El Tribunal Penal Internacional para juzgar genocidio y crímenes de guerra y contra la humanidad comenzará actuar dentro de un año pese a la oposición de Estados Unidos, estimaron organizaciones no gubernamentales.
El proceso de integración de la corte de 18 jueces proseguirá normalmente, aunque Washington haya renunciado a las obligaciones contraídas como signatario del Tratado de Roma, que estableció en 1998 ese tribunal, dijo el coordinador de la Coalición para el Tribunal Penal Internacional, William R. Pace.
Estados Unidos comunicó el lunes al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, su renuncia formal a la firma del tratado que había estampado en diciembre de 2000 el gobierno de Bill Clinton (1993-2001).
Ahora, el gobierno estadounidense de George W. Bush prefiere continuar con el mecanismo actual de crear tribunales especiales para casos determinados, como los de Yugoslavia y Ruanda, que dependen del Consejo de Seguridad de la ONU, un organismo sujeto al poder de veto de sus cinco miembros permanentes, resumió Pace.
El tratado de creación del nuevo tribunal, conocido como el Estatuto de Roma, donde fue adoptado por una conferencia de la ONU en 1998, entrará en vigor el 1 de julio, después de haber sido ratificado por 66 países.
Pero el funcionamiento del tribunal se demorará alrededor de un año, pues la asamblea de estados partes del tratado, que se reunirá por primera vez en Nueva York en los primeros días de septiembre, debe aprobar el presupuesto de los primeros 12 meses y el programa para el establecimiento de la corte.
En la misma reunión se determinarán los procedimientos para la designación de los 18 magistrados y del fiscal, que se concretará en enero de 2003 en La Haya, futura sede de la corte.
La Coalición para el Tribunal Penal Internacional, integrada por 15 organizaciones no gubernamentales, entre las que figuran Human Rights Watch, Amnistia Internacional y la Comisión Internacional de Juristas, previno sobre las características de ese proceso.
La credibilidad de los nombramientos de los jueces de la corte y la calidad de sus primeros magistrados tendrán un efecto crucial en la imagen, la autoridad moral y el éxito del tribunal, advirtió Pace.
La Unión Europea (UE), que apoya firmemente la creación del tribunal, sostiene que deberá estar integrada por jueces y letrados de elevada reputación y con conocimientos en derechos penal, internacional e internacional humanitario.
Además del fiscal general y de por lo menos dos asistentes, la corte contará en los primeros dos años con un plantel de entre 100 y 200 empleados.
La cantidad de agentes se duplicará al cabo de los primeros cinco años de funcionamiento, calcularon las organizaciones no gubernamentales.
Pace puso como parámetro de esa estimación el tribunal especial sobre Yugoslavia, que dispone de unos 400 empleados, y el de Ruanda, con unos 900.
El presupuesto del primer año del Tribunal Penal Internacional podría alcanzar a 29 millones de dólares, citó Pace.
Los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) destinaron 11.000 millones de dólares en 1999 para operaciones militares en el extranjero, precisó.
En un comentario dirigido a Estados Unidos, la UE observó que el Tribunal Penal Internacional hará innecesarios los procesos costosos y voluminosos de crear nuevos tribunales especiales.
Sin embargo, la oposición de Estados Unidos al Tribunal se funda en otras razones, estimó Pace. Washington acepta un tratado sólido siempre que Estados Unidos esté exceptuado y que tenga el control del instrumento, apuntó.
El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Marc Grossman, criticó al nuevo tribunal porque entiende que socava el papel del Consejo de Seguridad de la ONU en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
Pace replicó que esos conceptos reflejan la voluntad de Estados Unidos de sólo reconocer un tratado que exceptúe a ese país en razón de su extraordinario papel militar y político en el mundo.
La otra opción que acepta Washington s es la subordinación del Tribunal Penal Internacional al Consejo de Seguridad de la ONU, donde dispone de poder de veto.
En ese caso, Estados Unidos y los otros cuatro miembros permanente del Consejo (China, Francia, Gran Bretaña y Rusia) estarían en condiciones de restringir el tribunal a los asuntos que ese grupo de países quisieran investigar y procesar, indicó Pace.
Estados Unidos dice que nunca aceptará que una organización internacional disponga de capacidad para juzgar a sus soldados, excepto cuando exista una autorización del Consejo de Seguridad de la ONU
Cuando lo controlamos, podemos aceptarlo, parece ser el principio del gobierno de Bush, comentó el coordinador de la Coalición para el Tribunal Penal Internacional.
Pero ese principio no es aceptado por la mayoría de los demás gobiernos, aclaró. Durante los últimos cinco años, mientras se debatía la creación del Tribunal, delegados de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil recorrieron distintos países, en particular de Africa, América Latina y Asia.
En cada país que visitaban los parlamentarios les advertían que los funcionarios de sus gobiernos no aceptarían un tribunal dependiente del Consejo de Seguridad de la ONU porque estaría bajo el control de Estados Unidos.
Pace resaltó que el Tribunal Penal Internacional ha sido creado por una amplia mayoría de países democráticos.
Una institución de derechos humanos de tendencia conservadora, la Freedom Foundation, de Washington, evaluó que 63 de los 66 países que ratificaron el Tratado de Roma tienen régimen democrático.
De esa investigación resultó que 74 por ciento de esos países son totalmente libres y 21 por ciento entran en una categoría de parcialmente libres.
La UE se declaró convencida de que, cuando el tribunal comience sus operaciones y a impartir justicia eficaz e imparcial, convencerá a muchos otros países que todavía no han adherido al tratado de creación. (FIN/IPS/pc/dm/hd/02
