Las fuerzas de Israel cometieron graves violaciones al derecho humanitario internacional y hasta crímenes de guerra en su incursión de 10 días en el campamento de refugiados palestinos de Jenín, Cisjordania, aseguró este viernes Human Rights Watch.
Los crímenes incluyen utilización de civiles como escudos humanos, ejecuciones sumarias, represalia contra civiles y prohibición de asistencia médica a los heridos o enfermos, afirmó la organización de derechos humanos con sede en Nueva York.
Sin embargo, los investigadores no encontraron pruebas de masacre durante esa invasión, entre el 3 y el 13 de abril.
Al menos 22 civiles murieron durante la ofensiva, concluyó Human Rights Watch en su nuevo informe, titulado Jenín: Operaciones militares de las Fuerzas de Defensa de Israel, basado en una investigación realizada durante una semana en Jenín el mes pasado, al final de la operación israelí.
El grupo advirtió que no es posible realizar una verificación completa hasta que los grupos de socorristas remuevan los escombros, bajo los cuales podrían hallarse más cuerpos.
No obstante, encontró numerosos ejemplos de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por los israelíes en el campamento, que albergaba a 14.000 palestinos antes del comienzo de la ofensiva.
Las fuerzas israelíes utilizaron palestinos como escudos humanos, en violación del derecho humanitario internacional, acusó la organización.
Los abusos que documentamos en Jenín son extremadamente graves, y en algunos casos parecen ser crímenes de guerra, declaró Peter Bouckaert, jefe del grupo investigador de tres miembros que ingresó al campamento el 19 de abril.
Las investigaciones de los crímenes competen en primer lugar al gobierno de Israel, pero la comunidad internacional debe garantizar que se haga justicia, agregó.
Sin embargo, la posibilidad de una investigación internacional formal parece desvanecerse.
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que autorizó el envío de una misión investigadora a Jenín, estaría por aceptar la recomendación del secretario general Kofi Annan de desintegrar la delegación en vista de las objeciones de Israel, al menos por ahora.
El gobierno de Israel, que inicialmente aprobó esa misión, cambió repentinamente de idea a fines de la semana pasada y se reservó el derecho de retener testigos y documentos, además de exigir que las pruebas halladas no fueran utilizadas contra militares israelíes en el Tribunal Penal Internacional.
Así mismo, el primer ministro Ariel Sharon exigió que la misión investigara de qué manera Jenín se había transformado en un bastión de terroristas palestinos.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional, que también envió un equipo a Jenín, criticó duramente las exigencias de Sharon y la reacción de Annan.
La negativa de cualquier parte a cooperar con una misión investigadora de la ONU nunca debería ser motivo para abandonar la investigación que la ONU estableció y la comunidad internacional continúa reclamando, declaró el grupo con sede en Londres.
Otras organizaciones de derechos humanos advirtieron que el virtual veto de Israel a la misión podría sentar un precedente para otros países que pretendan evitar ser investigados por misiones autorizadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.
Human Rights Watch sólo pudo confirmar la muerte de 52 palestinos, aunque fuentes de Jenín aseguraron que cientos fueron masacrados.
Sin embargo, el grupo reconoció que podría haber muchos más cuerpos bajo los escombros de más de 340 edificios que Israel demolió por completo o dañó con tanques y cohetes.
De los 52 muertos confirmados, 27 eran miembros de una fuerza de resistencia que Human Rights Watch estimó entre 80 y 100 combatientes. Tres de los cadáveres no pudieron ser identificados.
Israel afirmó que 47 militantes palestinos murieron en combate y que perdió a 23 de sus soldados, 13 de ellos en una emboscada en el distrito de Hawashin, en el medio del campamento.
Contrariamente a lo afirmado por el gobierno israelí, Human Rights Watch sostiene que no hay pruebas de que combatientes palestinos hayan utilizado a civiles como escudos o intentado impedir que la población civil huyera del campamento.
No obstante, los militantes utilizaron tácticas riesgosas para los civiles, como plantar trampas explosivas y mezclarse entre la población para evitar ser capturados.
Los soldados israelíes sí usaron civiles como escudos humanos, obligándolos -a veces a punta de pistola- a acompañarlos para registrar viviendas, abrir puertas y realizar otras tareas peligrosas, dice el informe, basado en entrevistas a más de 100 residentes del campamento, víctimas, testigos, socorristas y miembros de agencias humanitarias.
Los soldados colocaban palestinos en posiciones israelíes expuestas y, en un caso, utilizaron los hombros de un adolescente de 14 años y su padre para apoyar sus rifles mientras disparaban por horas a diversos objetivos.
Así mismo, las fuerzas israelíes convertían viviendas de civiles en posiciones militares y confinaban a sus residentes a una única habitación.
En otras ocasiones, obligaban a civiles que intentaban huir del campamento a regresar a sus hogares, según el informe.
Además, el ejército israelí bloqueó durante 11 días el pasaje de ambulancias y personal médico, haciendo imposible la asistencia a los heridos y enfermos, y mató a una enfermera uniformada, Farwa Jammal, que estaba atendiendo a un civil herido.
Aunque los investigadores no encontraron pruebas de masacre o ejecuciones en gran escala, concluyeron que muchas de las muertes pueden considerarse crímenes de guerra.
Kamal Zgheir, un hombre paraplégico de 57 años, fue baleado y arrollado por un tanque en una calle fuera del campamento, aunque tenía una bandera blanca atada a su silla de ruedas.
Faris Zaiban, de 14 años, murió por fuego israelí cuando iba a hacer compras aprovechando el levantamiento temporal de un toque de queda, el 11 de abril.
Jamal Fayid, otro paraplégico de 37 años, murió aplastado entre los escombros de su casa aunque su familia había suplicado a las fuerzas israelíes que le permitieran entrar a retirarlo.
Human Rights Watch también documentó varias ejecuciones sumarias, un claro crimen de guerra establecido en las convenciones de Ginebra.
Por ejemplo, Jamal Al-Sabbagh fue muerto a tiros mientras obedecía la orden de desnudarse. Soldados israelíes también mataron a un palestino herido, Munthir al-Haj, quien estaba desarmado y tenía ambos brazos rotos.
En varias ocasiones, los ataques de Israel no discriminaban entre objetivos civiles y militares, en especial los ataques con cohetes desde helicópteros, que apuntaban directamente a edificios donde sólo residían civiles, dice el informe.
Además, agrega, las fuerzas israelíes destruyeron con palas mecánicas más de 100 viviendas en el distrito de Hawashin, en un acto que no guarda relación con los objetivos militares perseguidos.
El hecho de que las demoliciones hayan tenido lugar luego de la fatal emboscada de los 13 soldados israelíes sugiere que fueron un acto de represalia, estrictamente prohibido por las leyes de guerra.
Una de las prioridades de la misión investigadora de la ONU debe ser establecer si esos actos constituyen destrucción arbitraria o un crimen de guerra, exhortó Human Rights Watch.
Israel debe cooperar plenamente con la misión de la ONU que se establezca, instó Bouckaert, quien encabezó otras investigaciones sobre conflictos en Chechenia, Kosovo y Afganistán.
No debe haber inmunidad para las personas implicadas en las más graves violaciones a las leyes de guerra, agregó. (FIN/IPS/tra-en/jl/aa/mlm/hd/02
