El FMI condicionó la aprobación de créditos para Ecuador a la modificación de una ley que destina a salud y educación 10 por ciento de los ingresos por las exportaciones petroleras que se canalicen a través del oleoducto de crudos pesados (OCP), aún en construcción.
Los recursos obtenidos por el OCP, que transportará crudo de los pozos amazónicos hasta el océano Pacífico, deberán ser usados sólo para pagar la deuda externa y la que mantiene el Estado con entidades locales, dijeron portavoces del FMI (Fondo Monetario Internacional) a los negociadores ecuatorianos en Washington.
El Congreso aprobó el 22 de este que una ley que destina 70 por ciento de las divisas que ingresen en el futuro por esa vía para el pago de obligaciones externas y de la deuda del Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 20 por ciento para un fondo petrolero y 10 por ciento para salud y educación.
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Julio Emanuel, quien negocia con el FMI desde la semana pasada en Estados Unidos, confirmó que la asignación de ese 10 por ciento con fines sociales es el principal obstáculo que afronta Ecuador para obtener la aprobación de un préstamo de 240 millones de dólares.
Las negociaciones continuarán y espero que se superen pronto, pues las diferencias se centran en que el FMI entiende que el aporte a salud y educación contenido en la norma es una preasignación, explicó Emanuel a su paso por Nueva York.
Toda la ley es una preasignación, porque lo mismo se podría pensar de 70 por ciento destinado para el pago de la deuda y del 20 por ciento del fondo petrolero para eventuales caídas de los precios del crudo en el mercado internacional, añadió.
Emanuel admitió que el presidente Gustavo Noboa tratará de atender la exigencia del FMI, para lo cual se propone modificar la norma en discordia, aunque no detalló la manera en que lo haría. Observadores señalan que la única forma es votar una nueva norma en el parlamento.
También el jefe de la misión del FMI para Ecuador, Bob Traa, puso en duda el margen de maniobra de Noboa al respecto. Creer que una ley tan importante puede cambiarse después de que el Congreso la aprobó es muy extraño, comentó.
El proyecto original del gobierno de Noboa establecía que 80 por ciento del dinero obtenido por las ventas de petróleo canalizado por el OCP sería para pagar la deuda y 20 por ciento para el fondo petrolero. Pero los legisladores modificaron los porcentajes para destinar 10 por ciento al área social.
El trazado del OCP va de la Amazonia ecuatoriana a las costas del océano Pacífico en la noroccidental provincia de Esmeraldas y está a cargo del consorcio OCP Limited, integrado por las firmas Alberta Energy, de Canadá, las estadounidenses Kerr McGee y Occidental Petroleum, la italiana Agip Oil, la hispano-argentina Repsol-YPF y la argentina Techint.
La obra, de 600 kilómetros de longitud, es cuestionada por organizaciones ambientalistas locales e internacionales, por comunidades indígenas y hasta por el Banco Mundial, que temen por los daños que acarreará a la selva amazónica y a las fuentes de agua potable existentes en la zona por donde pasará el oleoducto.
La ley aprobada la semana pasada en el Congreso refiere sólo al destino de los fondos que producirá el oleoducto de crudos pesados, cuya entrada en operaciones está prevista para el año próximo.
Las divisas recaudadas por el resto de las exportaciones petroleras seguirán siendo utilizadas como se dispuso en el presupuesto nacional, que destina 40 por ciento al pago de la deuda.
Ecuador adeuda 16.000 millones de dólares, 95 por ciento del producto interno bruto (PIB). De ese monto, 52 por ciento son obligaciones con bancos privados, 30 por ciento con organismos multilaterales y 18 por ciento restante a los países ricos reunidos en el llamado Club de París.
La nueva legislación indica, además, que el Ministerio de Economía y Finanzas aplicará una política de reducción del gasto fiscal y de pagos de la deuda pública, para intentar que estos adeudos bajen hasta 40 por ciento del PIB en los próximos 10 años.
Traa apuntó que es posible llegar a un acuerdo en junio, pese a las diferencias entre las partes, que no son sólo de porcentajes, sino mucho más profundo que eso.
Por su parte, el ministro Emanuel advirtió que, si no se alcanza un acuerdo con el FMI, su país podría utilizar los ingresos petroleros futuros como garantía para créditos en bancos privados, una operativa que no es aceptada por ese organismo multilateral.
La analista económica Wilma Salgado señaló que los ecuatorianos no tendrán ningún beneficio si se acepta la exigencia del FMI de utilizar los recursos obtenidos por las exportaciones a través del OCP para pagar la deuda externa.
Con esa ley, los acreedores de la deuda pública, la mayoría de la cual es externa, serán los beneficiarios de 90 por ciento de los ingresos del petróleo que se transporte por el OCP, puntualizó.
Salgado explicó que los acreedores recibirán en forma directa 70 por ciento de las divisas que ingreses por esas exportaciones y 20 por ciento restante se depositará en un fondo que servirá para cubrir el pago de adeudos cuando los precios del petróleo se depriman.
El pago de la deuda pública pasó a ser la prioridad del país hace 20 años, debido a la presión combinada del FMI y de los tenedores locales de bonos de deuda externa, por lo general intermediarios financieros o altos funcionarios de equipos de gobierno, dijo.
Los operadores locales compraron papeles de deuda en el mercado secundario cuando su precio estaba por debajo de 20 por ciento del valor nominal, luego presionaron a los gobiernos por tratamientos preferenciales como el que les da esta ley y, así, duplicar o triplicar el valor de su inversión, agregó Salgado.
Los bonos se han cuadruplicado luego del anuncio de la nueva norma, en la que los acreedores se aseguran que Ecuador destine los ingresos por las ventas de petróleo transportado por el OCP al servicio de la deuda pública, aseguró. (FIN/IPS/kl/dm/if/02
