Más de 200 refugiados haitianos están encarcelados desde diciembre en Estados Unidos en virtud de una medida que autoriza a someter a investigación especial y detención a los solicitantes de asilo procedentes de Haití.
Legisladores afroestadounidenses se sumaron esta semana a abogados y organizaciones de derechos humanos que reclaman la revisión de la medida adoptada por autoridades de inmigración 11 días después que un barco con 167 refugiados haitianos encalló en las costas del meridional estado de Florida, el 3 de diciembre.
Una vez trasladados a Miami, los inmigrantes presentaron solicitudes de asilo.
Los solicitantes de asilo no haitianos son entrevistados y puestos en libertad en cuestión de días o semanas. Los haitianos han sido muy maltratados, sostuvo la abogada Rebecca Sharpless, del Centro de Defensa de los Inmigrantes de Florida que presentó un litigio contra el gobierno en nombre de los detenidos.
La demanda se basa en la decisión de las autoridades de inmigración de someter a los haitianos a investigación especial, inclusive a quienes se les reconocen razones plausibles de asilo.
Según los abogados litigantes, las autoridades estadounidenses otorgan libertad vigilada a 91 por ciento de los solicitantes de asilo de otros países.
Desde que el Centro de Defensa de Inmigrantes inició la demanda y solicitó la revisión de las órdenes de detención, a mediados de marzo, muy pocos haitianos fueron puestos en libertad.
Preocupa particularmente la situación de unas 60 mujeres que fueron alojadas en la cárcel del condado de Dade, Miami, pues el centro de detención del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) fue considerado inapropiado para mujeres tras un informe oficial de 2000, que describía abusos contra los encarcelados.
Las mujeres denunciaron a la prensa local que son frecuentemente sometidas a revisación, para la cual deben desnudarse, y verbalmente ofendidas por el personal de vigilancia.
Esta medida es discriminatoria, desigual e injusta y plantea la cuestión de la doble moral en nuestras políticas migratorias, sostuvo la legisladora Carrie Meeks en una carta dirigida el 26 de abril a las autoridades del INS.
Los activistas están organizando una protesta que coincidirá con la visita del presidente George W. Bush al estado, el 20 de mayo, para participar de la campaña electoral de su hermano, el gobernador Jeb Bush.
La Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP) y la Bancada de Congresistas Negros enviaron cartas al secretario (ministro) de Justicia, John Ashcroft, condenando la medida.
Meeks y la religiosa Jeanne O'Laughlin llevaron a cabo una conferencia de prensa el lunes en la que la monja y rectora de la católica Universidad de Barry, con sede en Miami, ofreció la defensa legal a todos los detenidos.
La monja manifestó su preocupación por la situación de las mujeres, niños y niñas que permanecen recluidos.
La Universidad de Barry se ocupó con éxito de la defensa de 300 haitianos arrestados en 1982, subrayó O'Laughlin, conocida por haber alojado hace dos años en su casa un encuentro entre el niño Elián González —sobreviviente de un grupo de balseros que huían de Cuba y más tarde repatriado a su país— y sus abuelas llegadas de la isla para visitarlo.
Según el gobierno, no hay motivaciones racistas en la medida, que procura desalentar a los inmigrantes haitianos que arriesgan su vida para ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Autoridades inmigratorias señalaron que desde noviembre creció en forma notable la cantidad de haitianos que son recogidos en el mar por la guardia costera. Ese mes fueron arrestados más de 300, comparados con 96 capturados en los tres meses anteriores.
En los últimos meses la situación de los derechos humanos en Haití se agravó por la marcada persecución a opositores y varios asesinatos políticos.
Si bien existe inestabilidad política en Haití, no hay un éxodo masivo de población. Y en caso de que lo hubiera, para eso tenemos las leyes de asilo político, para proteger a esa gente, sostuvo la directora ejecutiva de la Coalición Nacional para los Derechos de los Haitianos, Dina Paul Parks.
Esto no es justo. Queremos avergonzar al gobierno de Bush por sus políticas discriminatorias. Trabajamos con muchas organizaciones, como el Centro de Defensa y la Coalición de Grupos de Base de Haitianos en Miami, para obtener la liberación de esos detenidos, agregó Parks.
Algunas de esas personas denunciaron actos de violación, asesinato y persecución perpetrados en su país.
Cuando escapé de Haití creí que venía a un lugar donde sería bienvenida, donde mi situación sería comprendida y sería tratada con justicia. Hubiera preferido morir en Haití que venir a soportar todo este dolor. Estamos muy deprimidos y decepcionados, dijo Rosalene LeGrand, encerrada hace cinco meses en la cárcel del condado de Dade.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Ruud Lubbers, consideró que la medida es contraria a las normas y principios internacionales sobre refugiados, y constituye una detención arbitraria. (FIN/IPS/tra-eng/br/ml/dcl/pr/hd/02
