las actividades de Freeport, y ha contratado a asesores militares y otros expertos en seguridad para desarrollar un proyecto en la materia.
Sin embargo, la ONG ambientalista británica Down to Earth expresó en un informe dudas de que esa promesa se cumpla, con el argumento de que los militares obtienen cuantiosos ingresos por proteger a firmas transnacionales, y no estarán dispuestos a perder el negocio con BP.
Las decisiones sobre la custodia de instalaciones de BP en Papúa Occidental dependen de factores que esa firma no controla, explicó.
El mismo grupo señaló el mal antecedente de la sociedad entre Pertamina y la firma estadounidense Exxon Mobil para explotar yacimientos en la oriental provincia de Aceh, donde también opera un movimiento separatista.
Militares indonesios contratados para custodiar las instalaciones de Exxon Mobil han cometido violaciones de los derechos humanos, constatadas y divulgadas por ONG humanitarias locales e internacionales.
El año pasado, Exxon Mobil debió suspender durante cuatro días la extracción de gas natural de los yacimientos de Arun, debido a ataques del separatista Movimiento por la Liberación de Aceh.
Nos preocupa mucho la posibilidad de que los militares indonesios provoquen conflictos con los separatistas en la región, para argumentar luego que es necesaria su presencia en la custodia de las instalaciones de BP, indicaron los autores del informe de Down to Earth.
La población local ha expresado que teme a los militares, en varias reuniones con personal de BP, agregaron.
Un activista por los derechos humanos en Papúa Occidental consideró poco probable que BP logre excluir por completo a los militares del proyecto.
La información sobre operaciones de seguridad acordadas por transnacionales y militares se mantiene en extremo secreto, dijo a IPS.
Los militares están involucrados en todas las operaciones comerciales de Papúa Occidental. Por ejemplo, la mayoría de las compañias madereras suelen mantener vínculos con el ejército, que custodia aserraderos y otras instalaciones, y se las acusa de incitar a la represión de la población local.
Los conflictos pueden aumentar con la probable implementación ded nuevos proyectos madereros en la provincia, debido al rendimiento decreciente de los que se llevan a cabo en otras selvas del país.
Por lo menos 50 firmas madereras operan en la actualidad en unos 11,8 millones de hectáreas de Papúa Occidental, según un informe de la revista Tempo, que se edita en Yakarta.
Activistas por el ambiente temen también que el proyecto en la bahía de Bintuni cause conflictos por el desplazamiento de tribus de sus tierras ancestrales, como lo hizo el de Freeport.
BP prevé el traslado de unos 500 aldeanos a una nueva localidad que se construiría unos 3,5 kilómetros al oeste de su actual lugar de residencia, señaló Hidaryati.
Los papuanos se rigen por normas tribales tradicionales que asignan mucha importancia al territorio tradicional, y eso hace probable que haya conflictos entre grupos si hay traslados, aunque sean en cortas distancias, explicó.
Cuando el gobierno emprende proyectos de desarrollo, mira los mapas sin tener en cuenta a las personas, y BP debería realizar más consultas con la población local, alegó.
Las personas que van a ser trasladadas ni siquiera fueron informadas de la decisión gubernamental, y las autoridades prevén compensarlas con sólo entre 0,001 y 0,003 centavos de dólar por metro cuadrado de tierra, con base en un estudio sobre precios de terrenos realizado en 1997, explicó. (FIN/IPS/tra-eng/pd/js/mp/en dv/02
