La Constitución del Pueblo de Tailandia cumplirá su quinto aniversario en pocos meses, pero la defensa de los derechos de los ciudadanos aún es difícil de instrumentar en este país, que vivió 17 golpes de Estado en los últimos 65 años.
Una de las principales características de la Constitución de 1997 es la institución de organismos independientes encargados de proteger los derechos y libertades de los 60 millones de tailandeses.
Las nuevas normas tienden a corregir antiguos problemas de corrupción, burocracia y derechos humanos, destacó Issra Nithitanprapas, presidente del Tribunal Constitucional, uno de los nuevos organismos independientes.
Nithitanprapas habló en un seminario realizado a principios de mayo sobre el papel de los órganos constitucionales en la protección de las libertades civiles, organizado por el Tribunal Constitucional y la fundación alemana Konrad Adenauer.
Además del Tribunal Constitucional, otras agencias independientes representadas en el seminario fueron el Tribunal Administrativo, la Comisión Nacional de Tailandia para los Derechos Humanos, la Oficina del Ombudsman, la secretaría del Senado y el Tribunal Supremo.
La independencia del Tribunal Constitucional fue puesta a prueba en casos de corrupción que involucraron a las máximas autoridades de este país del sudeste asiático.
La corte debió juzgar el año pasado al primer ministro Thaksin Shinawatra, acusado de transferir casi 100 millones de dólares a su conductor, su guardia de seguridad y una empleada doméstica con el fin de ocultar sus activos y evadir impuestos.
Aunque finalmente Shinawatra fue declarado inocente, el juicio fue considerado una señal de madurez democrática en un país que antes carecía de medios e instituciones para tratar esas cuestiones.
Hace dos años, el mismo tribunal halló culpable al general Sanan Khajornprasart, entonces viceprimer ministro y ministro del Interior, de presentar estados de cuenta falsos, y lo proscribió de la política por cinco años.
La nueva Constitución, que cumplirá cinco años el próximo octubre, permitió que las instituciones y los mecanismos democráticos se arraigaran, según observadores.
Si bien los conceptos de derechos y libertades también eran mencionados en las anteriores 15 constituciones tailandesas, no eran puestos en práctica.
No es fácil instrumentar la responsabilidad pública en un país que sufrió 17 golpes militares en 65 años.
La mayoría de los tailandeses apenas conocen sus propios derechos y son totalmente ignorantes en cuanto a cuestiones de interés público, observó Issra.
Al igual que en otros países, Tailandia tiene el problema de la burocracia excesiva y dificultades en el acceso de la gente a la justicia.
Con frecuencia, la burocracia hace que la protección de los derechos llegue demasiado tarde, lamentó Ackratorn Chularat, presidente del Tribunal Supremo Administrativo.
Agregó que los pobres no pueden costearse un proceso judicial, y por eso no todos los tailandeses tienen los mismos derechos.
Además, el ciudadano promedio es escéptico respecto de los organismos independientes establecidos por la Constitución de 1997 y no tienen claro cuál es su papel.
Dado que esas agencias todavía no han probado que pueden funcionar bien, ¿cómo pueden garantizar los derechos y libertades de la gente?, preguntó Banjerd Singkaneti, de la Facultad de Derecho de la Universidad Thammasat.
Participantes del seminario destacaron que el principal objetivo de la nueva Constitución y sus agencias es hacer a los tailandeses conscientes de sus derechos humanos, políticos, económicos y sociales.
Nuestra tarea es probar que los derechos humanos… son un instrumento para que las personas y la sociedad puedan desarrollar su pleno potencial en este mundo cambiante, destacó Saneh Chamarik, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Tailandia.
La Comisión, el organismo independiente más nuevo, trató en los últimos años peticiones de comunidades locales para suspender megaproyectos que consideraban perjudiciales y adquirir control sobre sus recursos naturales, entre otros asuntos.
Saneh, un conocido activista de los derechos humanos, destacó la necesidad de construir una cultura de los derechos y de hacer que las personas los defiendan.
Al final, los ciudadanos y las ciudadanas no existen para servir al Estado, sino a la inversa, concluyó Dieter Umbach, profesor de la Universidad Potsdam y ex presidente del Tribunal Constitucional Federal de Alemania. (FIN/IPS/tra-en/cp/js/mlm/hd/02
