La Comisión de la Verdad de Venezuela, creada para investigar las muertes ocurridas en la ola de violencia política registrada entre el 11 y el 14 de abril, no se integró, pues organizaciones de derechos humanos presentaron al filo del plazo previsto condiciones para participar en ella.
El representante de la red de organizaciones humanitarias Foro por la Vida, Alfredo Ruiz, presentó este jueves al Poder Legislativo el proyecto elaborado por la sociedad civil y cuya aprobación parlamentaria es la condición de los activistas para integrarse a la Comisión.
La Asamblea Nacional (parlamento), dominado por el oficialista Movimiento V República (MVR), aprobó por unanimidad el 25 de abril la creación de la Comisión de la Verdad, integrada por activistas, catedráticos y religiosos, y otra de legisladores, que realizaría un análisis político de los hechos de ese mes.
Las entidades cuyos representantes integrarían la Comisión de la Verdad no fueron consultados cuando se discutió la ley.
Al cumplirse este jueves el plazo para la integración de la Comisión, las organizaciones de derechos humanos más reconocidas no presentaron sus candidatos, lo cual restará credibilidad a la investigación, afirman investigadores.
Una multitudinaria marcha opositora al presidente Hugo Chávez intentó el 11 de abril, en el marco de una huelga general convocada por empresarios y sindicatos, llegar al Palacio de Miraflores (sede del gobierno), donde se encontraban simpatizantes del jefe de Estado.
En hechos no aclarados, francotiradores abrieron fuego, y algunos manifestantes también. Ese día se registraron 17 muertes y un centenar de personas resultaron heridas. Los choques fueron la antesala para el golpe de Estado.
El alto mando militar detuvo a Chávez durante 48 horas, desde la madrugada del 12 de abril, y avaló al gobierno provisional del empresario Pedro Carmona. Un sector castrense se opuso a la ruptura del hilo constitucional y se rebeló hasta lograr el regreso de Chávez al poder.
Entre el 12 y 14 de abril, cuando se registró un vacío de poder y algunos cuerpos policiales actuaron sin coordinación, fueron asesinadas 40 personas en saqueos y en la represión de manifestaciones a favor de Chávez.
Ruiz, quien a su vez es coordinador de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, recalcó que la comisión debe contar con una ley que le brinde apoyo jurídico, para evitar que el debate político se traslade hacia la Comisión de la Verdad.
El parlamento acordó que la Comisión de la Verdad sea formada por seis integrantes de organizaciones no gubernamentales, dos de universidades con centros de derechos humanos y uno religioso. Además, designó un equipo de enlace entre las dos comisiones de tres parlamentarios.
Ruiz precisó que además de independencia y autonomía, una comisión de este tipo también requiere de tiempo y recursos.
El Foro por la Vida exige 120 días de plazo para concluir su labor en lugar de 45, como fue acordado, así como la asignación de un presupuesto que le permita contratar asesores independientes y extranjeros para contrastar la información recabada.
Fuentes parlamentarias consultadas por IPS coincidieron en señalar que la oposición parlamentaria está de acuerdo con las exigencias de las organizaciones no gubernamentales, pero el MVR no se ha expresado abiertamente a favor.
El diputado oficialista Tarek William Saab propuso una salida negociada, según la cual el parlamento aprobaría un reglamento para la comisión en el cual se incorporarían los pedidos.
Organizaciones como el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Comité de Familiares y Víctimas de los sucesos del Caracazo (Cofavic) anunciaron que no participarán en la comisión sin la aprobación de la ley que exigen.
La directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar, cuyo nombre es mencionado para integrar la comisión, aseveró que más importante que definir sus miembros es establecer cómo se investigarán los hechos.
Para Bolívar, el reto es garantizar un proceso transparente que permita no sólo el castigo de los autores materiales e intelectuales de los abusos, sino también la aplicación de medidas orientadas al fortalecimiento de las instituciones y especialmente deal sistema de justicia.
El coordinador general de Provea, Carlos Correa, dijo a IPS que con un país políticamente polarizado en el cual existe poca credibilidad en el Poder Judicial, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, es necesaria la actuación de una comisión como la formulada.
El plazo de 45 días para que la Comisión de la Verdad emita su informe resulta inadecuado, pues se debe recoger mucha información en un clima político crispado, afirmó Correa.
La Comisión de la Verdad no debe convertirse en un instrumento para la revancha entre facciones políticas encontradas, deseosas de apuntar a un culpable, puntualizó. (FIN/IPS/ac/mj/hd ip/02
