Marruecos se niega a aceptar el retorno de los niños marroquíes que España procura devolver a sus familias, afirmaron este jueves las autoridades de Melilla, enclave español en el norte de Africa.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch informó el lunes que los niños que ingresan a los enclaves españoles norafricanos de Ceuta y Melilla desde Marruecos son entregados por España a la policía de Marruecos, que los golpea y maltrata.
Las autoridades de Melilla anunciaron ese mismo día que dejaría de acoger a los menores que ingresen sin compañía de adultos y sin cumplir con los trámites migratorios de rigor. Pero las críticas a esa decisión obligaron al gobierno melillense a reconsiderar la situación.
El defensor del Pueblo (ombudsman) de España, Enrique Múgica, reclamó a los organismos encargados de proteger a la infancia de Melilla que cumplan con el respeto absoluto de los derechos de los menores inmigrantes, para que ninguno de ellos quedara desamparado.
La legislación española establece que todos los niños y niñas deben ser protegidos y que los menores extranjeros que ingresen solos al país sólo deberán ser devueltos a su lugar de origen para ser reintegrados a la familia.
Seis centros y tres departamentos de acogida albergan hoy en Melilla a 180 menores procedentes del norte de Africa, la mayoría marroquíes. Muchos de ellos cruzaron la frontera con la ayuda remunerada de traficantes de personas radicadas en Marruecos y en ese enclave español, según fuentes del gobierno melillense.
Los menores no serán rechazados pero tampoco tendrán de inmediato el carácter de desamparados y acogidos por las autoridades de Melilla, sino que se los calificará como menores en riesgo, sostuvo la principal funcionaria a cargo de Bienestar Social del enclave español, Isabel Quesada.
Esa medida permitirá agilizar su devolución a los países de origen con sus padres, explicó Quesada.
La funcionaria afirmó que los últimos intentos españoles de reintegrar los niños y niñas a sus familias terminaron con el regreso a de los menores a la ciudad y su reingreso en los centros de acogida, actualmente desbordados.
La Embajada de Marruecos en España se negó a comentar los hechos ante una consulta de IPS.
El gobierno de Melilla, a cargo de una coalición integrada por el centrista Partido Popular y el izquierdista Partido Socialista Obrero Español, se exige al Poder Ejecutivo español que tome medidas ante Marruecos, que debe aceptar a los menores porque deben estar con sus padres, dijo Quesada.
La funcionaria subrayó que cuando la policía española intentó en abril entregar en la frontera a varios menores marroquíes, la policía de ese país se negó a hacerse cargo de ellos porque no estaba demostrada su nacionalidad.
Melilla ha efectuado 39 repatriaciones de menores marroquíes desde enero, si bien sólo resultaron efectivas dos, pues el resto regresaron a Melilla en los días siguientes, informó la Consejería de Bienestar Social de la ciudad.
Es tan grave la situación en los centros de acogida de Melilla y Ceuta que los niños se sienten más seguros en la calle, sostuvo una de las autoras del informe de Human Rights Watch, Clarisa Bencomo.
Nadie se ocupa de estos niños. Los funcionarios violan sus derechos humanos para forzarlos a regresar a Marruecos y los marroquíes los castigan por haberse ido, afirmó Bencomo.
El delegado del gobierno español para la Extranjería y la Inmigración, Enrique Fernández Miranda, sostuvo que es rotundamente falso que se expulse a los menores sin la debida garantía y que se deje en la calle a niños de ocho años.
Fernández Miranda añadió que los menores siguen llegando en un número desorbitado a Melilla y Ceuta, pese a que son devueltos una y otra vez después de que su familia los haya identificado.
La mayor responsabilidad corresponde al estado marroquí, pues uno de los derechos del niño es no perder su nacionalidad ni sus orígenes, sostuvo el funcionario español.
Ante esa inmigración irregular lo más importante es atender el interés superior del menor, dijo a IPS, por su parte, el activista David de Miguel, de la organización no gubernamental Save the Children.
Los menores procedentes de Marruecos no llegan a España en búsqueda de asilo ni huyendo de una guerra, sino que sus padres los envían por razones económicas, por la pobreza, afirmó De Miguel.
La cantidad de menores inmigrantes en situación irregular y sin familiares que los acompañen es inferior a 2.000 en toda España, y 90 por ciento son magrebíes (de la costa norte de Africa), dijo el activista. La mayoría son marroquíes, aunque también llegan algunos argelinos y tunecinos.
Ceuta y Melilla son dos enclaves españoles cuya soberanía reclama Marruecos. Ambas ciudades tienen sus fronteras electrificadas y controladas por cámaras de vídeo y rayos infrarojos.
Sin embargo, la presión inmigratoria logra burlar los controles. Se han dado casos de niños arrojados por sus propios padres por encima de las vallas electrificadas, esperando que sean acogidos en el lado español. También se han descubierto túneles que pasan por debajo de la línea fronteriza. (FIN/IPS/td/mj/pr hd/02